La ONG Provea considera que la persecución aumentará en vista que el gobierno quiere desmovilizar a la ciudadanía en un año electoral
Para el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la detención de diputados este 10 de marzo responde a una política del gobierno de Nicolás Maduro para generar desconfianza en eventual una salida electoral a la crisis venezolana.
“Este año vamos a tener varios episodios de hostigamiento y persecuciones a dirigentes políticos y sociales porque el gran objetivo es que la ciudadanía se inhiba de participar en elecciones”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea.
Luego de la marcha convocada por el presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó este 10 de marzo, los diputados Renzo Prieto, Angel Torres y Zandra Castillo fueron detenidos por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Posteriormente, Torres y Castillo fueron liberados. De Prieto se desconoce el paradero.
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Uzcátegui sentenció que el efecto de puerta giratoria denunciado por la organización Foro Penal podría continuar en 2020.
“Hay la posibilidad de que algunas personas sean liberadas en el contexto de una consulta electoral, pero a la vez, otros líderes políticos y sociales van a ser encarcelados”, dijo Uzcátegui.
El coordinador general de Provea sostuvo que será un año cuesta arriba para la sociedad independiente.
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“Van a promover diferentes normativas para limitar la cooperación internacional con las organizaciones que en Venezuela defienden los derechos humanos y es probable que castiguen de alguna forma a las personas vinculadas con las medidas económicas unilaterales contra el gobierno”, indicó Uzcategui.
La estrategia es descalificar
De acuerdo a Uzcátegui, la respuesta de la administración de Maduro a la reciente actualización oral del informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela, es continuar insistiendo en que ese organismo carece de toda la información y sus conclusiones son sesgadas.
“Del informe de este martes 10 se desprende la persecución por razones políticas, la prohibición de hacer sesiones en la Asamblea Nacional y el hostigamiento a periodistas, miembros de ONG, sindicalistas y manifestantes”, aseveró Uzcátegui.
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El coordinador general de Provea recordó que pese al compromiso del gobierno de Maduro, no se le ha permitido el acceso a centros de detención de presos políticos a miembros del Alto Comisionado de DDHH de la ONU. “No tenemos respuesta por parte de los organismos públicos en materia de derechos humanos. Se siguen recibiendo denuncias de torturas en la Dgcim”, dijo.
Uzcátegui informó que para junio está prevista la divulgación de un informe especial por parte del Alto Comisionado de DDHH de la ONU en referencia a los derechos civiles y políticos y el arco minero del Orinoco.
