Las "perlas" que soltó el Estado venezolano ante la ONU
Las «perlas» que soltó el Estado venezolano ante la ONU

LOD

El gobierno de Venezuela acudió a la segunda sesión del Examen de Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), celebrada el martes 30 de junio de 2015, con una serie de argumentos que bien podrían estar agrupados en una carpeta que se llamara “la revolución bolivariana es buena porque yo lo digo”.

Los comisionados ignoraron las acusaciones de estar tejiendo una conspiración contra Venezuela desde el exterior, aseguraron que utilizan la misma metodología para evaluar a todos los estados miembros y aclararon que hacían muchas preguntas porque la opacidad de la información pública en el país los dejaba con dudas sustanciales. Sobre el caso de la jueza María Lourdes Afiuni recibieron respuestas incomprensibles.

Los evaluadores pidieron estadísticas, datos, cifras que corroboraran que en Venezuela se respetan las garantías democráticas, que la disidencia puede desarrollarse libremente, que las minorías encuentran un espacio en la sociedad. Los que parecían ser representantes del gobierno, más que del Estado, se limitaron a contrastar 1998 con 2015 y a enumerar las bondades de la revolución.

Lea a continuación algunas las “perlas” que dijeron los funcionarios:

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República:

-«La cifra oficial de homicidios en 2014 fue de 62 homicidios por cada 100 mil habitantes».

-«Toda persona puede entrar a ver los juicios de Leopoldo López y Daniel Ceballos. Está en proceso de juicio oral y público que es abierto a todos excepto las limitaciones de espacio».

-«Leopoldo López y Ceballos tienen acceso a médicos de su confianza».

-«Venezuela no le da facultades de policías a las fuerzas militares. Estamos en un etapa transitoria de planes de seguridad».

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William Castillo, presidente de Conatel:

-«Es indemostrable que en Venezuela se bloquea Internet».

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-«En Venezuela nunca como ahora hubo tanta libertad de expresión».

-«No es una política de Estado bloquear sitios web, pero, legalmente 1060 sitios han sido bloqueados por requerimiento de otras autoridades».

-«El Estado controla el papel porque los periódicos lo compraban y lo revendían».

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Rubén Molina, director de Asuntos Multilaterales de la Cancillería:

-«Las ONG tienen toda la libertad de acción, ejercen sin dificultades el derecho a la asociación».

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-«Los defensores de DDHH no son neutrales, accionan políticamente elaboran informes que no son ingenuos, toman posición. Por lo tanto se les responde políticamente, no se les acosa».

Marjorie Calderón, juez

-«El Tribunal Supremo de Justicia es un órgano independiente».

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-«Tanto jueces los permanentes como provisorios tienen total estabilidad laboral , gozan de los beneficios laborales».

-«El TSJ está consciente de regular la titularidad de los jueces, pero los exámenes para evaluarlos son muy complejos».

Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de DDHH

-«No hay hacinamiento en las cárceles venezolanas».

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-«No es cierto que tengamos las cárceles más peligrosas del continente. Las muertes han descendido desde su aplicación. En 2015, suman 111 presos fallecidos».

-«Los colectivos son organizaciones de base no son pandillas».

Isis Ochoa, comisionada presidencial para La Paz

-«Los colectivos no son pandillas, son grupos de profesionales».

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-«Todos los países del mundo están sometidos a la pobreza material y espiritual».

-«Hemos velado por la participación política de la comunidad sexodiversa».

-«Se está haciendo una consulta pública nacional para un debate nacional para la propuesta de Ley del Matrimonio Igualitario».

-«Al detener algún niño se sigue un protocolo como lo es la Medida de Protección. No se amarran, ni se les pega a los niños».

-«En materia de pobreza existe un sistema de prevención de protección social porque a la fecha se han creado nuevas misiones».

-«Los niños de la calle son un fenómeno casi erradicado en Venezuela».

Carmen Zuleta, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia

-«No existe límite para que el Presidente dicte decretos ley,  leyes orgánicas con base en una Ley Habilitante».