Ni la destitución de Eduardo Cunha, ni la intención de anular la sesión de la cámara de diputados, ni la solicitud ante el Tribunal Supremo Federal, ni el retraso de la decisión de los senadores. A la presidenta brasileña le resultó inevitable convertirse en la segunda mandataria de ese país en ser enjuiciada. Aquí los porqués

@loremelendez

EL MOMENTO LLEGÓ DESPUÉS DE MESES DE ESPERA. Luego de ser condenada por los miembros de la Cámara de Diputados brasileña, los senadores de la nación decidieron llevar a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio político. Lo hicieron fundamentados en los señalamientos que la oposición formuló contra la mandataria: maniobras contables ilegales con las que maquilló los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificación de los presupuestos de la nación mediante decretos y acumulación de deudas para solicitar créditos a la banca pública. Ella lo negó todo. Su defensa, mientras tanto, sostuvo que se trató de meras faltas administrativas.

Para tratar de evitarlo, desde el gobierno y el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) se pusieron en marcha una serie de acciones: a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, lo destituyeron para que se continuaran las investigaciones en su contra por corrupción. De inmediato se designó en ese cargo a un antiguo aliado: Waldir Maranhão, del Partido Progresista (PP), quien intentó anular la votación de los parlamentarios que puso a Rousseff al borde del abismo del impeachment (término en Brasil usado para el juicio político), orden que a las pocas horas fue revertida. El último intento partió de la tolda oficialista, cuando ésta introdujo ante el Supremo Tribunal Federal la petición de la derogación de todo el proceso, solicitud que fue desoída.

Al final, ningún argumento pudo detener el destino de Rousseff y esto era predecible según los analistas y periodistas encargados de cubrir el tema. Semanas antes de esta jornada decisiva en el Senado, así lo había afirmado el editor de Política del diario Estado de Sao Paulo, Daniel Bramatti.

“Ya prácticamente nadie cree que Dilma pueda evitar su deposición por el Senado. Hay dudas sobre el plazo para que eso ocurra: la oposición tiene prisa, pero los aliados de la presidente hablan de la posibilidad de iniciar el proceso en septiembre. En ese momento, Dilma sería apartada de la Presidencia hasta que el Senado termine de juzgarla, en un plazo máximo de seis meses”, dijo Bramatti a Runrun.es.

Para el periodista, el juicio contra la Presidenta fue apalancado en parte por el aislamiento en el que está inmersa y la pérdida del apoyo que otrora tenía dentro del Poder Legislativo, amén de las protestas que han afectado su popularidad en continuo descenso: a finales de marzo pasado apenas tenía 10% de aprobación de acuerdo con un estudio publicado por Folha de Sao Paulo.

“Las calles empujaron a los políticos, que decidieron derribar al gobierno en vez de esperar por la casi cierta derrota del PT en el 2018. El desgaste de Lula (Luiz Inácio Lula Da Silva, ex presidente de Brasil), involucrado en la Operación Lava Jato, impulsó ese proceso”, agregó.

El golpe

Dilma Rousseff se ha amparado en la tesis del “golpe de Estado” para justificar su enjuiciamiento. Según ella, sus detractores la atacan sólo porque quieren arrebatarle el poder que detenta.

Los especialistas consultados echan por tierra ese argumento. Para Bramatti, existieron razones suficientes para que se aprobara el juicio político contra la mandataria, aunque anteriormente hubo una polémica ‘técnica’ sobre la causa, pues estaba en discusión si Rousseff había cometido o no un “crimen de responsabilidad” al retrasar pagos a bancos públicos. Esto, según la Constitución brasileña, era necesario para avanzar con el impeachment aprobado este miércoles.

Oscar Hernández, quien fue embajador de Venezuela en Brasil, opinó que la jugada de la oposición contra la Presidenta estuvo afianzada en la institucionalidad.

“El hecho de maquillar cifras y generar incertidumbre es mérito para que se active uno de los poderes, en este caso el legislativo, y solicite sanciones. La realidad es que se debe dar un mensaje a los países de la región, a los pueblos, para que tengan menos tolerancia al ver a los jefes de Estado utilizar el dinero público para fines privados. Cuando los Estados tienen instituciones autónomas, donde hay Estado de derecho, uno de los sectores está en la obligación de reaccionar. Y esto no es un golpe, esto no debilita la democracia”, señaló Hernández.

En esa misma línea, el internacionalista Carlos Luna desechó la idea de una componenda contra la mandataria. Se trata, puntualizó, de un movimiento contra “el sistema y las ideas que ella representa”.

“Las instituciones deben ser activadas por los dirigentes, por la elite política. Pero a diferencia del proceso político venezolano  —donde podemos ver que la tensión entre Populismo-Personalismo vs. Institucionalización, la ha ganado el populismo— en Brasil el fenómeno es totalmente contrario. Son las instituciones las que están siendo activadas para que se permita una salida ‘pacífica’ desde el poder”, dijo.

Pero dentro y fuera de Brasil hubo voces que salieron en defensa de Rousseff. A la cámara de diputados se le acusó de hacer un circo, en abril pasado, al aprobar el impeachment. Los señalamientos se enfocaron, sobre todo, en las maniobras del opositor Cunha, quien estaba siendo investigado por corrupción al tiempo que orquestaba el enjuiciamiento de la mandataria.

Detrás del impeachment no hay uno sino varios grupos con distintos objetivos. Eso lo advirtió el periodista Bramatti.

“Algunos tienen una agenda anticorrupción, otros son anti-PT y hay políticos interesados en alcanzar un poder que difícilmente conquistarían en elecciones. El vicepresidente (Michel Temer, distanciado de Rousseff) no tiene más de 2% en las encuestas para 2018. Otros grupos políticos quieren anticipar las elecciones presidenciales para eso, el Tribunal Superior Electoral tendría que anular la elección de Dilma y Temer. Hay una causa en la Justicia Electoral que acusa a los dos de irregularidades en la recaudación de recursos para la campaña de 2014. Y los empresarios —que apoyaron las más recientes protestas anti-Dilma— quieren cambios en la política económica que Rousseff no tiene ganas de cambiar o condiciones políticas para implementar”, aseveró.

Lo que viene

Tras la decisión del Senado, Dilma Rousseff debe ser separada de su cargo por un plazo de 180 días, mientras transcurre el juicio político en el que se decidirá si debe dejar su silla de manera definitiva. La Presidencia la ocupará el vicepresidente, Temer, hasta el 31 de diciembre de 2018. Es precisamente a este personaje a quien se le pretendía seguir un impeachment por corrupción, proceso que fue detenido por el destituido Eduardo Cunha.

El proceso de destitución definitiva de Rousseff podría ser interrumpido por las apelaciones que interpusieron, tanto gobierno y como oposición, ante el alto tribunal, en las cuáles se exige la revisión de varios aspectos del proceso. De acuerdo con AP, también «existe la posibilidad de que una corte, o incluso los propios magistrados o un juez por su cuenta, puedan intervenir» en el enjuiciamiento.

«Yo no creo que vaya a haber mayor convulsión», añadió Luna al ser interrogado sobre el destino del gobierno brasileño. Señaló que en el Tribunal Supremo Federal de la nación, muchos de los magistrados fueron nombrados por Rousseff, por lo que no extrañaría que muestren su apoyo a la mandataria mientras transcurre su alejamiento del poder.