Las declaratorias de estados de excepción estuvieron acompañadas de la delimitación de ocho zonas militares para la gestión de todos los estados fronterizos con Colombia
Con motivo de cumplirse cinco años del cierre de la frontera colombo-venezolana por órdenes de Nicolás Maduro Moros, la Presidenta de Control Ciudadano Rocío San Miguel, compareció ante la Subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, para presentar un informe que permite hacer un recorrido en torno a los hitos más relevantes que han caracterizado estos cinco años de obstáculos desde el cierre de la frontera.
El incidente como excusa para el cierre de la frontera
En su intervención, San Miguel recordó el ataque armado del 19 de agosto de 2015, contra cuatro efectivos del ejército venezolano (dos oficiales y dos efectivos de tropa), por supuestos “paramilitares” colombianos, en la población fronteriza de San Antonio del Táchira, que significó la excusa para el cierre de frontera entre el estado Táchira y el departamento colombiano del Norte de Santander el 21 de agosto de 2015 y la declaración inicial de un “estado de excepción”, en seis municipios del estado Táchira, para iniciarse en Venezuela un largo período de “estados de excepción”, que tuvo como epicentro la frontera con Colombia y que por diferentes motivos, se ha extendido espacial y temporalmente a todo el territorio nacional por cinco años.
A continuación se transcriben los aspectos más importantes del informe presentado por la Presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional:
El fracaso de las Zonas Militares y las Zonas de Seguridad en la frontera
Las declaratorias de “estados de excepción” sucesivas estuvieron acompañadas de la delimitación de ocho (8) zonas militares para la gestión de todos los estados fronterizos con Colombia, designándose seis (6) generales y dos (2) almirantes dependiendo directamente del Presidente de la República, para establecer “un nuevo orden” en el sector de la frontera asignado para su gestión, “con el fin de fortalecer la capacidad de organización y el liderazgo de las nuevas estructuras para una nueva frontera”, según rezan los decretos de la época.
Los militares designados entonces, que nunca rindieron informe de su gestión, fueron:
- General de división (Ejército) Carlos Alberto Martínez Stapulioni, Autoridad Única de la Zona Uno, estado Táchira.
- General de división Luis Rodolfo Arrieta Suarez (Ejército), Autoridad Única de la Zona Dos, estado Táchira.
- General de división (Ejército) Carlos Rafael Suárez Medina, Autoridad Única de la Zona Tres, estado Zulia.
- General de división (Ejército) Elías Antonio Moreno Martínez, Autoridad Única de la Zona Cuatro, estado Zulia.
- General de división (Ejército) Carlos Miguel Yanes Figueredo Autoridad Única de la Zona Cinco, estado Zulia
- Vicealmirante Antonio José Clemente Carreño, Autoridad Única de la Zona Seis, estado Apure.
- General de división (Ejército) Johny Orlando Sandia Santiago, Autoridad Única de la Zona Siete, estado Apure.
- Vicealmirante Juan Carlos Caraballo, Autoridad Única de la Zona Ocho, municipio Atures del estado Amazonas.
“Quienes apoyándose además en la existencia de 45 zonas de seguridad de instalaciones militares y zonas de seguridad fronterizas en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, limítrofes con Colombia, las cuales representan un 22,92% del territorio nacional[11]; dieron una pretendida solución militar a los problemas fronterizos, que a cinco años de aquel cierre de la fronteras, ha demostrado su fracaso”, explicó la Presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.
El año 2015 y el fatídico “nuevo orden” a inaugurar para la frontera
“El año 2015 fue el punto de partida para instaurar “un nuevo orden para una nueva frontera”, que tras cinco años de vigencia tiene como caracterización: la militarización, la suspensión de los derechos civiles, económicos y sociales, la consolidación de la economía ilegal a lo largo de la frontera, ejercida por mafias, con una amplia participación de efectivos militares y policiales y el fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley (tanto nacionales como extranjeros).
El cierre de la frontera en 2015, estuvo acompañado del desalojo de viviendas y deportación violenta de más de 1500 ciudadanos colombianos a su país en un solo día. Los días siguientes se llegó a la cifra de más de 22.000 colombianos expulsados. Un hecho sin precedentes en la vulneración de derechos humanos, caracterizado por su proceder, como delito de odio y persecución, que se ejerció generalizada y sistemáticamente por días, contra nacionales colombianos, quienes cargando con su familia, sus enseres, camas, sillas, mesas, colchones y sus animales, cruzaban el rio Táchira para llegar a Colombia en las más precarias y humillantes condiciones.
La frontera fue reforzada entonces con tropas paracaidistas, caribes y de Infantería de marina que fueron aerotransportadas desde sus respectivas guarniciones, a las zonas en cuestión.
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