La madre de los golpes de Estado
El régimen madurista, sin escrúpulo alguno, utiliza las instituciones del Estado para desconocer el voto soberano
Las categorías en política surgen a menudo para magnificar los eventos y las amenazas al adversario. Tal fue el origen del pronunciamiento de Saddam Hussein al convocar durante la guerra del Golfo Pérsico a “la madre de todas las batallas”; luego, en la Primavera árabe desatada entre los años 2010-2012, se convocaron movilizaciones masivas denominadas “la madre de todas las marchas”. Incluso, tanto en Nicaragua como en Venezuela se han desplegado manifestaciones bajo esa denominación en la lucha popular contra sus tiranías.
Hoy no dudamos en calificar lo acontecido en Venezuela, desde la noche del 28 de julio pasado hasta el presente, como el ataque más brutal contra la democracia cometido en la historia de América Latina. En este caso por su ejecutor, el régimen madurista, que sin escrúpulo alguno utiliza las instituciones del Estado para desconocer el voto soberano.
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El régimen madurista, sin escrúpulo alguno, utiliza las instituciones del Estado para desconocer el voto…
En realidad, los golpes de Estado contienen diferente origen y desarrollo al significar la interrupción del hilo constitucional, en su mayoría por el abuso de las fuerzas militares. En otras circunstancias por la acción del poder ejecutivo contra el resto de los poderes públicos, desconociendo la voluntad soberana del pueblo que los eligió.
Golpes en Latinoamérica
Veamos algunos episodios de la historia continental en el ámbito de asonadas golpistas para que precisemos el tamaño de la monstruosidad cometida en nuestro país por el régimen de Maduro, a la vista de todo el planeta.
En ese contexto, la razia de golpes de Estado en el Cono Sur durante la década de los 60 y 70 se inició en Brasil con el derrocamiento de Joao Goulart en 1964 mediante acción militar de Castello Branco; en Argentina, cuando Jorge Videla derrocó, en 1976, a la presidenta Isabel Perón; cuando lo hizo Pinochet en Chile, en 1973 contra el presidente Salvador Allende; en el caso de Uruguay, el presidente Bordaberry se alía a las fuerzas armadas en 1973 para establecer un estado de facto.
En los casos referidos se instauraron cámaras de tortura, se cometieron miles de asesinatos y se envió al exilio a miles de opositores, al tiempo que el régimen usurpador instauraba su nuevo Estado.
Otro caso emblemático fue el Perú de Alberto Fujimori, quien dio un mensaje a la nación, en abril de 1992, anunciando la «disolución temporal» del Congreso de la República y la «reorganización» del poder Judicial. De esta manera el poder Ejecutivo intervino al resto de poderes e instauró su dictadura durante un decenio.
Un intento fallido reciente a destacar fue el autogolpe del expresidente Pedro Castillo en diciembre 2022, quien anunció su decisión de disolver el Congreso de la República, intervenir al poder Judicial, al Ministerio Público, a la Junta Nacional de Justicia y al Tribunal Constitucional, además de convocar a la elección de un nuevo Congreso con facultades constituyentes.
Cayapa brutal en Venezuela
Cuando detallamos el caso de Venezuela, destacamos la cayapa de todos los poderes: el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, la Fiscalía, el TSJ, el CNE aliados con las Fuerzas Armadas Bolivarianas contra la decisión de un pueblo que, con 7.303.480 votos eligió a Edmundo González presidente de la república. La diferencia con el candidato del régimen, 3.987.338, es mayor que los votos obtenidos por este: 3.316.142. Es decir, con una ventaja de casi 4 millones de votos, el conjunto de poderes públicos se atrevió a asestar un golpe al artículo 5 de la Constitución de la República, que consagra el sufragio como depositario de la soberanía nacional.
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Este resultado no es más que la valiente actitud del pueblo venezolano de aborrecer a un régimen que ha conllevado al exilio a unos 8 millones de ciudadanos, que destruyó el 85 % de la economía nacional, que confeccionó con las FAES la represión que derivó en más de 7000 asesinados, como lo indicara el informe de la ex alta comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet en 2019.
Se agrava la persecución
Esta situación se ha agravado durante este agosto, con más de 2000 detenidos, persecución a periodistas, 25 fallecidos, judicialización de la protesta y la amenaza de condena contra el presidente electo EGU y a María Corina Machado. El descaro de la tiranía madurista sería comparable a las imaginarias pretensiones del narco Chapo Guzmán, quien pretendiera acusar al juez que lo sentenció a cadena perpetua por narcotraficante.
En resumen, todas las acciones realizadas por los poderes públicos desde el momento de la elección el 28J son nulas, y constituyen un reto para el pueblo venezolano y la comunidad internacional democrática. No debemos permitir que este asalto se concrete como la más grande ignominia contra la democracia y contra la voluntad soberana del pueblo venezolano de labrarse otro destino en un contexto de la libertad y derechos humanos.
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