Un juez federal dictaminó que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vulneró el derecho al debido proceso de alrededor de 200 venezolanos al deportarlos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
El juez James Boasberg ordenó que se les conceda la posibilidad de comparecer en una audiencia y dio plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan para permitir que los inmigrantes regresen a Estados Unidos o se les permita defender su caso frente a un tribunal.
Boasberg también certificó una demanda colectiva para que todos los migrantes enviados al Cecot en marzo del año pasado impugnen su designación como enemigos extranjeros de Estados Unidos.
Con la finalidad de enviar inmigrantes a El Salvador, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra.
Sin presentar pruebas de que pertenecían al Tren de Aragua, Trump acusó a los 200 ciudadanos de nacionalidad venezolana y los envió a El Salvador en concordancia con el presidente de ese país, Nayib Bukele.
“Este Tribunal declara que los demandantes no deberían haber sido expulsados de la manera en que lo fueron, prácticamente sin previo aviso y sin oportunidad de impugnar los fundamentos de su expulsión, en clara contravención de sus derechos al debido proceso”, escribió el juez en su dictamen.
A través de una demanda, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward argumentó que la deportación fue ilegal y que El Salvador encarceló a los venezolanos a cambio de un pago.
“No se puede permitir que la expulsión acelerada deje sin efecto este recurso legal (el hábeas corpus). Si el hecho de trasladar secretamente a personas a otro país fuera suficiente para anular el hábeas corpus, entonces el gobierno podría secuestrar a cualquiera en la calle, entregarlo a un país extranjero y, de esta manera, impedir cualquier posibilidad de recurso legal”, dijo en su fallo Boasberg.
Luego de meses de presión por parte de las familias de los migrantes, los venezolanos fueron devueltos a su país en julio de este año, en un intercambio de rehenes entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro.
“La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, dijo el juez Boasberg.
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