La ONG aseguró que el Estado venezolano no ha cumplido ninguna de medidas solicitadas por la CIDH en el caso
La ONG Fundaredes denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) las vulneraciones de las que, aseguró, ha sido víctima su director, Javier Tarazona, en prisión desde hace 613 días, acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria, informó este martes la organización.
En un comunicado de prensa, la ONG indicó que, durante su participación en el 186 periodo de sesiones de audiencia pública de la CIDH, denunció que Tarazona «ha sido víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes posteriores a su detención».
La denuncia ante la CIDH tuvo lugar en Los Ángeles, California, Estados Unidos. La Comisión otorgó una medida cautelar en favor de Tarazona el 30 de octubre de 2022. Los representantes de la ONG venezolana aluden a que el activista por los Derechos Humanos no tiene garantías judiciales y sanitarias.
Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sujetos sin identificar, denunció Fundaredes.
«Por el riesgo en el que se desenvolvía el director de Fundaredes, Javier Tarazona, y por el contexto de riesgo en el país, la CIDH consideró otorgarle la medida cautelar, sin embargo esta fue omitida por el Estado, ya que continuaron los amedrentamientos y hostigamientos contra su persona, seguidos de su detención», puntualizó la directora encargada de Fundaredes, Clara Ramírez.
Tarazona sin atención médica
La ONG recordó que su director debe recibir atención médica, pues padece de «hipertensión arterial, arritmia cardíaca, hiperinsulinismo, insuficiencia venosa grado 2, asma, alergia permanente, fibrosis pulmonar severa, colon irritable, tensión ocular, soriasis, blefaroespasmos, fisuras rectales y alopecia como consecuencia de la limitada exposición al sol».
En este sentido, aseguró que el «Estado venezolano no ha cumplido» ninguna de medidas solicitadas por la CIDH en el caso de Tarazona, por lo que instó a que se respeten los derechos de este activista «detenido de forma arbitraria».
«En cuanto al proceso penal donde se le imputan los delitos de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo, se informó a la CIDH que se está llevando a cabo la audiencia de juicio oral y público de Javier Tarazona, así como de Rafael Tarazona y Omar de Dios García, la cual fue interrumpida en octubre de 2022, reiniciando desde cero en diciembre», se lee en la nota de prensa.
El pasado 22 de febrero, Fundaredes pidió al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk —quien visitó Caracas a finales de enero— que califique como arbitraria la detención de Tarazona.
Garantizar la libertad de asociación
El 6 de marzo, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) llamaron al gobierno de Nicolás Maduro a «garantizar la libertad de asociación de las organizaciones de la sociedad civil».
A través de un comunicado, la CIDH y la RELE expresaron su preocupación por el avance del proyecto de ley que «limita la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos en Venezuela».
De acuerdo con los organismos internacionales, este proyecto de ley «otorga a las autoridades del Estado la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen, en su criterio, de actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República».
Mientras tanto, los organismos multilaterales consideran necesario que los «cuenten con organismos competentes para su registro sin limitar arbitraria y desproporcionadamente dicha libertad».
*Con información de EFE
