Excarcelados, por Gonzalo Himiob Santomé

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Lo primero que hay que destacar es que un excarcelado no es lo mismo que un liberado. Desde el punto de vista práctico, “liberar” es darle o concederle su libertad a alguien, mientras que “excarcelar” es sacarlo de la cárcel, lo que no implica, necesariamente, concederle su libertad, al menos no su libertad plena.

Hago el comentario desde la base de los acontecimientos recientes en Venezuela, tras el anuncio de Maduro referido a los presos políticos de nuestro país. El pasado jueves destacó Maduro: “Yo espero que todos los sectores involucrados en la violencia política del 2014, del 2015, el 2016, el 2017 saquen lecciones del proceso histórico y se vayan a las calles aquellos que cometieron delitos violentos contra la cosa pública y contra la paz del país, se vayan a las calles a hacer política, quiero una política de pacificación, de reencuentro, de reunificación y reconciliación de Venezuela”. Y luego añadió: “Así que anuncio una amplia política de reencuentro y pacificación que permita que los factores que estuvieron en la violencia se incorporen a la lucha política legal, constitucional, sin armas y sin violencia, al país”.

Tras estas afirmaciones, que corresponde analizar en frío, se señaló que se había instruido a la ANC, para que, a través de la “Comisión de la Verdad”, evaluara cada caso y articulara lo que fuera necesario para que algunos presos políticos (aún no está claro quiénes o cuántos serían, ni cuáles serían los criterios que se utilizarían para determinarlos) salieran de su injusto encierro.

Ese mismo jueves pudimos tener noticia de que, cumpliendo de manera expedita la orden presidencial (lo cual demuestra la nula independencia de nuestro poder judicial) ya se habían emitido las primeras boletas de excarcelación, a saber 26, de las cuales 20 estaban referidas a presos políticos. Como es lamentablemente costumbre, no fueron ejecutadas de inmediato, como lo ordena la Constitución, sino al día siguiente, progresivamente, hasta que se completó un primer lote de excarcelaciones de veinte personas. Un poco más tarde, el mismo viernes, fueron excarceladas dos personas más, y el día sábado (no el viernes, como algunos lo afirmaron) fueron también excarcelados también el norteamericano Joshua Holt y su esposa. En total, hasta el momento en el que escribo estas líneas, habían salido de la prisión, por órdenes de Maduro, 24 personas.

Salvedad hecha de Joshua Holt y de su esposa, que fueron enviados de inmediato a los EEUU, ninguno de los otros excarcelados obtuvo su libertad plena. A todos se les mantuvo el proceso penal abierto y a todos se les impusieron medidas cautelares, que implican, en diferentes modalidades, una libertad restringida o limitada. Esto implica que, si bien ya no están presos, no han sido en realidad liberados, sino excarcelados. Las investigaciones contra ellos se mantienen abiertas y, en cualquier momento, podrían volver a prisión si el poder así lo desea. Así están las cosas, lo reitero, al menos hasta el momento en el que preparo esta entrega.

Maduro ha promocionado su propuesta como un “gesto” de “buena voluntad”, pero varios elementos nos permiten dudar de tales “buenos propósitos”. Como punto previo, cabe destacar que concederle la libertad a quien nunca debió estar encarcelado no es un “gesto”, un “beneficio”, una “gracia” ni un “regalo” presidencial, por el contrario, es una obligación del gobierno. Partir de una premisa distinta significa aceptar lo inaceptable pues, aunque en nuestro país no exista el Estado de Derecho, según nuestra Carta Magna el poder está sometido a la Constitución, a las Leyes y a los Tratados Internacionales sobre DDHH vigentes en Venezuela, no al revés.

El primer elemento que genera dudas ya lo hemos mencionado: El gobierno no está en realidad aceptando sus culpas ni el error que supone haber enviado a la cárcel injustamente y por razones políticas, no jurídicas, a tantas personas durante los últimos lustros. A algunos presos políticos los ha sacado, hasta ahora, de la cárcel, sí, pero mantiene sobre sus cuellos la espada con la que puede, cuando así lo desee, cortarle de nuevo la cabeza a su libertad. Es, en realidad, y como decimos en Venezuela, un “sí, pero no”, una amenaza, un “sales de cárcel, pero no te resbales” y, al final del día, una trampa muy peligrosa que juega cruelmente con el deseo, natural, humano y comprensible, de todo preso político de salir de su injusto encierro como sea.

En segundo lugar, insiste Maduro en la consolidación de una narrativa falsa y “justificante” de su indebido y sistemático proceder represivo, que por cierto ha sido ya calificado en varias instancias internacionales como un grave crimen de Lesa Humanidad. Según Maduro, los presos políticos no están en la cárcel por haber cuestionado de manera legítima al poder, por haber manifestado pacíficamente o por haberse opuesto al gobierno, sino por haber incurrido, en su decir, en “actos de violencia política” y en “delitos contra la cosa pública y contra la paz del país”. En otras palabras, y paradójicamente, mientras da la orden política de que sean excarcelados (porque políticas son las razones de su encierro) Maduro les niega la condición de presos políticos e insiste en estigmatizarlos y en categorizarlos como simples “delincuentes”.

En tercer lugar, resulta sospechosa la opacidad con la que se ha manejado cuál sería el alcance total, cuáles serían los criterios de selección, y quiénes los eventuales destinatarios de la jugada. De acuerdo a nuestros registros en el Foro Penal, al día de hoy tenemos certificados 346 presos políticos en Venezuela, algunos de los cuales ya tienen más de 15 años privados injustamente de su libertad, y nadie puede adelantar con exactitud quiénes terminarán excarcelados y quiénes no, ni por qué unos serán “seleccionados” mientras que otros, nadie sabrá en realidad las razones, tendrán que seguir padeciendo injusta prisión.

A esta opacidad, a este hermetismo (obtuso e inexplicable, si se toma en cuenta que la movida está supuestamente “llena” de “buenas intenciones”) se suma que ni los abogados o los familiares de los presos, ni las ONG que manejan con seriedad este tema, han sido convocados a expresar su parecer, a brindar su apoyo técnico ni han sido llamados a facilitar los datos que manejan sobre la realidad de la prisión y persecución política en Venezuela, y también que entre los supuestos factótums del “gesto” están, primero, Rodríguez Zapatero, cuyo saldo, cuando se involucra en estos temas, siempre termina en rojo, y después un excandidato presidencial que nunca mostró, que se sepa, la más mínima preocupación ni interés alguno por los presos y perseguidos políticos de nuestra nación y que ahora pretende equipararse a Moisés liberando a los hebreos de la opresión de los egipcios.

En cuarto lugar, destaca que la propuesta de Maduro habla de quienes están injustamente encarcelados, pero nada dice de las más de 7000 personas sujetas, bajo medidas cautelares o de libertad restringida, a procesos penales injustos por motivos políticos ni de los miles de exiliados que, al día de hoy, no pueden poner pie en Venezuela pues de inmediato serían enviados a prisión. La persecución política tiene muchas facetas, de las cuales la prisión política, aunque prioritaria, no es más que una sola de ellas. Abarcar solo a unos cuantos presos, seleccionados unilateralmente al capricho del poder, dejando a muchos otros en las mismas, o hasta en peores, condiciones, y sin tomar en cuenta las otras caras de lo que ha sido la sistemática persecución penal injusta y por motivos políticos en nuestro país, ya lo he dicho, no es más que un “paño caliente”, un “maquillaje” que, al final del día, más allá de la alegría, lógica e irreprochable, que pueda generarle a los que terminen coyuntural y provisionalmente fuera de la cárcel, puede terminar siendo peor como remedio que la propia enfermedad.

Por último, lo que más genera suspicacias y desconfianza, al menos en quien suscribe, es que mientras se habla de “gestos de buena voluntad”, de “reconciliación” y de “reencuentro”, la máquina represiva gubernamental no ha dejado de actuar ni un segundo. Mientras esta semana que pasó algunos eran en efecto excarcelados, en el Foro Penal, nada más desde el anuncio de Maduro de este jueves, registrábamos ya al escribir esta columna, dos días después, al menos 14 nuevos arrestos por motivos políticos. Es lo que Alfredo Romero ha denominado, con acierto, la estrategia de la “Puerta Giratoria”, en la que, mientras a algunos se les excarcela entre bombos y platillos, así como para parecer (que no ser) “amplio” y “generoso”, a otros se les lleva a esas mismas celdas que ya habían quedado vacías, repitiendo un ciclo, al parecer, de nunca acabar. Esto demostraría que la distancia entre lo que se hace y lo que se dice, entre la proclama y los hechos, es muy larga. Si lo que se hace con las manos se destruye con los pies, no se está en realidad construyendo nada, ni mucho menos se está abriendo un espacio honesto y sincero para el “reencuentro” y para la “reunificación” del país.

La única medida verdaderamente efectiva y amplia, el único “gesto” que en realidad sería acorde con una verdadera intención de reencuentro y de reconciliación, pasa por el reconocimiento oficial, sin medias tintas ni triquiñuelas, de la existencia verdadera de un grave cúmulo de sistemáticas y reiteradas violaciones a los DDHH, específicamente a la libertad de las personas, que deben cesar de inmediato, sin condiciones, y de otras, algunas de efectos permanentes, sobre las cuales no cabe ni se puede aceptar impunidad alguna. Con respecto a las primeras, solo una Amnistía plena, amplia, y que abarque todas las facetas de la que ha sido esta oscura página de nuestra historia reciente puede, en realidad, generar los espacios necesarios para la paz y para la reconciliación en Venezuela.

 

@HimiobSantome