Al menos 82 Organizaciones No Gubernamentales denunciaron este 26 de marzo que la detención arbitraria, desaparición forzada y violación al debido proceso judicial de Rocío San Miguel no solo forma parte de la «violación» sistemática a los derechos humanos, «sino que también tienen implicaciones de género significativas, intensificando la violencia que enfrentan las mujeres en Venezuela».
«La detención de su familia y la violencia psicológica hacia ella y su hija, hacen parte de los patrones de violencia política de género denunciados por organizaciones de la sociedad civil venezolana», dicen las instituciones de la sociedad civil en un comunicado.
En febrero el gobierno de Nicolás Maduro detuvo a San Miguel, a cuatro de sus familiares y a su exesposo, Alejandro González. Ha pasado un mes y San Miguel y González siguen privados de libertad, sin poder acceder a sus abogados defensores ni recibir visitas.
«Las organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente la política de represión y cómo afecta de forma diferenciada a las mujeres, ya que, entre otros motivos, el efecto silenciador y de amedrentamiento es especialmente pernicioso y efectivo cuando las mujeres identifican un posible impacto sobre su círculo familiar o las personas a su cargo», reiteran las ONG, aludiendo que el caso de San Miguel «refuerzan y avalan este temor».
Advierten que el Estado venezolano está «criminalizando la labor de los defensores de derechos humanos, especialmente de las mujeres defensoras, (…), que llevan la carga desproporcionada de la emergencia humanitaria compleja, se ven más afectadas».
Hasta la fecha, el gobierno madurista ha detenido arbitrariamente a 20 mujeres, según la ONG Foro Penal. Todas ellas consideradas presas políticas: sin acceso a un proceso judicial acorde a los DDHH y las leyes venezolanas ni acceso a la salud y alimentación.
