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Más de 8900 víctimas apoyan que CPI reanude y amplíe investigación en Venezuela

CPI Venezuela
Yakary Prado
21/04/2023
Al menos 8900 víctimas apoyan que el fiscal de la CPI reanude la investigación “incluso más allá del alcance previsto” en  la Situación Venezuela I y que incluya otros crímenes de lesa humanidad
En la “gran mayoría” de los formularios transmitidos a la CPI por las víctimas venezolanas se pidió investigar otros crímenes como asesinatos ocurridos en diversos contextos, desplazamiento forzado y delitos contra categorías de víctimas específicas como grupos indígenas, trabajadores petroleros, mineros y jubilados

 

Al menos 8900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones apoyan mayoritariamente que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) reanude e incluso amplíe la investigación por crímenes de lesa humanidad contenidos en la Situación “Venezuela I”

El pasado 20 de abril, la Corte Penal Internacional publicó la versión editada del informe de la  Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS). Precisaron que recibieron al menos 1.875 solicitudes con las opiniones e inquietudes de las víctimas.

Como se recordará, en noviembre de 2022, la Sala de Cuestiones Preliminares ordenó a la VPRS compilar las opiniones y observaciones de las víctimas con respecto a la solicitud del fiscal de continuar con las investigaciones en Venezuela. 

Posteriormente, se habilitó un formulario para que las víctimas pudieran enviar dichas opiniones y observaciones. Se fijó inicialmente como fecha límite el 7 de marzo de 2023.

Pero, tal y como lo afirma la misma corte, “a la luz de un número sin precedentes de opiniones y preocupaciones de las víctimas” que recibieron, se extendió el plazo de llenar el formulario hasta el 20 de abril de 2023. 

La VPRS recibió observaciones de víctimas de todos los crímenes de lesa humanidad, en particular, según destaca la ONG Provea, de “asesinatos, encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física, torturas, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual y desapariciones”.

Los documentos fueron clasificados como confidenciales, por cuanto pueden conducir  la identificación de las víctimas potenciales de los hechos investigados en la situación “Venezuela I”. 􀀿􀁆􀁊

“No son hechos aislados”

En el documento en el que publicaron hallazgos sobre este período de consultas la CPI destacó que, con base en el material recibido, las víctimas venezolanas “apoyan abrumadoramente la solicitud” de continuar con la investigación.

Argumentaron los participantes en la consulta que “el gobierno venezolano no está dispuesto a investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos” y que existe “total impunidad, por parte de las autoridades del Estado, las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos’ “.

Por su parte Alerta Venezuela DDHH, un equipo de análisis e incidencia internacional en DDHH, recalcó que las “miles de víctimas sin justicia” que hay en Venezuela confirman que la violación a los derechos humanos en el país “no son hechos aislados”.

La impunidad campea por doquier

La CPI también enumeró los principales factores que motivan a las víctimas a pedir que continúe la investigación en Venezuela. Entre algunos de los expresados por las víctimas están: 

  • Se necesita una investigación urgente por parte de un tribunal internacional imparcial porque los procesos internos no son genuinos
  • Falta percibida de independencia judicial e imparcialidad
  • Medidas de reforma judicial en Venezuela son limitadas
  • Grave preocupación de las víctimas sobre la real disposición del gobierno para investigar y enjuiciar genuinamente los crímenes
  • Retraso considerable e injustificado entre la comisión del presunto delito y la apertura de la investigación, o entre esta última y la adopción de medidas
  • Fragmentación significativa y retraso sustancial en la realización de escasos trámites dentro del país
  • Procesos inactivos hasta 2021 y 2022 y que se iniciaron en torno a este tiempo en coincidencia con la solicitud de la información de la CPI
  • Víctimas indirectas de los asesinatos han sido desatendidas, amenazadas por las autoridades o, incluso, forzadas a salir del país.
  • Autores procesados con juicios que los protegen de su responsabilidad y los superiores responsables de los casos todavía gozan de impunidad.􀁊􀁀􀁋􀀸􀀁􀀁􀁌􀁅􀀸􀀁􀀁􀁀􀁅􀁍􀀼􀁊􀁋􀁀􀀾􀀸􀀺􀁀􀁘􀁅􀀁􀀁􀁌􀁉􀀾􀀼􀁅􀁋􀀼􀀁􀀁􀁇􀁆􀁉􀀁􀀁􀁇􀀸􀁉􀁋􀀼􀀁􀀁􀀻􀀼􀀁􀀁􀁌􀁅􀀁􀀁􀁋􀁉􀁀􀀹􀁌􀁅􀀸􀁃􀀁􀀁􀁀􀁅􀁋􀀼􀁉􀁅􀀸􀀺􀁀􀁆􀁅􀀸􀁃􀀁􀀁􀁀􀁄􀁇􀀸􀁉􀀺􀁀􀀸􀁃

Ampliar la investigación de la CPI en Venezuela

La CPI concluyó, tras este proceso de consultas, que las víctimas venezolanas apoyan mayoritariamente la reanudación de la investigación de la CPI, incluso más allá del alcance previsto.

Resaltaron que en la “gran mayoría” de los formularios transmitidos se pidió que se investiguen también otros crímenes de lesa humanidad como asesinatos ocurridos en diversos contexto, desplazamiento forzado por crisis humanitaria y persecución política.

“Un gran número de formularios también se refieren a delitos contra contra categorías de víctimas específicas, como grupos indígenas, trabajadores petroleros, mineros y jubilados”, se lee en el documento de la CPI. 

Como se recordará la Situación Venezuela I se centra en crímenes de lesa humanidad de privación de libertad u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación y/o otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución por motivos políticos contra personas detenidas a partir de abril de 2017 en el marco de las protestas antigubernamentales y por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (colectivos).

Es por esto que las víctimas que respondieron el formulario piden que en la investigación de la CPI sobre Venezuela también se incluyan los asesinatos cometidos en las protestas, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos ocurridos en el contexto de las detenciones.

Sobre el desplazamiento forzado, la CPI destacó en su documento algunas citas representativas de las víctimas venezolanas, que afirman que la Corte debe examinar con detenimiento este delito porque el Estado lo utilizó “como política sacar del país a jóvenes ente que quería un cambio de Gobierno”  y porque muchos de los participantes de protestas entre 2014 y 2017 tuvieron que emigrar a otros países para evitar represalias. 

En los testimonios también figuró, y así lo resalta la CPI, la petición de que se investiguen las sumas “irrisorias” pagadas a la población jubilada venezolana, que los priva de obtención de medicamentos y medicinas.

“Pedimos a los jueces que ordenen al Fiscal ampliar la investigación de  la situación Venezuela para cubrir también el delito de exterminio“, refleja la cita textual del testimonio de una víctima compartido por la CPI. 

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