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Informe Otálvora | EE. UU. y Unión Europea acordaron coordinar enfoque hacia Venezuela, por Edgar C. Otálvora

Antony Blinken y Josep Borrell el 24MAR21 en Bruselas, Bélgica. Foto: Departamento de Estado EE. UU.

@ecotalvora

El primer viaje del nuevo Secretario de EE. UU. se inició el 14MAR21, estuvo acompañado del secretario de Defensa Lloyd Austin e incluyó a Japón y Corea. Antony Blinken optó por hablar en persona con los dos principales aliados asiáticos antes de la borrascosa reunión que celebraría el 18MAR21 en Alaska con el todo poderoso jefe de la política exterior china Yang Jiechi. El segundo viaje de Blinken al extranjero tuvo como destino Bruselas. Arrancó el 22MAR21 y tenía como propósito participar en la reunión ministerial de la OTAN y sostener encuentros con los altos jefes de la Unión Europea.

En Asia y Europa el mensaje de Blinken fue el mismo: EE. UU. con Biden está de vuelta a la arena internacional y procura retomar líneas de cooperación y acción conjunta con sus aliados tradicionales.

El 25MAR21, tras la visita de Blinken a Bruselas, tuvo lugar una teleconferencia entre Joe Biden, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel y los jefes de gobiernos miembros de la UE.

En las últimas semanas se han estado produciendo notorias coordinaciones de acción internacional entre EE. UU. y Europa. El 02MAR21 la Unión Europea impuso sanciones a funcionarios rusos por violaciones de DD. HH., medida que fue rápidamente seguida por el gobierno Biden. El 22MAR21, casi simultáneamente, EE. UU., Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea impusieron sanciones a funcionarios de China por violaciones de DD. HH.

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Entre las principales actividades de Blinken en Bruselas se marcó un encuentro con el Alto Representante de la UE Josep Borrell, en la cual el español confiaba incluir varios temas de la política en Latinoamérica. Se buscaba la reconstrucción de la agenda de trabajo de EE. UU. y UE.

La reunión Blinken-Borrell se produjo el 24MAR21 y al concluir fue distribuida una larga declaración según la cual el encuentro tuvo como propósito “discutir formas de fortalecer la relación entre EE. UU. y la UE y coordinar las respuestas a la política exterior prioritaria”. Irán, China, Rusia, Ucrania, Georgia, cambio climático, Mediterráneo oriental, Etiopía, Afganistán y la OTAN fueron asuntos mencionados expresamente en la declaración. No cabe duda que el texto, redactado y negociado previamente por los diplomáticos de ambos lados, no incluyó todos los temas efectivamente tratados.

Tras la emisión del comunicado conjunto y de una breve comparecencia ante la prensa en la cual no fue mencionado tampoco el caso venezolano, el Informe Otálvora consultó directamente con el Servicio Exterior de la Unión Europea basado en Bruselas. Un vocero oficial de la UE confirmó que Blinken y Borrell “discutieron sobre Venezuela” y “acordaron trabajar juntos en un enfoque coordinado”.

Se estima que el Departamento de Estado y la oficina dirigida por Borrell continuarán adelantando conversaciones sobre la coordinación de acciones en procura de la redemocratización de Venezuela. Diversas fuentes consultadas en Washington y Caracas sugieren que no existe un plan de ruta definido por el gobierno Binden hacia Venezuela y, por ahora, se mantiene en términos generales el esquema adelantado por el gobierno Trump con sanciones al gobierno de facto y reconocimiento de Juan Guaidó como presidente provisional.

Pero tanto en Washington como en Bruselas se intenta definir esquemas que permitan superar el estancamiento del proceso de redemocratización en Venezuela. Borrell, en declaraciones previas a su encuentro con Blinken, afirmó que las elecciones regionales convocadas por el chavismo podrían “traer una nueva oportunidad para tener un acuerdo entre el gobierno [de facto] y la oposición”. Borrell de esta manera insinuaba que unas posibles negociaciones en Venezuela podrían centrarse en las condiciones para esas elecciones regionales, coincidiendo de esa manera con el predicamento del gobierno de Noruega. Sin embargo, la posición en la Casa Blanca de Biden y en el Departamento de Estado no coincide con un “calendario electoral mínimo” sino que aspira a un cambio de gobierno.

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En tanto, fuentes cercanas a Guaidó aseguraron a este Informe que mantienen conversaciones con Canadá, EE. UU. y varios países europeos, incluyendo a Suecia, en procura de un nuevo esquema de alianza internacional para presionar al régimen chavista. En medios diplomáticos latinoamericanos se menciona la posibilidad de institucionalizar un nuevo grupo internacional, eventualmente integrado por ocho gobiernos de América, Europa y Asia, que sin reemplazar al paralizado Grupo de Lima, “fortalezca nuestra posición de presionar el régimen para organizar elecciones presidenciales”, según confirmó un cercano activista internacional de Guaidó.

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La detención el 12JUN20 en el aeropuerto de Isla Sal, Cabo Verde, del operador financiero del chavismo Alex Saab, desató una gran operación por parte del castrochavismo internacional. La detención de Saab se produjo ante la solicitud de EE. UU., quien considera al comerciante colombiano como un fugitivo en un proceso judicial de varios cargos por lavado de dinero procedente de corrupción asociada al gobierno de facto de Venezuela.

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El 13JUN20, el gobierno Maduro emitió un comunicado donde se refería al “Sr. Saab Morán”, a quien extrañamente le adjudicaban la nacionalidad venezolana y para quien aún no reclamaban estatus e inmunidades diplomáticas salvo denominarlo como “agente del gobierno bolivariano”.

Con el transcurrir del año 2020, la estrategia de la defensa del operador chavista consistió en argumentar la forma y la legalidad de su detención haciendo énfasis en su supuesta condición diplomática que el gobierno Maduro intentó adjudicarle cuando ya estaba preso y en proceso de extradición. El 28JUL20 el caso de Saab fue asumido públicamente por el bufete del español Baltazar Garzón, lo que dejaba en evidencia no solo la enorme cantidad de dinero que el chavismo estaba dispuesto a erogar en el proceso de la defensa sino, además, el enfoque internacionalizado y politizado que la defensa se proponía adelantar. Garzón ha sido defensor de Julian Assange, Lula da Silva, Evo Morales y forma parte del equipo jurídico del Grupo de Puebla, con lo cual el español mezcla sus altos honorarios y su filiación izquierdista.

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La defensa de Saab supuso la constitución de varios equipos de abogados en EE. UU., Colombia, Cabo Verde y en Nigeria. Incluso, según el periodista Nelson Bocaranda, habrían sido constituidas varias coordinaciones judiciales que operaban en paralelo.

Igualmente contaba con un aceitado sistema de enlace con medios de prensa de España, Portugal y Colombia. Dado que los acontecimientos judiciales sobre Saab básicamente ocurren en tribunales de lejanas capitales africanas, usualmente la versión que recogen diarios y agencias de noticias es la suministrada por el propio equipo de abogados del procesado, con toda suerte de omisiones o erradas interpretaciones favorables al cliente. La politizada defensa de Saab, intentado presentarlo como una víctima de EE. UU., cuenta con el respaldo de la red diplomática y de propaganda cubana con larga presencia en el África subsahariana.

La decisión de crear un equipo de abogados en Nigeria tenía como objeto contar con una instancia de apelación ante la esperable negativa de la justicia de Cabo Verde de liberar a Saab. La ciudad de Abuya es la sede de la Corte de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDAO). Dicha corte fue inicialmente constituida para dirimir diferencias entre los quince miembros de CEDAO pero desde 2005, por la aprobación de un protocolo, atiende temas de violaciones de derechos humanos a nivel regional.

Los coordinadores políticos de la defensa de Saab decidieron contratar los servicios de un reconocido jurista nigeriano Femi Falama, quien es a su vez un agente procubano en África.

Falama es un activo amigo de la embajada cubana en Nigeria y usual participante en eventos de “amistad” cubano africana en contra del “embargo” contra la isla. El papel de Falama en el caso Saab es liderar la acción judicial ante la Corte de Justicia de CEDAO y, a su vez, prestar su figura política antiestadounidense a favor del agente de Maduro insistiendo en su supuesta condición diplomática y resaltando que se trataría de un caso político de violación de derechos humanos.

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Con fecha 28DIC20, Jorge Arreaza emitió una comunicación dirigida a Saab mediante la cual lo designaba “Representante Permanente Alterno” de Venezuela “ante la Unión Africana” con sede en Etiopia. Por tratarse de un organismo multilateral del cual Venezuela es “país observador” la designación no requería la aprobación de la UA, pero en realidad tampoco le confería necesariamente inmunidades internacionales al preso. Desde esa fecha los papeles de la cancillería chavista se referían a Saab como “Enviado Especial y Embajador Extraordinario y Plenipotenciario”.

Todas las acciones judiciales y de presión que los abogados y el aparato diplomático castrochavista ejercieron sobre el gobierno y los tribunales de Cabo Verde han resultado inútiles. Las instancias administrativas y judiciales fueron aprobando la solicitud de extradición presentada por EE. UU. basadas en el criterio de cooperación judicial ante la inexistencia de un tratado de extradición. La importancia que EE. UU. le asigna a la extradición de Saab quedó patente en la comunicación telefónica que Antony Blinken, el recién designado Secretario de Estado de EE. UU. del gobierno Biden, realizara el 23FEB21 a su colega caboverdiano Rui Figueiredo.

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El 15MAR21, el tribunal multinacional de CEDAO sentenció que Saab debería ser inmediatamente puesto en libertad y recibir del gobierno de Cabo Verde una indemnización de US$ 200.000 por haber sido objeto de un “arresto arbitrario”. El tribunal constituido por Januaria Costa de Cabo Verde, Edward Amoako Asante de Ghana y el nigeriano Dupe Atoki igualmente mandó a suspender todo el proceso de extradición de Saab a EE. UU. Sin embargo, el sistema de justicia de Cabo Verde no acepta la autoridad del tribunal de CEDAO ya que ese país no ha ratificado el protocolo de 2005.

Incluso el 17MAR21, el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde descartó recursos de la defensa de Saab y confirmó sentencias de tribunales inferiores que autorizaban la extradición del colombiano a EE. UU.. El equipo de Garzón tendría aún la opción de recurrir a la Corte Constitucional de Cabo Verde en un intento desesperado de ganar más tiempo. Pero la estrategia de victimizar políticamente al agente chavista y decorarlo con rangos, privilegios e inmunidades diplomáticas resultó un total fracaso de la diplomacia castrochavista.

El caso de Saab es análogo al de otro famoso defendido por el abogado Baltazar Garzón. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinoza, en un intento para liberar a Julian Assange, quien permanecía asilado en la sede de la embajada de Ecuador en Londres, realizó una serie de maniobras similares a las realizadas por el gobierno Maduro con Saab. El 12DIC17 el australiano Assange recibió la carta de naturalización como ecuatoriano, el 15DIC17 fue designado consejero en la embajada de Ecuador ante el Reino Unido y el 19DIC17 fue nombrado consejero en la embajada ecuatoriana en Moscú. El gobierno británico rechazó la burda operación que pedía privilegios diplomáticos para quien se escondía en la embajada ecuatoriana para impedir ser extraditado a EE. UU. Todo indica que en la maniobra ecuatoriana también estaba presente la orientación de Garzón.

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Aun cuando el tribunal multinacional de CEDAO sentenció a favor de Saab, lo hizo solamente basándose en elementos procedimentales de la detención del colombiano. Los tres jueces descartaron los argumentos esgrimidos por el gobierno de3 Maduro según los cuales Saab estaría protegido por inmunidad diplomática. “La Corte observó que si bien el gobierno venezolano afirmó que el señor Saab Morán viajaba como su enviado especial, no poseía requisitos válidos que lo calificaran como diplomático acreditado en Cabo Verde u otro estado o de alto cargo político en el momento de su arresto”, según la sentencia del tribunal de la CEDAO. En consecuencia, “la corte desestimó el reclamo de Saab “según lo dispuesto en el Artículo 42 de la Convención de Nueva York de 1969 sobre Misiones Especiales”. Es decir, los juristas africanos confirmaron que la inmunidad diplomática no la confiere el gobierno que designa al funcionario sino el país que lo acoge, por lo cual Saab no era diplomático acreditado en Cabo Verde.

Tampoco era un “enviado especial” a los efectos de Cabo Verde ya que la cancillería de Maduro nunca notificó “de antemano” a las autoridades caboverdianas sobre la existencia de un “enviado especial” de apellido Saab, quien haría una parada en Cabo Verde y para quien solicitara “inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito” como reza la Convención de Nueva York. Saab, a los efectos del país que lo detiene y del tribunal multinacional africano, no era un diplomático al momento de su detención, con lo cual se derrumbó toda la argumentación inventada por la cancillería chavista.

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El régimen chavista junto con Cuba, Rusia e Irán ha convertido el rechazo a las sanciones internacionales, calificadas como “medidas coercitivas”, en una de sus banderas en foros internacionales. Sin embargo la herramienta de la sanción internacional es rápidamente esgrimida por el régimen chavista contra quienes considera sus enemigos. El abogado Femi Falama, operador cubano en Africa y contratado para encabezar la defensa de Saab en Nigeria, actuando en nombre de sus representados (Saab y el gobierno Maduro) solicitó que fueran aplicadas sanciones internacionales al gobierno de Cabo Verde. Falama presentó el 24MAR21 una moción para que el Tribunal de CEDAO solicite a los gobiernos miembros la imposición de sanciones que incluirían el boicot a proyectos multilaterales y la prohibición de visas a los altos funcionarios caboverdianos. El valor de Saab para el régimen chavista parece ser muy alto.

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Por cierto, con el apoyo de Rusia y Cuba, el gobierno de facto de Venezuela solicitó el 16MAR21 incluir en la agenda de la reunión del 26MAR21 del Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio, la petición para crear un grupo especial de análisis sobre las sanciones impuestas por EE. UU. al régimen chavista. La reunión fue suspendida en razón de que la delegación de EE. UU. no reconoce la legitimidad de los enviados de Maduro. “EE. UU. rechazará cualquier esfuerzo de Maduro por hacer un mal uso de la OMC para atacar las sanciones estadounidenses destinadas a restaurar los derechos humanos y la democracia en Venezuela”, dijo un comunicado del representante comercial de EE. UU. el 26MAR21.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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