VENEZUELA SERÁ FOCO EL MARTES 24 de tres audiencias en el 165° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se lleva a cabo desde este lunes en Montevideo, Uruguay.
La primera es acerca del derecho a la educación en Venezuela (solicitada por el propio gobierno de Maduro) donde participarán miembros de las universidades (UCAB, Metropolitana, LUZ, Los Andes, Carabobo), así como la Asociación Civil Asamblea de Educación, Aula Abierta Venezuela, Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, entre otros.
La segunda será sobre la institucionalidad democrática y en ella intervendrán activistas de Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), Transparencia Venezuela y Proiuris.
Para la tercera acerca de violencia, seguridad ciudadana y libertad de expresión se espera la participación de Una Ventana a la Libertad, el Observatorio Venezolano de Prisiones, Foro Penal Venezolano, Espacio Público, Centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
En todas, el Estado venezolano tendrá derecho de palabra.
Nizar El Fakih, abogado y director de la organización no gubernamental Proiuris, calificó de particular las dos convocatorias. «La decisión del órgano es discrecional y pudo estar condicionada por el número de peticiones por parte de la representación del Estado venezolano o de la sociedad civil ante la coyuntura que se vive en el país», dijo.
El Fakih señaló que las audiencias públicas comprenden un esfuerzo de la CIDH para promover mecanismos de encuentro que conduzcan a soluciones a la crisis a través de mecanismos de mediación de conflictos, encuentros de diálogo entre los Estados y posibles víctimas de derechos humanos.
Por su parte, Edison Lanza, relator especial para la Libertad de expresión de la CIDH, destacó la crisis que se vive en Venezuela, donde las manifestaciones en contra del Gobierno dejaron cientos de muertes.
«Fueron convocadas de oficio porque en la CIDH estamos elaborando un informe de país sobre Venezuela y entonces hay un interés especial en recibir información de las organizaciones de la sociedad civil y del Estado sobre lo que está sucediendo con esos temas en ese país», explicó María Isabel Rivero, jefa de la oficina prensa de la CIDH.
La funcionaria destacó que «tres de cada cuatro» asesinatos a defensores de DD.HH. en el mundo ocurrieron en América, por lo que al organismo le «preocupa cada vez más» el tema, con un foco en «la utilización de mecanismos más sofisticados como el uso del derecho penal para criminalizar a los defensores».
Rivero indicó en síntesis que «la mayoría» de las audiencias fueron solicitadas por organizaciones de la sociedad civil, aunque hay una sobre educación que fue solicitada por el Estado de Venezuela y otorgada al mismo.
«Lo notable es que no se trata de una audiencia solicitada por una organización de la sociedad civil, una víctima o un Estado miembro de la OEA. Se trata de una que ha sido pedida por la misma Comisión y esto no lo hace con frecuencia. Si no estuviera especialmente preocupada, con información sólida que sugiera violaciones de derechos humanos, la CIDH no las convocaría», señaló Héctor Faúndez, abogado y experto en los procedimientos que rigen el sistema interamericano de derechos humanos.
Faúndez informó que la intención de estos encuentros es escuchar a las partes, tanto las víctimas como al país, recabar y analizar la información. Una vez que se obtengan esos datos, la Comisión deberá determinar si las denuncias son ciertas, si se justifica incorporar al país al capítulo IV del Informe Anual de la CIDH (la llamada lista negra), si debe elaborar un informe especial acerca del país, o incluso, tomar acciones preventivas a favor de las víctimas.
«La información no es para fines académicos es para que la Comisión pueda tomar medidas en relación con esos hechos», insistió.
