En Venezuela, la segunda mitad del 2024 estuvo marcada por las tensiones políticas y el clima represivo que trajeron las elecciones presidenciales del 28 de julio el anuncio de Nicolás Maduro como ganador de la contienda sobre Edmundo González Urrutia por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los conflictos se extendieron hasta 2025, cuando los primeros dos meses del año acumularon 74 detenciones de actores políticos, periodistas y activistas defensores de derechos humanos (DDHH), en el marco de la toma de posesión presidencial de Maduro el 10 de enero, pese al desconocimiento nacional e internacional.
Estos arrestos forman parte de los 276 arrestos contabilizados (solo con los perfiles mencionados arriba) desde los comicios. En total, han sido más de 2.000 las aprehensiones desde el 28J.
Gran parte de las detenciones se efectuaron sin órdenes de captura ni motivación explícitas. Algunas víctimas fueron interceptadas en las calles o sacadas de sus hogares por funcionarios del Estado, como fue el caso del dirigente político del partido opositor Voluntad Popular, Luis Somaza, secuestrado el 12 de febrero dentro ‘‘del lugar donde se encontraba resguardado por la persecución del régimen’’ en Distrito Capital, según el relato de su hermana, Valeria Somaza.
Somaza es exconcejal y exdirector de la presidencia del gobierno interino del opositor Juan Guaidó entre 2019 y 2023. Valeria Somaza manifestó que su hermano fue mencionado en el programa televisivo conducido por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, “Con el mazo dando”, tres semanas previas a su detención.
Este miércoles, 19 de febrero, familiares de Luis solicitaron una fe de vida del dirigente y conocer su lugar de reclusión.
Valeria Somaza expresó que teme por la vida de su hermano “(…) hago responsable al régimen por lo que le pueda pasar”.
🚨🚨🚨 | Valeria Somaza, hermana de nuestro líder Luis Somaza, denuncia el secuestro de su hermano del lugar donde se encontraba resguardado por la persecución del régimen.
Se cumplen más de 12 horas de su detención.
Su paradero es desconocido. #DóndeEstáSomaza pic.twitter.com/eDs7qs6ImO
— Voluntad Popular (@VoluntadPopular) February 13, 2025
Cabello acusó a Somaza de terrorista y apuntó que recibía financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – Usaid, por sus siglas en inglés-.
En una rueda de prensa este miércoles, el ministro volvió a nombrarlo: “Luis Somaza, me dicen que ha hablado de todo, y de todos y de todas”.
ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello afirma que el activista Luis Somaza “está cantando más que Pavarotti”.
“Luis Somaza, me dicen que ha hablado de todo, y de todos y de todas”, afirmó. https://t.co/rEssly3ZFg pic.twitter.com/kR2QAFzHbq
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) February 20, 2025
Diez días antes, el dirigente del partido Unión y Progreso, Danis Anulfo “Lenín” Ojeda, fue capturado en Mérida.
El dirigente de político de Encuentro Ciudadano, Francisco Ridelis, denunció que acusaron a Ojeda de “conspiración” y le negaron el derecho a la d0efensa privada. “Ni siquiera la ONG Foro Penal Venezolano ha podido tener acceso al expediente”, declaró al medio merideño “Voces en la web”.
En enero ocurrió la mayor cantidad de detenciones, específicamente los días 9 y 10, en las manifestaciones convocadas por la oposición y la juramentación presidencial del día siguiente.
De 276 detenciones desde las elecciones, 246 fueron identificados como actores políticos, 24 como periodistas y siete como activistas.
El partido de la líder opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, fue el más afectado, con 77 arrestos, seguido de Primero Justicia (PJ) con 35, Voluntad Popular (VP) con 19 y Un Nuevo Tiempo (UNT) con ocho detenciones.
Amenazas sobre familiares
La represión se extendió a los familiares de personas involucradas en política, como ocurrió con el coordinador de Vente Venezuela en Bolívar, Douglas Rodríguez, cuya vivienda fue allanada ilegalmente por funcionarios del Estado el 31 de enero.
Tras el ingreso, se llevaron detenida a su suegra de 80 años, Edith Gruber, y a la cuidadora de esta, Gregoria Lugo, quienes se encontraban en casa en ese momento, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela.
Lo mismo le sucedió a la dirigente de Voluntad Popular, Zuleika Meneses, el mes anterior, cuando efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) irrumpieron en su casa sin orden de allanamiento y se llevaron a su tía y prima, Miriam Gómez y Alaina Rangel Gómez, en municipio Cárdenas del estado Táchira.
Organizaciones defensoras de DDHH indican que a esta práctica se le conoce como Sippenhaft, una táctica del nazismo basada en la detención de familiares presos políticos o de perseguidos como forma de presión.
ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello afirma que el activista Luis Somaza “está cantando más que Pavarotti”.
“Luis Somaza, me dicen que ha hablado de todo, y de todos y de todas”, afirmó. https://t.co/rEssly3ZFg pic.twitter.com/kR2QAFzHbq
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) February 20, 2025
Prensa en la mira
Este jueves 20 de febrero fue reportada la captura del periodista del medio digital La Patilla, Rory Branker, a manos de funcionarios del Sebin, cuando se llegaba a su vivienda. ”Esbirros entraron a su casa y se llevaron computadoras entre otras pertenencias”, declaró el fotoperiodista y compañero de Branker, Jesús Medina Ezaine, en la red social X.
La Relatoría Especial (RELE) de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) condenó el arresto. ”Según información pública fue enviado a El Helicoide. La Oficina urge por su liberación, así como a que se garantice su salud e integridad”.
De 24 trabajadores de la prensa detenidos, 16 fueron liberados, de siete activistas de DDHH, solo tres fueron excarcelados, y del total de actores políticos, 67 fueron liberados.
Salud en peligro
Con el paso de los días, la salud de muchos detenidos ha empeorado debido a las condiciones “deplorables” en los centros de reclusión, calificadas así por el Observatorio Venezolano de Prisiones.
La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió este lunes atención médica para los opositores Américo de Grazia, Aldo Roso – detenido antes de las elecciones- Carlos Chancellor y Perkins Rocha, quienes presentan patologías que deben ser ”tratadas inmediatamente”.
El 20 de febrero, la organización insistió que Chancellor – de 67 años- ”padece varias condiciones de salud graves, entre las que se incluyen cardiopatía hipertensiva, diabetes mellitus tipo II y un problema en la retina que amenaza su visión”.
También indicó que, según sus familiares, De Grazia padece múltiples afecciones graves que incluyen infecciones parasitarias y pulmonares, alteraciones prostáticas, problemas digestivos y hepáticos, dolores crónicos y complicaciones neuromusculares.
”A pesar de la urgencia de su situación y la necesidad de atención médica especializada, Américo sigue privado del acceso a los tratamientos médicos necesarios y no ha recibido la atención adecuada para su situación”, destacó.
JEP recordó que ”el derecho a la salud es un derecho humano fundamental reconocido por instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece la obligación de los Estados de garantizar el acceso a servicios médicos a todas las personas, especialmente a aquellos que se encuentran privados de libertad”.
Represión en alza
Para el 10 de febrero, la organización Foro Penal contabilizó un total de 1.194 detenidos por razones políticas desde el 28 de julio, entre los que se encuentran 119 mujeres, 164 militares y cuatro adolescentes.
La organización Human Rights Watch calificó como una “brutal represión” a las acciones cometidas por el Estado desde los comicios, y advirtió que cientos de personas han sido acusadas de “delitos que, a veces, tienen definiciones muy generales y que conllevan duras penas, como incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo”.
Otros organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas denunciaron las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, las condiciones inhumanas de los centros penitenciarios y preventivos, y subrayaron tener “serias preocupaciones sobre los derechos a un juicio justo de las personas”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
