La propuesta de Fernández Marugán tiene lugar tras constatar el alto número de solicitudes de protección internacional de esta nacionalidad pendientes de resolver -17.969 a finales de junio- y la “casi nula” tasa de reconocimiento de la condición de refugiado, ya que solo se concocieron tres estatutos de asilo, informó hoy la institución.

Según datos de la oficina de estadística de la Unión Europea (Eurostat) citados por la oposición venezolana en España, 10.350 venezolanos solicitaron protección internacional en España en 2017 y 11.805 lo hicieron hasta septiembre de este año, pero las autoridades solo admitieron 26 solicitudes de asilo, 15 en 2017 y 11 en lo que va de año.

La declaración de protección temporal, que tiene una duración de un año prorrogable hasta un máximo de tres, está prevista en la legislación española para casos de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países no miembros de la Unión Europea que no puedan regresar al suyo en condiciones seguras y duraderas.

Con ella, los venezolanos que están en España, añade el Defensor, podrían disfrutar de derechos como libertad de circulación y de residencia, del permiso de residencia, autorización de trabajo o acceso a servicios sociales y sanitarios en caso de no disponer de recursos suficientes.