El decreto presidencial que transfiere a Servicio Penitenciario el manejo de los centros de reclusión para presos políticos es una respuesta tardía a una situación que ocasionó el desprestigio internacional del régimen
El 12 de mayo, Nicolás Maduro ordenó transferir al ministerio para Servicio Penitenciario el “ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad” en las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
El gobernante fijó un plazo de treinta días, contados a partir de esa fecha, a los efectos de cumplir con este decreto. Igualmente, exhortó a la Fiscalía y al Poder Judicial “adoptar las medidas necesarias” en cuanto a la “emisión de las autorizaciones pertinentes para el traslado a otros recintos” de las personas recluidas en celdas del Helicoide y de la central del cuerpo castrense, ubicado en la zona industrial de Boleíta.
Esta decisión, publicada en la Gaceta Oficial, deja abiertas numerosas interrogantes. La primera tiene que ver con la posibilidad de que cierren ambos centros de reclusión. Esto pareciera poco probable, por lo menos en el futuro inmediato. A pesar de las quejas y denuncias sobre abusos, arbitrariedades, torturas y tratos crueles e inhumanos en las dos instalaciones (últimamente, más en Dgcim), es claro que el régimen se reservará la potestad de mantener una vigilancia muy estrecha hacia ciertos detenidos. A los presos por la operación Gedeón aún los conservan en el Helicoide. Incluso, habilitaron salas de tribunal en esa estructura para evitar cualquier paseo por las calles de Caracas.
Otro caso de alta sensibilidad para el régimen es el llamado “magnicidio frustrado”. Según el abogado Joel García, defensor del diputado Juan Requesens, solo uno de los involucrados en este expediente ha sido sacado de la Dgcim Boleíta. Se trata del civil José Eloy Rivas, y de acuerdo con el litigante su nueva celda está en Fuerte Tiuna, lo que desde luego continúa siendo una instalación militar, por cierto, custodiada por agentes de la Dgcim.
Los traslados ya comenzaron, aunque sin seguir un protocolo específico y conocido por todas las partes. Por ejemplo, a los generales retirados del Ejército Ovidio Poggioli Pérez (exdirector de Inteligencia Militar) y Jorge Zedán Abudey, detenidos cuando intentaban entrar por trochas desde Colombia, los enviaron desde el recinto de Boleíta al Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques.
En esos días, también fueron llevados a esa cárcel otros treinta detenidos. Pero este proceso no está exento de contradicciones. En la Dgcim, por ejemplo, todavía quedan civiles. Es el caso de seis presos por presunta corrupción en la empresa Petróleos de Venezuela, específicamente en lo relativo a la Faja Petrolífera del Orinoco.
“La manera como se están haciendo estos traslados genera mucha angustia en los presos y sus familiares, pues no están claros los criterios que aplican para enviar a una persona a uno u otro centro de reclusión”, dijo el abogado Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, una organización que lleva el pulso a las detenciones por razones de conciencia.
Según el litigante, las transferencias desde las celdas del Sebin y la Dgcim se están llevando a cabo sin la notificación a los defensores y los familiares de los detenidos.
De acuerdo con el Foro Penal, existen en la actualidad 301 privados de libertad por razones políticas. Sin embargo, en los retenes del Sebin y la Dgcim también habría procesados por delitos comunes, y otros individuos que ya purgan sentencia, como los integrantes del clan Makled.
El Código Orgánico Penitenciario establece que los traslados de reclusos pueden ser por motivos judiciales o médicos, también para cumplir con compromisos deportivos, educativos o culturales, y finalmente “por razones de orden y seguridad”.
“Un decreto presidencial no puede estar por encima de la Ley”, afirmó Himiob.
Pero en Venezuela es conocida la influencia del Ejecutivo en las decisiones de los tribunales. Basta recordar que, en los días previos a la cuestionada elección parlamentaria de diciembre de 2020, una negociación entre Maduro y el exgobernador de Miranda Henrique Capriles posibilitó que 110 detenidos por razones políticas volvieran a sus casas, algunos de ellos con libertad plena.
El decreto de Maduro atacó uno de los focos más importantes de atención por parte de los organismos internacionales de protección a los Derechos Humanos, como es la existencia misma de centros para presos políticos.
La decisión, además, va acompañada por algunos cambios en la posición del oficialismo, de acuerdo con lo observado por Joel García.
“Esto no va solo. Salió la decisión de juzgar a los presuntos responsables de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Y también hubo un cambio en la narrativa sobre lo ocurrido en los casos del concejal Fernando Albán y de Juan Pablo Pernalete”, afirmó.
El gobierno de Maduro, entonces, anda en un plan de “control de daños”, mediante la eliminación de los argumentos relativos a los presos políticos, aun cuando el periodista Roland Carreño siga detenido en celdas de la Policía Nacional.
Lo que realmente preocupa a los operadores del oficialismo es que el llamado caso Venezuela pase a una nueva fase y sea presentado ante la Corte Penal Internacional. En esto coinciden García y Himiob.
De la misma forma, el decreto contribuiría a allanar el camino frente a eventuales negociaciones con líderes de la oposición, que podrían mostrar ante sus propios seguidores evidencia de alguna “victoria temprana”, aunque sea gracias a un decreto del cuestionado mandatario.
Breves
* El martes de esta semana se cumplieron dos meses desde la muerte de cinco personas en el sector La Trilla del estado Apure. Aunque el titular del Ministerio Público designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, no se ha pronunciado todavía sobre el fondo de este hecho, desde las organizaciones de defensa de Derechos Humanos no han dudado en señalar que se trató de una “masacre”. Estos cinco individuos (cuatro de ellos integrantes de una misma familia) figuran en las estadísticas gubernamentales como presuntos irregulares fallecidos por “resistencia a la autoridad”, a manos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional.
Luego de este incidente, verificado el 25 de marzo, los efectivos del grupo élite fueron enviados calladamente de regreso a sus unidades de origen. Y los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Arauquita, en Colombia. Las consecuencias de esta acción se han extendido hasta el presente, puesto que los pobladores de la zona todavía señalan a las fuerzas gubernamentales (sin distingo) como corresponsables de su situación. Algo que no se pueden permitir en un esquema de conflicto irregular, donde cobra vital importancia contar con la simpatía y cooperación de los pobladores en los lugares donde se ejecutan las acciones militares. No en balde, el comunicado suscrito por las ONG al cumplirse dos meses de la matanza exige que el fiscal extienda las averiguaciones a toda la cadena de mando, que debía coordinar y supervisar esa operación. Eso incluye al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino; al jefe del Ceofanb Remigio Ceballos, y los generales José Rojas Abreu, Tito Gómez Ávila, José Rafael Silva Aponte y Robinson Vera Cumare.
* El ministerio de la Defensa ordenó reforzar el contingente de militares especializados en conflictos irregulares en el estado Apure. Con este propósito se hacen los preparativos para el traslado de efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas). Pero ellos también han pasado la mayor parte de su tiempo pensando en enemigos distintos a los que hay en el área de frontera. En 2016, por ejemplo, plantearon que podían aplicar a los opositores que manifestaban en las calles las mismas técnicas usadas para identificar a secuestradores y extorsionadores.
De allí que ahora se decidiera reforzar la instrucción para afrontar conflictos de cuarta generación, sin tanto acento en el llamado “método táctico de resistencia revolucionaria”, que había sido el centro de atención en cuanto a la formación de los cuadros hasta marzo de este año. Además de esto, indican fuentes castrenses, se ordenó que todas las unidades enviadas a reforzar la operación Escudo Bolivariano en la frontera con Arauca debían ser instruidas en materias tan diversas como logística, comunicaciones, sanidad y detección de explosivos.
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