Abraham Quiroz era uno de los cientos de venezolanos que participaban regularmente en las protestas de 2017. Acompañado por su madre salía a las calles de Maracay, estado Aragua, a expresar su descontento por la crisis nacional. Su padre se preocupaba y le transmitía su angustia. Y aunque trataba de no exponerse, dejar de manifestar no era una opción para él.
El sábado 2 de julio, el joven de 18 años jugaba fútbol desde muy temprano en el complejo deportivo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Las protestas antigubernamentales -y la represión de los cuerpos de seguridad del Estado- llevaban más de tres meses, luego de dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
Unos estudiantes, entre ellos algunos amigos de su infancia, decidieron hacer vigilia ese día en la cancha del recinto universitario. Al grupo se unió la novia, quien estaba embarazada, y la madre de Abraham.
Una fuerte lluvia no los dejó irse a casa entrada la noche. Sin embargo, no había de qué preocuparse, consideraban que estaban en un sitio seguro. Pero a las tres de la mañana, un vigilante les advirtió que una “gente rara” estaba tratando de meterse a la universidad. Todos se asustaron. Intentaron pedir ayuda, pero no pudieron comunicarse.
Oyeron un gran estruendo y lo siguiente que vieron fue un grupo corriendo hacia ellos de forma amenazante y agresiva. Personas identificadas como efectivos de seguridad, civiles, unos estaban encapuchados, otros sin nada que les cubriera el rostro. En las manos tenían armas largas, tubos, palos, objetos contundentes.
La multitud se abalanzó al grupo de la vigilia. Hubo gritos, golpes, patadas, amenazas, las mujeres eran manoseadas, a los hombres los arrastraban por el suelo, a otros los amordazaron. La sangre se confundía con la ropa, libros, zapatos, colchonetas. No escucharon disparos, pero no hizo falta. La escena era aterradora.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) también hizo acto de presencia en el gimnasio. Entró al lugar en furgonetas, en las que metieron a todos para llevarlos detenidos. A la novia y la madre de Abraham la dejaron libres, pero la mayoría no tuvo tanta suerte. Estuvieron en la comisaría hasta el martes.
Abraham se llevó la peor parte del asalto: tenía tres heridas abiertas en la cabeza, no se podía mover por algunas costillas rotas y un ojo morado. No recibió atención médica, a pesar de las exigencias de los abogados del Foro Penal Venezolano, quienes les hicieron seguimiento al caso.
En un proceso “exprés”, los jóvenes fueron imputados por un tribunal castrense que se instaló esa misma madrugada. El juez de Control Militar ordenó cárcel para los 27 capturados dentro de la UPEL de Maracay. Fueron condenados por los delitos de instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, violación de zona de seguridad y destrucción de fortaleza.
A las cinco mujeres del grupo y a un hombre con discapacidad les dieron arresto domiciliario. Al resto los dividieron en dos grupos: 10 fueron enviados al Centro de Procesados Penales 26 de julio en el estado Guárico. Los 11 restantes fueron al Centro Penitenciario de la Región Centro Oriental en el estado Bolívar.
Abraham estaba en el segundo grupo: fue recluido en El Dorado, al sur del país, a más de 1000 kilómetros de su hogar.
A merced del paludismo
“Ese muchacho va a llegar muerto a El Dorado”, dijo sobre Abraham Quiroz uno de los custodios que trasladaban el grupo de estudiantes al centro penitenciario ubicado en una zona selvática. Al joven le costaba respirar. Con 18 años, era el menor del grupo.
Fue enviado a la enfermería y ahí estuvo por tres días. Le suturaron una única lesión de casi 10 cm, le dieron dos aspirinas. Nada más.
Los 11 estudiantes fueron encerrados en uno de los tres pabellones de El Dorado, en un espacio de cubículos abiertos con salida a un patio. No fueron mezclados con presos comunes.
Dormían en el suelo, rodeados de insectos y ratas. La comida que les servían era precaria, en ocasiones parecían descompuesta. Aunque al principio evitaban probarla, el hambre los venció. Lo mismo pasaba con el agua: atormentados por la sed, bebían de una especie de tanque de agua estancada que estaba en el centro de su celda.
Los familiares de los jóvenes no se quedaron de brazos cruzados. Entre todos se organizaron para mejorar el estado de reclusión de los universitarios y para proteger, sobre todo, su salud. Durante el tiempo que estuvieron en El Dorado, dos estudiantes sufrieron de malaria, la mayoría se contagió de sarna, sufren de diarreas constantes y a uno le dio hepatitis.
También hacían lo que podían por irlos a visitar. Pero cada viaje, atravesando el territorio para llegar al sur, representaba un esfuerzo económico y humano muy grande. No todos podían hacerlo. Por ser zona minera, tenían que pagar importantes sumas de dinero.
A los tres meses, les llegaron rumores de un traslado. Se mostraron incrédulos hasta que efectivamente fueron llevados a la cárcel de Tocuyito, en Valencia, estado Carabobo. Ahí estuvieron 12 días y después fueron transportados a una comandancia de PoliAragua, donde esperaban que se realizaría su audiencia.
El tribunal militar les dio medida sustitutiva de libertad, pero el tormento no terminó ahí: a pesar de haber firmado boleta de excarcelación, PoliAragua no acató la orden de la justicia castrense y los detuvo. Debían presentarse ante el Palacio de Justicia de Maracay para ser juzgados por un tribunal civil ordinario. Víctimas de un doble juicio, dos presentaciones por un mismo delito.
El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de 2017, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341, como parte de la represión y criminalización de la protesta que tuvo lugar ese año. Nada más en el mes de julio, cuando fue detenido Abraham Quiroz en Maracay, se produjeron 1414 detenciones.
Durante las manifestaciones, el número de personas civiles juzgadas ante tribunales militares también aumentó. “En total, 609 ciudadanos civiles han sido procesados en la jurisdicción penal militar, mientras que 372 de ellos han sido privados de libertad (entre abril y julio) mediante órdenes judiciales emitidas por tribunales militares, negándosele su derecho constitucional al juez natural”, reza un informe de la organización con fecha de finales de julio de 2017.
La práctica representa una violación al derecho al juez natural y al debido proceso de los ciudadanos civiles, consagrado en la Constitución.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló que las fuerzas de seguridad del Estado venezolano utilizaban las “detenciones arbitrarias e ilegales como una de sus principales herramientas para intimidar y reprimir a la oposición política o a cualquier persona que manifieste su disidencia o descontento”. Además, indicaron que las condiciones de detención no cumplían con “las normas internacionales básicas para el trato humano de los detenidos, y que a menudo constituían en sí mismas un trato cruel, inhumano o degradante”.
Para el momento de su liberación, Abraham no había conocido a su hijo ni había podido compartir con su padre. Se siente retraído, temeroso, sin entusiasmo. “Yo soy otra persona y tú me tienes que ayudar. Tengo miedo por lo que pasó, por lo que pueda pasar, tengo mucho miedo”, le expresó a su padre. A pesar de lo ocurrido y de que muchos de sus compañeros emigraron, él decidió quedarse.
Pero al ver que los cuerpos de seguridad del Estado frecuentaban los alrededores de su casa sin motivo, cambió de opinión: un día se despidió de su padre en Cúcuta, en la frontera con Venezuela.
Sus planes de ser chef quedaron en pausa. Tiene la esperanza de reunirse con su hijo y reencontrarse con su padre. Aunque lo difícil ya pasó, el miedo que siente no se ha ido.
N de R: El testimonio forma parte del informe: Voces bajo represión: diez historias contra la impunidad en Venezuela, disponible en el portal de Cofavic, en el siguiente enlace
