Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia, cumplirá este 7 de abril 90 días detenido y sin que su familia haya podido tener contacto con él para constatar su estado de salud.
Mariana González de Tudares, hija del dirigente político, escribió en su cuenta en X que el caso de su esposo califica como una “desaparición forzosa”, al tiempo que exigió, como lo ha hecho durante todos estos meses, que se le permita constar la verdadera situación de su familiar, “su integridad y estado de salud, mediante visita personal que se me permita realizarle en el lugar donde lo tengan”.
En la publicación, citó el artículo 44 de la Constitución, el cual establece que toda persona detenida debe ser llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. El numeral dos de este artículo también contempla que toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza; “y estos o estas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida; a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas”.
El 7 de enero de 2025, Rafael Tudares iba hacia a la escuela de sus hijos para dejarlos por el inicio de clases, cuando fue interceptado “por hombres encapuchados, vestido de negro”, quienes lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron, según la denuncia de Edmundo González aquel día. Todo ocurrió a tres días de la investidura de Nicolás Maduro, cuando se esperaba que Edmundo González Urrutia llegara al paí.
La esposa de Tudares denunció en aquel momento que “fue secuestrado por hombres encapuchados en frente de nuestros hijos que, sin ninguna medida, se lo llevaron”.
“De lo único que es responsable Rafael es de ser un protector de nuestra familia, de su madre, de mis padres, de nuestros hijos y del hogar que por 13 años hemos formado con mucho amor, honestidad y respeto”, señaló Mariana González de Tudares.
A 88 días de la detención arbitraria y desaparición forzada de mi esposo Rafael Tudares Bracho, exijo una fe de vida de Rafael para verificar su verdadera situación, integridad y estado de salud, mediante visita personal que se me permita realizarle en el lugar donde lo tengan. pic.twitter.com/bn8MpxR00T
— Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) April 5, 2025
Una exigencia reiterada
A finales de febrero de 2025, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos instaron al Estado a informar paradero y situación de víctimas de esos hechos.
Los expertos denunciaron que “ante instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales, las víctimas recurren cada vez más a mecanismos internacionales para conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos, prevenir cualquier daño irreparable a su vida e integridad personal y buscar reparación”, señalaron las personas expertas.
Resaltaron además que las denuncias y recursos de habeas corpus intentados por ONG, familiares y abogados no están siendo procesados, y en ocasiones, ni siquiera aceptados.
Ante instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales, las víctimas recurren cada vez más a mecanismos internacionales para conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos, prevenir cualquier daño irreparable a su vida e integridad personal y buscar reparación”, señalaron las personas expertas.
El grupo advirtió sobre el “uso creciente de la desaparición forzada como un arma para silenciar a miembros de la oposición, personas percibidas como tales, activistas prodemocracia y personas defensoras de derechos humanos, busca generar un efecto disuasorio en toda la sociedad y se ve alimentado por la impunidad generalizada y la justicia selectiva”.
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