Inhabilitación: arma de la dictadura, por Armando Martini
La inhabilitación es una forma grosera de manipulación política y un intento de mantener el poder “por las buenas o por las malas”
De nuevo se recurre a las inhabilitaciones como herramienta para silenciar a opositores y disidentes. La inhabilitación con fines políticos es un agravio, una afrenta directa a los principios democráticos, y deben ser condenadas con carácter, coraje, sin ambigüedades.
En el marco de un sistema democrático, hay que garantizar el respeto al debido proceso y a los derechos ciudadanos. Sin embargo, cuando son manipulados con fines injustos, se produce una vulneración de principios básicos. El impacto en el Estado de derecho es trágicamente peligroso.
La inhabilitación política se refiere a la prohibición impuesta a un individuo para ocupar cargos públicos o ejercer funciones políticas, basada en acusaciones de irregularidades o violaciones legales. Sin embargo, esgrimida como instrumento para perseguir, silenciar y neutralizar a adversarios políticos legítimos, contraviene principios fundamentales del derecho y la democracia, convirtiéndose en herramienta para socavar el sistema de libertades.
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De las características más preocupantes de la ilícita inhabilitación, es su naturaleza selectiva. Se dirigen exclusivamente a figuras políticas incómodas, difíciles de sobornar e imposibles de extorsionar para el gobierno, buscando eliminar cualquier amenaza a su hegemonía. Estas acciones son una forma grosera de manipulación política y un intento procaz de mantener el poder.
Sin Estado de derecho
Constituyen una violación al debido proceso, derecho principal que garantiza a todo individuo sometido a un procedimiento administrativo o judicial; acceso a un juicio justo, imparcial y con las garantías necesarias. Cuando las inhabilitaciones son impuestas sin una base jurídica sólida, sin la oportunidad de la defensa adecuada, sin pruebas contundentes o evidencia concluyente, se vulnera este derecho esencial.
Cuando se utiliza de manera arbitraria y selectiva, se menoscaba el ejercicio pleno de los derechos, limitando la pluralidad y diversidad política. Asimismo, menoscaba la confianza y atenta contra derechos ciudadanos, consagrados en constituciones e instrumentos internacionales de los derechos humanos, que incluyen la participación política, el acceso a cargos públicos y a la libre expresión de ideas políticas. Y, si el apartado estatal, la maneja como recurso para descalificar y desacreditar a líderes políticos sin fundamentos sólidos, se genera un clima de descontento y desconfianza hacia las instituciones, cuya consecuencia, devastadora, erosiona pilares fundamentales de una sociedad democrática.
Inhabilitación y control político
Destacar el principio de legalidad es fundamental en un Estado de derecho. El ejercicio del poder político debe estar sujeto a límites y salvaguardias. La inhabilitación ilegal, caprichosa y antojadiza, son violación de esos principios; y la democracia es inoperante, no funciona si los actores políticos utilizan esta táctica para excluir a sus adversarios y consolidar su propio poder.
Es responsabilidad de los defensores de la democracia denunciar y resistir estas prácticas abusivas. Los gobiernos deben ser conscientes de que su legitimidad y estabilidad dependen de garantizar un proceso político justo y transparente. Es esencial que los órganos jurisdiccionales y actores políticos se comprometan a garantizar un proceso justo, imparcial, basado en evidencias y fundamentos legales concretos, sólidos al momento de imponer inhabilitaciones. Solo así, podremos reconstruir nuestra democracia perdida.
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