El gobierno no incluye a la población penitenciaria dentro de sus reportes diarios
Tuberculosis y desnutrición son las principales causas de muerte en las prisiones
“No hay información oficial de coronavirus en las cárceles porque simplemente no se hacen las pruebas para detectar la enfermedad”, dijo Carolina Girón, directora de la organización no gubernamental, Observatorio Venezolano de Prisiones.
Ni el gobierno a través de sus reportes diarios, ni la vocería del Ministerio de Servicios Penitenciarios han emitido cifras sobre enfermos y muertes de reclusos por Covid-19 en Venezuela.
“Todas son presunciones de los familiares, mientras no haya pruebas de detección de Covid-19 accesible para todos nunca tendremos las cifras reales de contagios, aquí solo se hacen pruebas a las personas que van a viajar”, expuso Girón.
Mirelys Contreras, ministra de Servicios Penitenciarios, anunció en septiembre de 2021 el inicio de un plan de vacunación en los recintos carcelarios sin precisar los plazos y el número de vacunas disponibles.
“Este proceso va a permitir inmunizar a toda la población privada de libertad”, sentenció la ministra. “Tenemos toda la plena fe y seguridad que vamos a vacunar a toda la población”.
Tuberculosis y desnutrición galopante
Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, sostuvo que la tuberculosis y la desnutrición son actualmente las enfermedades que azotan las cárceles en Venezuela.
“Del coronavirus no tenemos mayor información, salvo por un repunte fuerte que hubo en el estado Nueva Esparta en septiembre del año pasado, pero de lo que sí tenemos certeza es que el Estado no ha hecho nada para evitar las muertes por tuberculosis y desnutrición”, declaró.
En 2020 se registraron 184 muertes por enfermedades en las cárceles de Venezuela, mientras que solo en el primer trimestre de 2021 se registraron 69.
Nieto Palma denunció también la situación en las prisiones y centros de detención preventiva donde no hay siquiera agua potable y un hacinamiento que ronda el 167%, lo que impide cumplir la norma de distanciamiento social.
Sostuvo que el Estado no provee a los reos de tapabocas, guantes ni gel antibacterial, por lo que son los familiares quienes deben asumir esas responsabilidades.
Una Ventana a la Libertad denunció en 2021 que en algunos recintos penitenciarios se distribuyó Carvativir, un medicamento que no cuenta con la aprobación de la Academia Nacional de Medicina ni de la Organización Mundial de la Salud.
Ante la inacción del gobierno, Palma indicó que han surgido iniciativas como la del Proyecto Trece, constituido por un grupo de médicos y especialistas en infectología que brindan atención a la comunidad penitenciaria.
“Hemos hecho hasta ahora unas 20 jornadas y atendido a 1.700 presos en todo el territorio nacional, la idea es tender la mano a la gente”, expresó.