Los relojes de pulsera, si nos sinceramos, son mayormente piezas de joyería hoy, cuando casi todo el mundo tiene un teléfono en el que puede ver la hora. Solo si por alguna razón estuviera en casa y mi celular, al igual que la laptop, estuviera totalmente descargado, cosa que en un país que padece apagones crónicos no se puede descartar, un reloj de pulsera me sería útil. Pero no tengo uno. Lo que sí tengo es un par de binoculares, con el que podría ver desde mi ventana lo más parecido que tenemos al Big Ben en Caracas: el reloj de La Previsora (asumiendo que el apagón hipotético no lo alcanzó). De esa manera, hasta en las tinieblas de una noche tropical sin aire acondicionado, seguiría teniendo un recordatorio del que tal vez sea el factor más importante en la oportunidad que se nos ha presentado a los venezolanos para poner fin, no solo a los cortes de luz, sino también a la falta de agua por tubería, la pulverización de los salarios y el temor a meterse en graves problemas con el gobierno por un estado de WhatsApp.
Ese factor, como ya han de haber deducido por un párrafo introductorio dedicado a los dispositivos que lo registran y miden, es el tiempo. Hay un límite de tiempo para aquella oportunidad, como consecuencia de que el impulso de los cambios en Venezuela viene de afuera. Viene de Estados Unidos, república con su propio esquema de cronologías que no calza con el que tenemos aquí. Así lo dejó claro el señor Marco Rubio en una entrevista de la semana pasada a The New York Times. El secretario de Estado manifestó que idealmente habrá elecciones libres y justas en Venezuela a mediados del próximo año, pero se rehúso a asegurar que los comicios ocurrirán antes de que concluya el mandato, no renovable, del presidente Donald Trump. Rubio insistió en que hay cambios que tienen que ocurrir para que esas elecciones se den: reformar el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral para que no sean apéndices de la élite gobernante, revertir la parcialidad de las Fuerzas Armadas y establecer un marco ordenado para el pago de la deuda externa.
Los planteamientos de Rubio tienen sentido y son la razón por la que es absurdo pretender que haya elecciones ya mismo. Es indispensable que el poder judicial y el árbitro electoral vuelvan a ser actores imparciales. Es sobre todo necesario que las Fuerzas Armadas dejen de ser el brazo ejecutor de los intereses de la élite gobernante mediante su fuerza superior ante una población civil que hace mucho le dio la espalda a dicha élite y cuya voluntad ha sido desconocida por todos estos poderes de facto. Un gobierno electo democráticamente sería muy vulnerable si tuviera en contra a unos uniformados deseosos de volver a como eran las cosas antes de enero de este año. En cuanto a la deuda externa, entiendo que la intención sea que el gobierno electo no tenga que cargar con problemas económicos que amenacen su estabilidad. Pero me pregunto, dado el volumen de lo que hay que pagar, si es posible en los próximos dos años.
Digo más: me pregunto si todos los objetivos que Rubio planteó se pueden alcanzar al cabo de dos años. Reformar el TSJ y el CNE es relativamente sencillo. La renovación del poder judicial ya está en marcha y se espera que la del árbitro electoral comience pronto. Con las Fuerzas Armadas, la cuestión no es tan sencilla. No hay una amplia selección de posibles reemplazos a la alta oficialidad por fuera de la institución. Además, el problema de la parcialidad se manifiesta más o menos en todos los niveles de la jerarquía, así que no creo que se resuelva retirando a unos oficiales y ascendiendo a otros. Por esto mismo, cuesta creer que los rangos medios y bajos obedecerían a una nueva alta jerarquía hipotéticamente conformada por oficiales hoy exiliados por oponerse a la élite gobernante.
Por supuesto, no sería la primera vez que unas Fuerzas Armadas acostumbradas a gobernar regresan a los cuarteles para cumplir sus funciones profesionales. En Venezuela ocurrió hace casi setenta años. Brasil, Argentina, Chile y otros países latinoamericanos pasaron por procesos similares. Pero en todos estos casos fueron procesos endógenos. Hubo un reconocimiento por parte de los militares de que el statu quo era inviable. En cambio, en la Venezuela actual el proceso es exógeno y no se aprecia un gesto similar por parte de las Fuerzas Armadas.
Eso nos lleva a la pregunta incómoda pero ineludible: ¿qué pasa si llega el 20 de enero de 2029, cuando concluya el gobierno de Trump, pero no se ha cumplido alguna de las condiciones que Washington considera necesarias para que haya elecciones venezolanas? ¿Quién garantizará que la transición a la democracia se mantendrá? Cæteris paribus, solo un gobierno estadounidense tan comprometido con el proceso como lo está Rubio (o como él dice estarlo). Pero no hay ninguna certeza de que habrá tal gobierno.
Todo venezolano interesado en que en nuestro país haya una transición democrática debe entender esto. Hay una corriente de opinión que no lo entiende o finge no entenderlo. Son los analistas y comentaristas políticos que por años estuvieron promoviendo la adaptación disfrazada de oposición. Aquellos que le prescribían a la dirigencia opositora “diálogos” inútiles y participación en “elecciones” que no decidían nada como únicas formas legítimas de proceder, toda vez que tildaban de “extremista” y “antipolítica” cualquier alternativa. Llegaron incluso a llamar a participar en “elecciones” cuyo resultado hasta el sol de hoy es imposible verificar. Ahora, curiosamente, no quieren saber nada de comicios. Dicen que no puede haber elecciones de inmediato, cosa que como ya vimos es cierta, y avalan el diálogo que está produciendo reformas, pero como si no hubiera límite de tiempo. No les importa que pasemos ese límite sin transición irreversible, porque siempre pueden volver a su posición de conformistas con la administración de cuotas insignificantes de poder que se le asignaba a la “oposición” hasta enero de este año (una alcaldía aquí, un consejo municipal allá).
En cambio, todo ciudadano venezolano interesado en no volver a aquella ignominia tiene el deber de mantenerse permanentemente atento al proceso. De momento, no debe oponerse a él porque ha producido resultados sustanciales (liberación de presos políticos, regreso de exiliados, relajación de la censura) y sigue siendo la mayor promesa de cambio definitivo que se le ha presentado al país. Pero sí presiona. Presiona y clama porque las reformas avancen lo más posiblemente rápido, siempre pensando en el límite de tiempo. Siempre pendiente del paso inexorable que marca el reloj, sea el de La Previsora o cualquier otro.
Más arriba dije que, si se llega al límite de tiempo sin que se haya cumplido el objetivo, no habrá ningún garante de que la transición seguirá su marcha, cæteris paribus. Esta locución latina significa “con todo lo demás igual”. Al contrario, si una cosa cambia, si hay una sociedad venezolana dispuesta a impulsar los cambios por cuenta propia, quizá sea ella misma la garante. Tal vez no sea necesario que asuma ese papel porque el objetivo sí es alcanzado a tiempo. Pero ahora no lo podemos saber. Y la ignorancia sobre el futuro implica prepararse en el presente para lo que sea.
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