Exigen investigar agresiones y amenazas de colectivos a familiares de presos políticos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) exigió este martes, 7 de octubre, investigar las agresiones y amenazas por parte de presuntos colectivos oficialistas a familiares de presos políticos, durante una misa celebrada en Caracas el pasado fin de semana en honor a los beatos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

A través de su cuenta en X, el Clippve explicó que en la misa por una Canonización en Libertad, realizada en la Capilla San Antonio, en la avenida San Martín, al menos 10 personas, algunas portando indumentaria con consignas oficialistas, se acercaron con tono “amenazante” y “agredieron verbal y físicamente y profirieron amenazas de encarcelamiento arbitrario” en contra de los familiares de los detenidos por motivos políticos.

“Durante la misa, presuntas feligresas de la comunidad —en realidad funcionarias de inteligencia infiltradas (tres mujeres)— ingresaron al templo para grabar y fotografiar a los asistentes, extendiendo así la intimidación al interior de la casa de Dios, violando un espacio sagrado donde se celebraba un acto de fe, esperanza y oración”, denunció la ONG.

El Clippve sumó que al concluir la eucaristía, los mismos agresores se trasladaron a la Plaza Italia, frente a la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, acompañados por al menos 20 “colectivos” en motocicletas sin placas y que, desde allí, continuaron el hostigamiento e intimidación contra madres, familiares, amigos y defensores que se retiraban pacíficamente, tras haber recibido la bendición de la misa.

En el hecho, también fueron víctimas de hostigamiento periodistas y trabajadores de la prensa que documentaban la actividad.

Exigencia del Clippve

A través del post publicado en X, el comité recalcó que el Ministerio Público tiene el deber constitucional y legal de iniciar una investigación ante estos hechos, según lo que establecido en los artículos 285 numerales 2 y 4 de la Constitución que indica que al ente le corresponde ejercer la acción penal y velar por los derechos constitucionales; además del artículo 11 que obliga a a iniciar investigaciones de oficio cuando tenga conocimiento de hechos punibles por cualquier medio.

El llamado del Clippve es a que se inicie una investigación penal de oficio inmediata que identifique y sancione a los responsables materiales e intelectuales de dichas agresiones. También, pide medidas de protección urgentes para las madres, familiares, amigos y defensores que ejercen su derecho a la fe y a la exigencia de justicia en contextos de riesgo, así como garantías de no repetición y pleno respeto al ejercicio pacífico de los derechos humanos fundamentales.

Alerta a la comunidad internacional

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos instó a los organismos multilaterales y de derechos humanos, en especial a los mecanismos de Naciones Unidas, a documentar este nuevo hecho de violencia e intimidación contra víctimas de la represión.

Señaló que el nuevo ataque “confirma el patrón descrito en los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, y se enmarca dentro del contexto de crímenes“.

El comité expresó que seguirán pidiendo al Papa León XIV su acompañamiento solidario hasta que las instituciones venezolanas “cumplan con su deber constitucional de garantizar los derechos humanos de todas las personas en el país”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

A través del post publicado en X, el comité recalcó que el Ministerio Público tiene el deber constitucional y legal de iniciar una investigación ante estos hechos, según lo que establecido en los artículos 285 numerales 2 y 4 de la Constitución
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El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) exigió este martes, 7 de octubre, investigar las agresiones y amenazas por parte de presuntos colectivos oficialistas a familiares de presos políticos, durante una misa celebrada en Caracas el pasado fin de semana en honor a los beatos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

A través de su cuenta en X, el Clippve explicó que en la misa por una Canonización en Libertad, realizada en la Capilla San Antonio, en la avenida San Martín, al menos 10 personas, algunas portando indumentaria con consignas oficialistas, se acercaron con tono “amenazante” y “agredieron verbal y físicamente y profirieron amenazas de encarcelamiento arbitrario” en contra de los familiares de los detenidos por motivos políticos.

“Durante la misa, presuntas feligresas de la comunidad —en realidad funcionarias de inteligencia infiltradas (tres mujeres)— ingresaron al templo para grabar y fotografiar a los asistentes, extendiendo así la intimidación al interior de la casa de Dios, violando un espacio sagrado donde se celebraba un acto de fe, esperanza y oración”, denunció la ONG.

El Clippve sumó que al concluir la eucaristía, los mismos agresores se trasladaron a la Plaza Italia, frente a la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, acompañados por al menos 20 “colectivos” en motocicletas sin placas y que, desde allí, continuaron el hostigamiento e intimidación contra madres, familiares, amigos y defensores que se retiraban pacíficamente, tras haber recibido la bendición de la misa.

En el hecho, también fueron víctimas de hostigamiento periodistas y trabajadores de la prensa que documentaban la actividad.

Exigencia del Clippve

A través del post publicado en X, el comité recalcó que el Ministerio Público tiene el deber constitucional y legal de iniciar una investigación ante estos hechos, según lo que establecido en los artículos 285 numerales 2 y 4 de la Constitución que indica que al ente le corresponde ejercer la acción penal y velar por los derechos constitucionales; además del artículo 11 que obliga a a iniciar investigaciones de oficio cuando tenga conocimiento de hechos punibles por cualquier medio.

El llamado del Clippve es a que se inicie una investigación penal de oficio inmediata que identifique y sancione a los responsables materiales e intelectuales de dichas agresiones. También, pide medidas de protección urgentes para las madres, familiares, amigos y defensores que ejercen su derecho a la fe y a la exigencia de justicia en contextos de riesgo, así como garantías de no repetición y pleno respeto al ejercicio pacífico de los derechos humanos fundamentales.

Alerta a la comunidad internacional

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos instó a los organismos multilaterales y de derechos humanos, en especial a los mecanismos de Naciones Unidas, a documentar este nuevo hecho de violencia e intimidación contra víctimas de la represión.

Señaló que el nuevo ataque “confirma el patrón descrito en los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, y se enmarca dentro del contexto de crímenes“.

El comité expresó que seguirán pidiendo al Papa León XIV su acompañamiento solidario hasta que las instituciones venezolanas “cumplan con su deber constitucional de garantizar los derechos humanos de todas las personas en el país”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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