Varias ONG venezolanas solicitaron a la Asamblea Nacional un proceso transparente y la reestructuración del comité de evaluación de postulaciones para designar a los próximos fiscal general de República y defensor del Pueblo.
El documento, que fue firmado por Provea,Cofavic,Espacio Público, la Fundación Centro Gumilla, el Observatorio Venezolano de Prisiones y elCentro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), exigió que se den a conocer los procedimientos aprobados para la evaluación de postulaciones y procesos de selección.
Las organizaciones consideran perentorio que se difunda el nombre de los postulantes, sus credenciales y antecedentes, así como facilitar mecanismos de observación, monitoreo del proceso, entrevistas y audiencias públicas.
Asimismo, las ONG solicitaron a la Asamblea Nacional habilitar un mecanismo y lapso para escuchar las objeciones de la sociedad civil sobre los aspirantes, un foro público donde se pueda ver a los preseleccionados en vivo a través de internet, publicación de resúmenes curriculares con resguardo de datos personales y la publicación de las propuestas de cada uno.
Las organizaciones criticaron que el comité de la Asamblea Nacional esté conformado solo por miembros del espectro político-partidista y no por diferentes representantes de la sociedad civil.
El documento expone que “es preocupante que el Comité actual esté integrado exclusivamente por dos diputados; en su mayoría hombres, solo tres mujeres; y ocho pertenecen al mismo partido político”.
También les preocupa la ausencia de representantes de las universidades, gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, pues consideran que desvirtúa el espíritu de pluralidad para garantizar una representatividad real.
Opinan que es necesario que prevalezca el principio de la diversidad y pluralidad establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, los cuales exponen que los únicos requisitos para integrar el comité son ser mayor de edad, venezolano de nacimiento, y de reconocida honorabilidad y prestigio.
Asimismo, el artículo 26 expone que se debe procurar el mayor número de sectores de la sociedad en la designación de los miembros de dicho comité.
Un desorden institucional
De acuerdo a las organizaciones, la crisis de institucionalidad que atraviesa Venezuela ha estado marcada por una prolongada provisionalidad en los cargos o designaciones, incluidos el fiscal general y el defensor del Pueblo.
Recordaron que, acuerdo al artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, las faltas absolutas del fiscal serán suplidas por el vicefiscal o la vicefiscal, mientras que la del defensor corresponderá al director o directora Ejecutiva de la institución, según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
“En este sentido, desconocemos la justificación para ejecutar la designación de forma distinta a lo pautado en las leyes correspondientes”, afirman.
Insistieron en que la transparencia no es un accesorio, sino un requisito de validez.
“Un proceso cerrado a la observación técnica impide que la ciudadanía evalúe la idoneidad y la independencia de los perfiles. La legitimidad de origen del Fiscal General y el Defensor del Pueblo depende directamente de la transparencia con la que el Comité gestione el proceso y las entrevistas públicas”.
Las ONG recordaron que tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo son piezas fundamentales en la democracia porque garantizan el debido proceso y la erradicación de la impunidad, protegen a los sectores más vulnerables frente a abusos de poder y supervisan el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
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