Los terremotos del pasado 24 de junio afectaron a miles de personas en La Guaira. Muchos fallecieron, otros resultaron heridos y miles de familias perdieron sus hogares. Pero hay una población vulnerable de la que poco se habla: las personas privadas de libertad.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el pasado 28 de julio que, mientras miles de personas intentaban protegerse del desastre, los reclusos del Centro de Detención Preventiva de Caraballeda (retén de Caraballeda) “quedaron a merced del miedo, la improvisación y el abandono estatal”.
De acuerdo con la ONG, la hora a la que se produjo el doble sismo suele haber poco personal en el lugar, pues generalmente en ese horario solo están los funcionarios de guardia. El recinto carcelario está ubicado en una de las zonas de más devastación, debido al colapso de numerosos edificios residenciales y turísticos.
El OVP informó que parte de la pared trasera del retén colapsó. A pesar de que allí permanecían recluidos hombres y mujeres, la prioridad de los funcionarios “fue evacuar a las mujeres hacia la calle ubicada frente al centro de detención”. Ese día, alertó la organización, “la emergencia generó una situación de caos” por el colapso del servicio eléctrico, era “prácticamente imposible” acceder a la zona y no llegaron refuerzos policiales.
“Los pocos funcionarios presentes se limitaron a custodiar a la población detenida, mientras el temor a un nuevo movimiento telúrico aumentaba entre quienes permanecían bajo custodia”, agregó el OVP en una nota de prensa.
Caos y traslados de reclusos
La alerta de tsunami que se viralizó posteriormente también generó pánico en toda La Guaira, incluida la población carcelaria. Por esta situación, algunos funcionarios abandonaron sus puestos de trabajo; los que quedaron “fueron incapaces de controlar a las más de 40 mujeres que habían sido evacuadas al exterior del recinto”.
Fuentes indicaron al OVP que, temiendo por sus vidas, muchas de las mujeres privadas de libertad corrieron hacia donde pudieron para ponerse a salvo.
Una vez descartada la alerta, el jueves 25 de junio trasladaron a los reclusos hasta la sede policial de Macuto, que no sufrió daños estructurales y contaba con mayor capacidad de custodia. Debido al caos, al menos seis mujeres se fugaron ese día. El OVP conoció que varias se presentaron voluntariamente en Macuto y otras se entregaron en dependencias policiales del interior del país.
Transcurrida una semana del doble terremoto, más de 25 mujeres fueron regresadas al retén de Caraballeda, aunque la pared colapsada no había sido reparada. “El recinto seguía sin agua potable y persistían las fallas en el suministro eléctrico”, denunció el OVP en su publicación.
La organización logró llegar al retén para constatar sus condiciones y encontraron “un lugar completamente desolado”. No había familiares ni funcionarios custodiando las instalaciones; durante semanas estuvieron sin agua potable y los pocos alimentos que consumían provenían de las familias de algunas de las detenidas que luego compartían con el resto, pues no todas contaron con apoyo.
El OVP cuestiona que solo las mujeres fueran devueltas al retén de Caraballeda, mientras los hombres permanecieron en otra sede policial con mejores condiciones de seguridad. “Mantenerlas (a las mujeres) en un establecimiento que no cumple con condiciones mínimas ni garantiza los estándares nacionales e internacionales de reclusión, constituye una nueva violación de los derechos humanos por parte del régimen venezolano”, denunció la ONG.
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