Decreto CLAPtómano, por V.J. Los Arcos Ayape
Es un bodrio. El Decreto No. 2.323 mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica es un bodrio jurídico en toda su extensión, pero no es de lo jurídico de lo que se trata, que para eso está esa basura institucional que llaman tribunal supremo de justicia (tsj).
El meollo de lo que se discute es político y el carnaval del señor que firma el decreto, un señor que ni siquiera su nacionalidad ha demostrado, llega a su final con un inevitable “abajo caretas”…
… y una vez caretas abajo, todo lo que hay una pandilla de caraduras que se dicen demócratas, pero sólo son una mezcla de camisas verde oliva, camisas pardas, camisas rojas, camisas negras, camisas azules … Fascismo del Siglo XXI, para decirlo en breve.
Si se hace bueno el refrán de que “Dios aprieta, pero no ahoga”, mucho menos va a ahogar un régimen que está boqueando, lo cual, en cualquier caso, no debe dar paso a una confianza excesiva de que el régimen va a “caerse él solito”.
La única ayuda que merece este régimen es ayudarle a que se caiga.
Para quien tenga alguna duda de a qué debe atenerse respecto al Decreto 2.323, tiene dos puntos de referencia: 1) el tsj, que sometido el decreto por el “gobierno” tiene como única atribución declarar si es o no constitucional; 2) la Asamblea Nacional (AN), cuya aprobación es absolutamente necesaria, aún en el caso de ser declarado “constitucional” por el tsj.
Es obvio, porque así está escrito en los manuales “revolucionarios”, que no importa lo que diga la Constitución, se hará todo lo posible para no soltar el poder. El Decreto 2.323 es la caradura oculta tras la careta constitucional.
Es cuestión de tiempo; más corto que largo, pero cuestión de tiempo. No es ninguna broma que, si no se le impide, el Fascismo del Siglo XXI echará mano al Presupuesto Nacional con la conchupancia de ese otro bodrio institucional llamado Banco Central de Venezuela (BCV); más aún, el BCV y el “gobierno” ya están preparando la forma exacta del corralito implícito en el Artículo 4 del decreto.
Como quiera que el decreto de marras es la tapadera de negocios transnacionales sin control alguno, la ciudadanía sabría agradecer si la AN emite una advertencia expresa a gobiernos y corporaciones extranjeros de que nada suscrito al amparo del Decreto 2.323 será reconocido. Y mejor que la advertencia, además de pública, sea también formal; nada impide a la AN dirigirse formalmente a la embajada de la República de China, por poner el ejemplo de un monstruo insaciable que deja pequeño al Fondo Monetario Internacional (FMI) en cuanto a exigencias de garantías.
Por razones similares, la AN debería emitir una declaración expresa sobre la constitucionalidad, validez, conveniencia y respeto a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), nacionales o extranjeras.
Y mientras la presión ciudadana arrincona a un régimen tan débil como mayores son sus aspavientos, se le irá viendo la costura, a medida que divide a la población en dos, según logre o no resistir la voluntad, vencida por el hambre, cambiándola por una bolsa de comida a través de unos inmorales Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP).
CLAP… hasta en la nomenclatura se le sale la clase al Fascismo del Siglo XXI, “claptómano” a más no poder.
