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Emirlendris Benítez: ocho años de una vida fracturada por la represión

Ocho años después de su detención, organizaciones defensoras de derechos humanos renovaron este 5 de agosto el reclamo por la libertad de Emirlendris Carolina Benítez, una comerciante venezolana que permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, tras ser condenada a 30 años de prisión.

Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) recordó que Benítez forma parte de las mujeres que continúan privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela y denunció que su caso refleja un patrón de persecución y represión que, según la organización, la convirtió en víctima de acusaciones infundadas, torturas y daños irreversibles en su salud.

“Recordar los 8 años de este secuestro institucional no es solo un acto de responsabilidad, sino un reclamo firme y urgente para exigir su libertad plena, inmediata e incondicional”, señaló JEP.

Una detención marcada por denuncias de irregularidades

Emirlendris Carolina Benítez Rosales fue detenida el 5 de agosto de 2018, cuando tenía cuatro meses de embarazo. Según organizaciones de derechos humanos, fue arrestada junto a su esposo mientras se trasladaban en un servicio de taxi en el estado Portuguesa.

Tras su detención, las autoridades la vincularon con el atentado con drones contra Nicolás Maduro ocurrido días antes en Caracas. Benítez fue acusada por delitos como homicidio calificado frustrado, terrorismo y traición a la patria, señalamientos que ella negó y que organizaciones como Amnistía Internacional han cuestionado por considerar que no existen pruebas creíbles en su contra.

Luego de su arresto fue trasladada a Caracas y permaneció recluida durante un año en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleíta, estado Miranda. Posteriormente, fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde permanece actualmente.

Torturas denunciadas y pérdida del embarazo

Durante su reclusión, organizaciones de derechos humanos denunciaron que Benítez fue sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes mientras estaba embarazada y las agresiones sufridas bajo custodia estatal provocaron la pérdida de su embarazo. La organización denunció que, después de ese episodio, fue trasladada a un centro médico donde recibió atención bajo condiciones que también fueron cuestionadas por sus familiares y defensores.

Las secuelas de esos hechos han afectado gravemente su salud. Según Amnistía Internacional, desde 2020, presenta dificultades para caminar y desde 2022 utiliza silla de ruedas. También ha enfrentado problemas médicos que requieren atención especializada.

Una condena de 30 años y reclamos internacionales

Benítez fue condenada a 30 años de prisión, una sentencia que organizaciones defensoras de derechos humanos consideran injusta y vinculada a un proceso con irregularidades.

En 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas determinó que su privación de libertad era arbitraria y solicitó al Estado venezolano su liberación inmediata. El organismo señaló que fue detenida sin una orden de arresto, que no fue informada adecuadamente sobre los motivos de su detención y que permaneció incomunicada.

Ese mismo año, el exdirector del Sebin, Manuel Cristopher Figuera, afirmó que Benítez no tenía relación con el caso por el que fue detenida.

Su situación también ha sido denunciada ante otras instancias internacionales. En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a su favor. En 2023, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos exigió su liberación, mientras que Amnistía Internacional emitió acciones urgentes en 2023 y 2024 para pedir su excarcelación y atención médica inmediata.

Ocho años lejos de sus hijos

Además de las consecuencias físicas, la privación de libertad ha significado una separación prolongada de su familia. Benítez es madre de dos hijos: una hija que emigró antes de su detención y un hijo que permanece bajo el cuidado de su padre.

Durante estos ocho años, su familia ha denunciado las dificultades para acompañarla y atender sus necesidades médicas dentro del centro penitenciario.

En 2025, ocho instancias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se pronunciaron sobre las violaciones denunciadas en su caso. En 2026, el senador estadounidense Rick Scott también pidió su liberación y la de los demás presos políticos del país.

Una exigencia que continúa

Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, el caso de Emirlendris Benítez representa las consecuencias de la criminalización, la falta de garantías judiciales y las condiciones que enfrentan las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

A ocho años de su arresto, ONG y activistas mantienen la exigencia de que sea liberada y que reciba una atención médica adecuada para atender las secuelas que dejó la privación de libertad y las agresiones denunciadas durante su reclusión.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Claves | Senadores de EE.UU. exigen transición con elecciones y liberación de presos políticos en Venezuela
Organizaciones de derechos humanos y activistas exigieron este 5 de agosto la liberación inmediata de Emirlendris Carolina Benítez, quien cumple ocho años privada de libertad tras una detención denunciada como arbitraria. Su caso ha sido documentado por organismos nacionales e internacionales que han alertado sobre las torturas que sufrió durante su reclusión, la pérdida de su embarazo y las graves secuelas físicas que enfrenta
Bryan Granado
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Ocho años después de su detención, organizaciones defensoras de derechos humanos renovaron este 5 de agosto el reclamo por la libertad de Emirlendris Carolina Benítez, una comerciante venezolana que permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, tras ser condenada a 30 años de prisión.

Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) recordó que Benítez forma parte de las mujeres que continúan privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela y denunció que su caso refleja un patrón de persecución y represión que, según la organización, la convirtió en víctima de acusaciones infundadas, torturas y daños irreversibles en su salud.

“Recordar los 8 años de este secuestro institucional no es solo un acto de responsabilidad, sino un reclamo firme y urgente para exigir su libertad plena, inmediata e incondicional”, señaló JEP.

Una detención marcada por denuncias de irregularidades

Emirlendris Carolina Benítez Rosales fue detenida el 5 de agosto de 2018, cuando tenía cuatro meses de embarazo. Según organizaciones de derechos humanos, fue arrestada junto a su esposo mientras se trasladaban en un servicio de taxi en el estado Portuguesa.

Tras su detención, las autoridades la vincularon con el atentado con drones contra Nicolás Maduro ocurrido días antes en Caracas. Benítez fue acusada por delitos como homicidio calificado frustrado, terrorismo y traición a la patria, señalamientos que ella negó y que organizaciones como Amnistía Internacional han cuestionado por considerar que no existen pruebas creíbles en su contra.

Luego de su arresto fue trasladada a Caracas y permaneció recluida durante un año en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleíta, estado Miranda. Posteriormente, fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde permanece actualmente.

Torturas denunciadas y pérdida del embarazo

Durante su reclusión, organizaciones de derechos humanos denunciaron que Benítez fue sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes mientras estaba embarazada y las agresiones sufridas bajo custodia estatal provocaron la pérdida de su embarazo. La organización denunció que, después de ese episodio, fue trasladada a un centro médico donde recibió atención bajo condiciones que también fueron cuestionadas por sus familiares y defensores.

Las secuelas de esos hechos han afectado gravemente su salud. Según Amnistía Internacional, desde 2020, presenta dificultades para caminar y desde 2022 utiliza silla de ruedas. También ha enfrentado problemas médicos que requieren atención especializada.

Una condena de 30 años y reclamos internacionales

Benítez fue condenada a 30 años de prisión, una sentencia que organizaciones defensoras de derechos humanos consideran injusta y vinculada a un proceso con irregularidades.

En 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas determinó que su privación de libertad era arbitraria y solicitó al Estado venezolano su liberación inmediata. El organismo señaló que fue detenida sin una orden de arresto, que no fue informada adecuadamente sobre los motivos de su detención y que permaneció incomunicada.

Ese mismo año, el exdirector del Sebin, Manuel Cristopher Figuera, afirmó que Benítez no tenía relación con el caso por el que fue detenida.

Su situación también ha sido denunciada ante otras instancias internacionales. En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a su favor. En 2023, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos exigió su liberación, mientras que Amnistía Internacional emitió acciones urgentes en 2023 y 2024 para pedir su excarcelación y atención médica inmediata.

Ocho años lejos de sus hijos

Además de las consecuencias físicas, la privación de libertad ha significado una separación prolongada de su familia. Benítez es madre de dos hijos: una hija que emigró antes de su detención y un hijo que permanece bajo el cuidado de su padre.

Durante estos ocho años, su familia ha denunciado las dificultades para acompañarla y atender sus necesidades médicas dentro del centro penitenciario.

En 2025, ocho instancias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se pronunciaron sobre las violaciones denunciadas en su caso. En 2026, el senador estadounidense Rick Scott también pidió su liberación y la de los demás presos políticos del país.

Una exigencia que continúa

Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, el caso de Emirlendris Benítez representa las consecuencias de la criminalización, la falta de garantías judiciales y las condiciones que enfrentan las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

A ocho años de su arresto, ONG y activistas mantienen la exigencia de que sea liberada y que reciba una atención médica adecuada para atender las secuelas que dejó la privación de libertad y las agresiones denunciadas durante su reclusión.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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