Las deficiencias de los servicios públicos obligan a familias y empresas a destinar recursos adicionales para suplir las fallas de infraestructura y cubrir necesidades que deberían estar atendidas por estos sistemas. La compra de agua, la contratación de conexiones de respaldo a internet, la adquisición de equipos y el gasto en combustible se incorporan a los presupuestos familiares y a los costos operativos de los negocios, reducen los recursos disponibles para otros gastos y limitan el margen para invertir.
En el informe semestral presentado en septiembre de 2026, Monitor Ciudad encontró que 98% de las familias consultadas en Caracas y Táchira sufría fallas de servicios públicos al menos una vez por semana. El suministro de agua por tubería promediaba 58 horas semanales, mientras que 7% de los hogares había sufrido daños en equipos electrónicos por fluctuaciones eléctricas.
El gasto en alternativas privadas
En 2024, el Observatorio de Gasto Público de Cedice estimó que las familias destinaban alrededor de 60 dólares mensuales a alternativas para suplir las deficiencias de varios servicios. En octubre de 2026, un reportaje de Crónica Uno recogió casos de hogares caraqueños que gastaban entre 14 y 20 dólares al mes únicamente para comprar agua potable. Las cifras dan cuenta de los recursos que los hogares deben destinar para cubrir necesidades básicas ante las fallas de los servicios.
A las dificultades con el agua y la electricidad se suman los gastos para garantizar el acceso a otros servicios básicos, incluido salud y recolección de desechos. Una encuesta digital del Observatorio de Gasto Público de Cedice encontró que 72% de los que participaron en el estudio había contratado un proveedor adicional o de respaldo para contar con una conexión estable a internet, con planes que costaban entre 20 y 60 dólares mensuales. En cuanto al gas doméstico, la prensa documentó que la recarga de bombonas de 10 kilos costaba entre 3,20 y 5 dólares en sectores de Caracas, por encima del precio regulado de entre 1,15 y 1,50 dólares.
Una encuesta de la Cámara de Comercio de Maracaibo señala que, durante el segundo trimestre de 2026, 43% de los negocios consultados aumentó sus desembolsos en soluciones alternativas para suplir las fallas de los servicios, mientras que 42% calificó como significativo o alto el impacto sobre sus costos y operaciones. Otro 46% lo consideró moderado, una distribución que muestra cómo las deficiencias de infraestructura se incorporan a los gastos habituales de la actividad comercial.
La consulta a 1872 establecimientos comerciales ubicados en corredores y centros comerciales de la capital zuliana ofrece otra mirada de esa dependencia de soluciones privadas. El 96% reportó racionamientos eléctricos y 35% había instalado plantas propias para mantener sus operaciones durante las interrupciones del suministro. La generación eléctrica dejó así de ser una contingencia ocasional para convertirse en una inversión que parte del comercio debe asumir para funcionar.
Fallas que frenan la producción
Durante el segundo trimestre de 2026, las empresas manufactureras consultadas por Conindustria reportaron un promedio de 214 horas sin suministro eléctrico de las 488 horas laborables del período. En algunas pequeñas compañías, el gasto en combustible para los generadores supera los 2.500 dólares mensuales, según informó Tito López, presidente de Conindustria.
Un estudio de ANOVA Policy Research, publicado en septiembre de 2026, estimó que las fallas en los servicios de agua y electricidad reducen la probabilidad de participación laboral y de estar empleado. Al proyectar esos efectos sobre el conjunto de la economía, el modelo calculó una pérdida de producción anual cercana a 1600 millones de dólares, equivalente a 1,4% del PIB, y un efecto sobre la ocupación de unas 495.000 personas. Esto, sin tomar en cuenta el impacto por caída de la conexión a internet o el costo por retrasos que en la movilidad provoca la precariedad del transporte público.
Solo a largo plazo
La recuperación del sistema eléctrico requeriría entre 15 000 y 40 000 millones de dólares y podría tomar entre cinco y quince años, según estimaciones de técnicos de Siemens y General Electric. La magnitud de esos recursos, calculados para un solo sector, da una referencia de las necesidades de inversión que enfrenta la infraestructura pública.
El plan de trabajo a dos años que prepara el Banco Interamericano de Desarrollo para Venezuela incluye el sector eléctrico y la protección social, aunque todavía no contempla créditos aprobados. La institución mantiene suspendidos los nuevos préstamos mientras el país no salde más de 2000 millones de dólares en atrasos. Para cubrir esa deuda, las autoridades venezolanas evalúan solicitar un préstamo puente a Catar, una negociación que aún no se ha concretado.
Mientras la infraestructura no recupere su capacidad para prestar servicios de forma continua, familias y empresas seguirán destinando recursos a soluciones privadas que encarecen sus gastos y reducen el margen para otros consumos e inversiones. En una economía que necesita ampliar su producción y generar empleo, esos desembolsos representan recursos que no se incorporan a nuevas actividades productivas, mientras las interrupciones de agua y electricidad restringen las posibilidades de trabajar y operar con regularidad. La recuperación de los servicios públicos es, por tanto, una condición para reducir esos costos y mejorar la capacidad de crecimiento de la economía.
En una consulta a 1872 establecimientos comerciales de la capital zuliana, 96% reportó racionamientos eléctricos y 35% había instalado plantas propias para mantener sus operaciones.
La compra de agua, la contratación de conexiones de respaldo a internet, la adquisición de equipos y el gasto en combustible se incorporan a los presupuestos familiares costos operativos de los negocios.
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