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IPYS: Diosdado Cabello criminaliza a medios y trabajadores en su programa «Los mazazos»

 

 

La organización IPYS Venezuela monitoreó del 3 octubre al 3 de diciembre de 2014 las transmisiones del espacio ‘Con el mazo dando’, conducido por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional en el que el dirigente acusó a 165 personas y organizaciones por supuestos delitos y acciones que calificó de irregulares.

 

Jesús Alberto Yajure | @albertoyajure

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), criminaliza a los medios y sus trabajadores en su espacio de opinión «Los mazazos» que transmite el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), indica un reporte del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela). La organización no gubernamental monitoreó dos meses de programación del espacio de opinión, transmitidos entre noviembre y diciembre de 2014.

IPYS documentó que durante 9 programas, difundidos en un período de dos meses, Diosdado Cabello acusó a 165 personas y medios, entre los que se cuentan diarios de circulación nacional, directores, editores, periodistas, fotógrafos, activistas, organizaciones no gubernamentales, dirigentes políticos de oposición, representantes de la Iglesia católica, estudiantes y universidades venezolanas.

 

Vea el reporte completo aquí «Los mazazos» contra los medios y la disidencia

 

El patrón de señalamientos revela un proceso de constante vigilancia y seguimiento hacia diversos actores: dirigentes de partidos políticos, miembros de organizaciones no gubernamentales, periodistas, dueños de medios de comunicación, líderes estudiantiles, miembros de la iglesia católica, autoridades universitarias, analistas políticos y económicos, ciudadanos detenidos y bajo procesos judiciales.

A pesar de que los acusados representan a diversos sectores sociopolíticos de Venezuela, tienen un elemento en común: ejercen funciones que desde el gobierno son consideradas subversivas, susceptibles de objeciones.

Las personas y organizaciones que aparecen reseñadas en el programa, frecuentemente, son tildadas como «la derecha», «los fascistas», «los desestabilizadores», «los amargados». Así los califica Diosdado Cabello para abonar la tesis de una supuesta conspiración en contra del gobierno. En los 9 programas analizados, IPYS Venezuela encontró 25 referencias de Diosdado Cabello, vinculadas a este argumento. Habló de «conspiración», «conspiradores», y acciones para «conspirar».

 

Las acusaciones buscaban criminalizar el trabajo de medios y periodistas, mediante el uso de informantes anónimos referidos por Cabello como «patriotas cooperantes». Bajo la lógica de Los Mazazos, la mayoría los señalamientos son arbitrarios, no están fundamentados en ninguna investigación previa que debería realizarse desde las instituciones del Estado venezolano.

Más allá de reprender o avalar conductas de las personas y organizaciones que han sido señaladas, IPYS Venezuela considera que las leyes nacionales establecen que son los organismos del poder moral y judicial los que están en competencia para llevar adelante cualquier procedimiento de averiguación si los casos los ameritaran. Éste es un rol que le corresponde a las instituciones de justicia y no de un programa de televisión que acusa y sentencia a ciudadanos, con la utilización de la plataforma del principal canal del Estado y desde la vocería del presidente del parlamento nacional y dirigente del partido político oficial.

El abuso del poder del Estado en materia de comunicaciones se hace evidente. Con «el mazo dando» revela una mezcla en la que los roles del Estado se distorsionan y aúpan la impunidad. Esa fusión se llega a naturalizar: el canal estatal actúa como el partido político oficial. Pero a su vez, se vuelven una sola las funciones del gobierno, el parlamento, los encargados de la justica y los órganos de inteligencia policial. Ante las acusaciones como las que se hacen recurrentes en el programa, los ausentes son el debido proceso y la independencia de los poderes públicos del país, garantías fundamentales de la democracia y que están establecidas en la Constitución Nacional.

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