Por Una Ventana a la Libertad

Unos 2.000 privados de libertad del estado Nueva Esparta, quienes se encuentran detenidos en distintos centros penitenciarios de todo el país, no pudieron ejercer el derecho al voto en las elecciones presidenciales celebradas este 20 de mayo de 2018 por no estar en su jurisdicción.

El estado insular solo cuenta con un centro en su territorio, el Internado Judicial de San Antonio, que fue desalojado por las autoridades en febrero del 2016. Desde entonces solo han sido rehabilitados dos anexos en los que hoy se encuentran 100 mujeres y 100 hombres. La alta comisionada de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del Ministerio, Milka Olivero, informó que quienes están facultados para votar en este recinto, así lo hicieron y sin ninguna dificultad, pues se envió una máquina para ello.

Aunque se desconoce con exactitud cuántos están penados y cuántos procesados, de los aproximadamente 1.500 que hay en los centros de detención preventiva (donde legalmente solo deberían permanecer por un máximo de 48 horas) ninguno pudo sufragar porque no existen las condiciones para ello.

Familiares de los reclusos confirmaron esta situación y afirmaron que esta realidad representa una violación más a sus derechos, que ya están siendo violados al permanecer en condiciones “infrahumanas” de hacinamiento y enfermedades por falta de una cárcel formal en Nueva Esparta.

En días pasados la presidenta del Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias, Marielys Valdez, declaró a través del programa radial “No te prives”, transmitido por Radio Miraflores 95.9 fm, que quienes se encuentran en condición de procesados, aun sin sentencia condenatoria, pueden ejercer su derecho al sufragio. “Las personas procesadas no tienen limitación para ejercer el voto, no existe ninguna regulación, en ninguna ley con base política, que impida que la persona que se encuentra en un proceso penal pueda ejercer su voto. Las personas penadas sí están inhabilitadas para ejercer el sufragio”, dijo entonces.

De igual forma, subrayó que el Estado debe garantizar que las personas procesadas que quieran ejercer el derecho al voto puedan hacerlo, a través de la supervisión y la conducción de las autoridades correspondientes de traslados.