Once meses detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide de Caracas cumplió el periodista y defensor de Derechos Humanos, Carlos Julio Rojas.
Rojas fue arrestado el pasado del 15 de abril de 2024 y acusado de los delitos de terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa, según el fiscal general impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN chavista, Tarek William Saab.
Familiares, gremio periodístico y organizaciones de Derechos Humanos han solicitado la liberación de Rojas, además de denunciar la violación del debido proceso y el derecho a la defensa privada.
“Hoy más que nunca me duele ver a Carlos Julio preso injustamente con una condición inestable de salud e indefensión. Él es un hombre decente, que ha dedicado su juventud a trabajar por causas justas en favor de los ciudadanos”, expresó a través de las redes sociales Francy Fernández, esposa de Rojas.
“El derecho a la protesta y la libertad de expresión son acorralados por una política que busca la criminalización de la disidencia y la oposición”, escribió el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en su cuenta en X.
Medida cautelar para Rojas
Por considerar que se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”, en enero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al periodista
Asimismo, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado de acción urgente por la libertad de Rojas y otros presos de conciencia para quienes pidió protección a su vida, seguridad y a no sufrir torturas mientras estén bajo custodia del Estado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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