300 víctimas del accidente tóxico de "La Ovallera" no reciben justicia dos décadas después

300 víctimas del accidente tóxico de “La Ovallera” no reciben justicia dos décadas después

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El viernes 20 de marzo se cumplen 22 años de uno de los accidentes laborales con peores consecuencias en el país. Trescientas personas resultaron intoxicadas en el Hospital José Antonio Vargas, mejor conocido como “La Ovallera”, en Palo Negro, estado Aragua, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

El accidente se produjo tras la mezcla de dos sustancias. Se realizó una fumigación de la zona del depósito y del comedor para evitar roedores y otro tipo de animales, al mismo tiempo que se desarrollaban los trabajos de limpieza del sistema de aire acondicionado de las instalaciones. La combinación se tradujo en la emanación de gases tóxicos que fueron inhalados por el personal que laboraba en el hospital y por los pacientes que ese día se encontraban allí. Ello provocó en estas personas patologías degenerativas que los acompañarían, en muchos de los casos, por el resto de sus vidas.

Algunas de las consecuencias en los pacientes fueron: mutaciones de su ADN, microinfartos cerebrales, descalcificación de los huesos, envejecimiento prematuro de las vísceras, depresión del sistema inmunológico, que no registra los síntomas normales de las enfermedades. El 90% de las mujeres expuestas a los químicos debieron ser sometidas a histerectomías a temprana edad.

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No se hacen responsables

“El Estado, particularmente el Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS), no termina de asumir su responsabilidad ante los centenares de personas afectadas, que tuvo como resultado dicho accidente”, asegura la organización de DDHH Provea, que realizó un balance sobre la situación actual de las víctimas.

“Durante la atención de la situación de emergencia derivada del accidente, si bien se tomaron medidas, éstas no fueron lo suficientemente efectivas para evitar daños posteriores. Se subestimó la gravedad de la situación”, afirma Provea. La noche del accidente, a pesar de haberse notificado a las autoridades del hospital sobre los hechos ocurridos, estas no se presentaron. Fue al día siguiente que realizaron la evacuación del hospital.

Medidas inconstantes

La Ovallera se clausuró debido a la masiva intoxicación que se desató el día 20 de marzo de 1993,  que en su momento fue una medida necesaria para evitar mayores daños. Sin embargo, once días después de lo ocurrido, el hospital fue abierto nuevamente y ello generó síntomas de intoxicación en las personas que allí se encontraban. Las puertas del centro asistencial volvieron a cerrarse el 23 de abril, casi un mes después.

Víctimas exigen justicia

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En 1996 muchos afectados evaluaron la situación y se dieron cuenta que habían fallecido varios compañeros, por lo que decidieron organizarse. Así fue como conformaron el Comité de Afectados, con el apoyo de Provea, la Escuela de Formación Obrera (EFO) y la Asociación de defensa de los trabajadores incapacitados por accidentes de trabajo y enfermedades (Atrinca), que les asesoraron sobre cómo constituirse y reclamar sus derechos. Desde entonces iniciaron acciones de calle. La primera fue la toma de la Asamblea Legislativa del estado Aragua. Los avances fueron pocos.

En el año de 1999, 22 madres decidieron realizar la toma de la Catedral de Caracas. También interrumpieron una rueda de prensa del presidente del IVSS y tuvieron acceso a los medios de comunicación.

Estatus actual: pendiente

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Tras dos décadas del incidente, el Estado aún no ha reparado a la mayoría de las víctimas. A pesar de la evidente responsabilidad muchos de los afectados tuvieron que acudir a los tribunales para buscar justicia. En el año 2013, la Sala Político Administrativa dictó tres sentencias declarando “parcialmente con lugar” la responsabilidad demandada.

Sin embargo, no ha habido la disposición del IVSS a asumir la responsabilidad que le corresponde a pesar de las decisiones antes mencionadas y del exhorto que hace el tribunal en una de estas, donde recomienda reparar los “daños no solo a quienes han puesto en marcha los órganos de administración de justicia (…) sino a todos aquellos que habiendo resultado afectados por el evento tóxico, por cualquier motivo no han accedido a la jurisdicción”.

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