Informe Otálvora: Fracasa maniobra europea para convalidar votaciones en Venezuela, por Edgar C. Otálvora - Runrun
Informe Otálvora: Fracasa maniobra europea para convalidar votaciones en Venezuela, por Edgar C. Otálvora

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (i) comparte mesa con el alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell (d) el 23SEP20 en un restaurante en Bruselas. La maniobra europea fracasa. Foto Europa Press

@ecotalvora

Por tercera vez en lo que va del año, la Armada de los EE. UU. realizó y publicitó una misión de “libertad de navegación” en aguas aledañas al mar territorial de Venezuela. Según informó el Comando Sur de EE. UU., el destructor misilístico USS William P. Lawrence navegó el 30SEP20 en aguas frente a las costas de Venezuela a una distancia superior a las doce millas náuticas, es decir, fuera del mar territorial venezolano. Previamente los destructores misilísticos USS Nitzey y USS Pinckney realizaron el 23JUN20 y el 15JUL20 respectivamente, maniobras análogas a la efectuada en septiembre.

Las tres naves, todas de la clase Arleigh Burke que pueden portar decenas de misiles incluyendo los Tomahawk, están actualmente adjudicadas a la Cuarta Flota de EE. UU.; bajo el mando de Comando Sur y con área de acción en el Caribe y aguas suramericanas del Atlántico y el Pacífico. Las tres embarcaciones han navegado a quince y dieciséis millas náuticas de las costas venezolanas. La Armada de EE. UU. realiza misiones de “libertad de navegación” frente las costas de Venezuela desde el año 2000, coincidiendo con el inicio del gobierno chavista; pero en el año 2020 se ha incrementado notablemente la frecuencia sistemática de ese tipo de acciones.

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La cancillería de Nicolás Maduro, en su usual estilo propagandístico panfletario de inspiración cubana, en un comunicado del 01OCT20 calificó la presencia del USS William P. Lawrence como “un acto deliberado de provocación, por demás errático e infantil”.

Según el comunicado del gobierno chavista, se habría producido un intercambio de comunicaciones radiales entre la nave estadounidense y la Armada venezolana en la cual la embarcación de EE. UU. informó que realizaba operaciones antinarcóticos. El comunicado del Comando Sur no hace referencia a esta radiocomunicación y declara que la USS William P. Lawrence “desafió los reclamos marítimos excesivos de Venezuela en aguas internacionales”.

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El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas inició el 14SEP20 su 45° período de sesiones, el tercer período de sesiones del año 2020. Como parte de las decisiones tomadas por el propio Consejo en el año 2019; en el 45° período de sesiones fueron presentados cuatro informes oficiales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Todos ellos evidenciaron la sistemática violación de los DD. HH. por parte del régimen chavista.

El Consejo de DD. HH, integrado por 47 Estados, se ha convertido en uno de los campos de batalla diplomática donde gobiernos que promueven la redemocratización de Venezuela se enfrentan abiertamente contra el régimen de Nicolás Maduro, quien aún detenta la representación del país en la ONU y cuenta con la protección de Rusia y China a nivel del Consejo de Seguridad.

Durante el periodo 42° de sesiones, celebrado en septiembre de 2019, el régimen chavista recibió la primera gran derrota en el contexto de la ONU. La presión internacional sobre el régimen lo llevó a aceptar la creación de un mecanismo mediante el cual la oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, liderada por la chilena Michelle Bachelet, mantendría una pequeña unidad permanente en Caracas para hacer seguimiento a las denuncias de violaciones de DD. HH.

La medida quedó contemplada mediante un memorando de entendimiento entre Maduro y Bachelet suscrito el 20SEP19 y que fue acogido por la resolución 42/4, aprobada por el Consejo de DD. HH. con el beneplácito del chavismo y con el voto favorable de solo 18 países del total de 47 de los cuales 23 se abstuvieron. De esta manera el chavismo suponía que lograba neutralizar las denuncias oficiales sobre DD. HH., dosificando el acceso de los enviados de Bachelet. Para disgusto del régimen chavista, la resolución 42/4 obligaba a Bachelet a continuar presentando informes verbales y escritos sobre el cumplimiento del acuerdo con Maduro y sobre el estado de DD. HH. en Venezuela.

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Dado que cualquier gobierno miembro de la ONU puede presentar proyectos de resolución, un grupo de 30 países sometieron a consideración del Consejo de DD. HH. una segunda resolución en la cual, entre otras razones, expresaron “gran preocupación por la alarmante situación” de los DD. HH. y “la erosión del Estado de derecho” en Venezuela.

La resolución 42/25, que marcó una gran derrota para la diplomacia chavista, fue aprobada el 26SEP19 por 19 votos a favor, 21 abstenciones y el voto en contra de Cuba, China y otros cinco gobiernos. 

De esta manera el Consejo ordenó la creación de una “misión internacional independiente de determinación de los hechos” con vigencia de un año y con el mandato de viajar a Venezuela para investigar expresamente “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

Los miembros de esa misión contarían con el apoyo logístico y financiero de la oficina encabezada por Bachelet pero serían escogidos por el presidente del Consejo, cargo ejercido para la fecha por el senegalés Coly Seck. Los tres miembros de la “Misión Independiente Internacional”, MII, fueron designados el 02DIC19 liderados por la portuguesa Marta Valiñas y con el concurso del británico Paul Seils y el chileno Francisco Cox. De acuerdo al mandato recibido, el informe de esta misión debía ser entregado en septiembre de 2020. El gobierno Maduro no aceptó la resolución 42/25 del Consejo de DD. HH. y no permitió el ingreso a Venezuela de los miembros de la misión quienes debieron operar desde Panamá.

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El 14SEP20 Bachelet presentó al Consejo su informe sobre la “cooperación y la asistencia técnica” entre su oficina y el gobierno Maduro en el cual concluía que en el último año se había “fortalecido su presencia en Venezuela”, ya que el gobierno había permitido algunas visitas a centros de reclusión. El gobierno chavista recibió complacido este informe oral de la alta comisionada y anunció que había renovado por un año el acuerdo de cooperación con la oficina de Bachelet.

El 16SEP20 el Consejo de DD. HH. escuchó una presentación verbal de los tres miembros de la MII, mientras en la página oficial de las Naciones Unidas eran publicados dos documentos: “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos” de 443 páginas y el “Informe de la misión” de 21 páginas.

El informe de la MII concluye que “tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron los siguientes crímenes de lesa humanidad en el período que se examina: asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o graves daños al cuerpo o a la salud mental o física”.

La MII señaló responsabilidades: “La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe”.

El 25SEP20 la alta comisionada Michelle Bachelet presentó al Consejo su informe de actualización sobre DD. HH. en Venezuela, cubriendo el lapso junio-septiembre. “Represión de protestas”, muertes de manifestantes, muertes de 2000 jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad, fueron algunos de los señalamientos.

Pero además de reseñar diversas violaciones de DD. HH., Bachelet incluyó en su informe una referencia directa a la manipulación que el régimen chavista ha hecho para convocar a votaciones legislativas el 06DIC20. “Me preocupan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE); así como la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa”.

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La reacción del régimen chavista y de su aparato diplomático y de propaganda ha sido intentar desacreditar a la MII, calificándola como instrumento del “Grupo de Lima” y atacando la idoneidad profesional y personal de los juristas que la integran.

El informe de Bachelett del 25SEP20 hizo disparar nuevamente el aparato de propaganda chavista contra la chilena: “Sra @mbachelet, usted, como siempre, haciendo el recado y agrediendo el derecho de los venezolanos” tuiteó el ministro de comunicaciones Jorge Rodríguez. El embajador de Maduro ante la ONU, Jorge Valero, afirmó ante el propio Consejo que el informe de Bachelet era una “hostil iniciativa” (…) “promovida por un reducido grupo miembros de este Consejo”, obviando que se trataba de un mandato expreso del Consejo de DD. HH. mediante la resolución que el gobierno Maduro había promovido en 2019.

El 01OCT20 Maduro solicitó una teleconferencia con Bachelet, la cual fue calificada como “respetuosa” por la cancillería chavista pero de la cual no existió una versión de la oficina de la alta comisionada.

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Tras la divulgación de los cuatro documentos se desataron los usuales movimientos diplomáticos en procura de votos para aprobar una nueva resolución sobre Venezuela. Los enviados de Maduro intentan que el Consejo apruebe una resolución que confirme el esquema implementado por Bachelet con presencia controlada en territorio venezolano. Curiosamente el proyecto de resolución favorable a Maduro fue presentado el 28SEP20 con el solitario apoyo de Irán, país que no forma parte del Consejo. Ninguno de los amigos del régimen chavista que este año integran el Consejo se prestó para apadrinar el proyecto pro Maduro. Cuba y China no forman parte este año del Consejo de DD. HH.

Por otra parte, los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú presentaron el 25SEP20 un proyecto de resolución que se propone extender por dos años el mandato de la Misión Independiente Internacional. De aprobarse sería una situación excepcional, ya que el Consejo solo ha creado este tipo de misiones en casos de extrema crisis de violaciones de DD. HH.

De 37 misiones creadas por el Consejo de DD. HH. en lo que va del siglo XXI, solo dos fueron dirigidas a países americanos, Honduras en 2009 y Venezuela en 2019; mientras las restantes corresponden a lugares de abierto conflicto en África y Asia. Los voceros del régimen chavista amenazan suspender la cooperación con la oficina de Bachelet en caso de que fuera aprobada la renovación de la MII. Los aliados internacionales de Maduro se están moviendo para intentar abortar esta resolución, pero no parecieran contar con los votos suficientes en el Consejo. La votación de estas resoluciones podría tener lugar el 06OCT20.

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Al término de la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea del 21SEP20 en Bruselas, Josep Borrell, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, anunció que el Consejo de Exteriores había conversado sobre el “tema Venezuela” pese a no aparecer en la agenda.

Borrell informó a los ministros sobre sus gestiones “ante el gobierno de Maduro y los principales grupos de oposición” en procura de un acuerdo para la celebración de elecciones parlamentarias en condiciones internacionalmente aceptables. Para ese momento el gobierno Maduro insistía para que la UE enviara un grupo de observadores que convalidara el proceso electoral. Pero la opinión generalizada en el Consejo de Exteriores de la UE era que en Venezuela no estaban dadas las condiciones para el envío de una misión de observación electoral cuya organización requeriría, además, de un mínimo de seis meses.

Según Borrell, los ministros europeos lo autorizaron para “continuar esta negociación a fin de buscar la posibilidad de una elección que pueda ser observada por nuestras misiones”; y agregó que “continuaremos acercándonos al gobierno de Maduro y a ambas partes de los grupos de oposición para ver cómo podemos ser útiles para una transición pacífica y democrática en Venezuela”.

En Venezuela, en tanto, la alianza partidista que respalda a Juan Guaidó como presidente encargado se niega a participar en las votaciones legislativas; mientras el opositor Henrique Capriles Radonski rompía la alianza inscribiendo candidatos para el 06DIC20, aunque condicionando su participación a la presencia de la UE.

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Borrell, con el respaldo de los gobiernos izquierdistas de España y de Argentina (que participó en la reunión del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela del 17SEP20) y basado en una genérica aprobación del Consejo de Exteriores de la UE, optó por enviar a Caracas a dos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior.

El gobierno español difundió una inusual fotografía en la cual el presidente de gobierno Pedro Sánchez comparte mesa con Borrell el 23SEP20, en un restaurante en Bruselas. La imagen y declaraciones posteriores del Ministerio de Exteriores español confirmaron que Sánchez estaba tras la jugada de Borrell.

Tras ese encuentro en Bruselas, salieron hacia Caracas el vicesecretario general de Asuntos Exteriores de la UE y el director para América, Javier Niño Pérez y Enrique Mora respectivamente.

El viaje de los dos funcionarios, realizado con especial sigilo, había sido coordinado con el gobierno Maduro a los efectos de permisos migratorios, seguridad y calendario de reuniones.

La movilización de los emisarios era seguida de cerca desde el Departamento de Estado en Washington, desde donde se criticó fuertemente la iniciativa de Borrell.

Las instrucciones de Niño y Mora fueron transmitir a los actores políticos en Caracas la opción de suspender las elecciones del 06DIC20 por un plazo mínimo de seis meses y abrir negociaciones para modificar las condiciones electorales atendiendo las exigencias de la oposición. Curiosamente el comunicado del Servicio Exterior sobre el viaje a Caracas, emitido el 30SEP20, solo cita a Juan Guaidó de forma expresa como interlocutor limitándose a referir que los mensajeros se reunieron con “funcionarios del régimen, la Conferencia Episcopal Venezolana, la sociedad civil y el sector privado”. Según la versión de la cancillería chavista, los funcionarios europeos llevaron “a cabo una agenda al más alto nivel con las instituciones del Estado venezolano y diversos actores políticos”.

Diversas fuentes en Caracas y en EE. UU. confirmaron al Informe Otálvora que los enviados sostuvieron encuentros con Juan Guaidó y con Henrique Capriles Radonski, quienes representaban dos de las posiciones que pujan dentro de los sectores democráticos; Guaidó rechazando la participación en las votaciones del 06DIC20 y Capriles promoviendo la participación, pero haciéndola depender de nuevas condiciones negociadas. María Corina Machado, quien mantiene una sostenida línea de no participar en las elecciones y promueve una salida de cambio de régimen con respaldo militar extranjero, no fue contactada por los funcionarios europeos.

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Las gestiones de Borrell, que él presenta como un intento para mediar entre el régimen y la oposición, fracasaron ante la decisión de Maduro de no abrir negociaciones para el cambio de las condiciones electorales y negarse a un cambio de fecha.

Además, la oposición alrededor de Guaidó mantuvo la postura de no esperar nuevas negociaciones con Maduro.

En un comunicado del 30SEP20, Borrell debió confesar que “la política de la UE con respecto a Venezuela se mantiene sin cambios: actualmente no existen las condiciones para que tenga lugar un proceso electoral libre, justo y democrático”. Las votaciones legislativas del 06DIC20 en Venezuela no serán reconocidas por buena parte de América y Europa. Como consecuencia inmediata del periplo de los funcionarios de Borrell, Henrique Capriles, quien no logró mayor apoyo para su postura, habría retirado sus candidatos para las votaciones del 06DIC20.

La alianza opositora optó, como una decisión de la Asamblea Nacional, por convocar a una consulta popular que permita legitimar la continuidad del gobierno transitorio encabezado por Juan Guaidó más allá de la fecha constitucional de vencimiento de su mandato. “Continuidad constitucional” es el concepto esgrimido por juristas opositores.

En esa consulta se preguntaría a los electores si apoyan “todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos”; y si “rechaza el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables; y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados”.

El debate dentro de la oposición en este momento es sobre la fecha para la cual sería convocada la consulta existiendo dos posiciones: antes o el mismo 06DIC20.

Diario Las Américas

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