DESPUÉS DE UN AÑO DE TRABAJO y recopilación de cientos de documentos y testimonios, la semana pasada fue remitida a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una denuncia suscrita por la Asociación Cuban Prisoners Defenders, que preside Javier Larrondo, y la ONG Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), un exhaustivo documento denunciando al Gobierno de Cuba.
Raúl Castro, al frente del gobierno cubano entre 2006 y 2018 –y en la actualidad primer secretario del Partido Comunista–; y Miguel Díaz-Canel, presidente desde abril de 2018. José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Bruno Rodríguez Parrilla de Relaciones Exteriores y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández, son los miembros del régimen cubano acusados por «la comisión de crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos recogidos» en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
La denuncia, de cuya recepción acusó recibo la CPI este lunes y ha sido presentada este martes a la prensa desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, abarca un periodo comprendido entre el año 2002 hasta la actualidad y se centra en los abusos a que han sido sometidos miles de trabajadores, especialmente médicos, que se han visto forzados, en su mayoría, a participar en las conocidas como Misiones de Internacionalización, muchas de las cuales están amparadas por Convenios internacionales.
El presidente de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo, explicó que la denuncia «Ha tomado casi un año de trabajo de documentación en donde empezamos con una perspectiva global de crímenes de lesa humanidad y entendimos en un momento determinado que Cuba tenía una vulnerabilidad en su accionar al exportar su esclavitud a terceros países que tenían convenios y tratados que protegen los derechos de todos los habitantes en ellos incluidos los cubanos. Fue entonces cuando nos centramos en las misiones y en los trabajos en el exterior de Cuba y descubrimos que ejercita las mismas violaciones de Derechos Humanos sobre los trabajadores que ejercitan dentro de la isla. Nos dimos cuenta que teníamos jurisdicción y competencia en numerosos foros y que el gobierno era por fin vulnerable ante la verdad jurídica».
Estas misiones han servido para llevar los cuidados médicos a poblaciones remotas y a personas carentes de recursos, pero también para el enriquecimiento del Gobierno de Cuba a costa del trabajo de miles de médicos, según pretende demostrar la denuncia. Estos han recibido una parte mínima de su salario, entre el 10% y el 25% del salario acordado entre el régimen cubano y el país en el que prestan servicio, reembolsándose el régimen cubano entre el 75% y 90% restante. A esta violación de sus derechos económicos se suma las condiciones de vida a la que han sido sometidos, como un estricto control –prohibición para conducir, control de pernocta, de movilidad, de horarios, vigilancia electrónica–, además de haber sido víctimas de persecución y amenazas si no cumplían las exigencias del régimen o abandonaban la misión.
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