El 29 de enero de 2025, la vida de Maykelis Borges Ortuño, de 26 años, quedó suspendida por un patrón represivo denunciado desde el año 2021 en Venezuela. Detenida en Caracas cuando cursaba su segundo mes de gestación, su caso es hoy el emblema de la “criminalización por afecto”, o lo que algunos expertos han comparado con el sippenhaft de la Alemania nazi, una práctica que consiste en el castigo colectivo a familiares o personas cercanas de individuos perseguidos por el Estado.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que Borges fue detenida únicamente por ser la pareja del militar retirado Cristian Hernández, señalado por el Gobierno venezolano de participar en una supuesta conspiración denominada Aurora y quien se encuentra exiliado.
Hace un año, Maykelis comenzó a transitar un calvario vulneraciones. Fue sometida a 90 días de desaparición forzada, tiempo durante el cual el Estado ocultó su paradero y le negó el derecho a nombrar abogados de su confianza. Maikelys tenía un diagnóstico de anemia ferropénica (por niveles bajos de hierro), por lo que debía llevar una dieta estricta y cumplir tratamiento médico, mucho más aún por su condición de embarazo.
Maykelis Borges (26), fue detenida arbitrariamente y sometida a desaparición forzada el 29 de enero del 2025, por funcionarios de la DGCIM en la ciudad de Caracas.
— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) May 19, 2025
Al momento de su detención tenía dos meses de embarazo y un diagnóstico de anemia ferropénica, por lo que debería… pic.twitter.com/9OUPfzycAt
A pesar de las alertas, el sistema ignoró su condición. A finales de julio de 2025, con 38 semanas de gestación, presentó signos de preeclampsia. Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que la mujer padecía hipertensión arterial, baja hemoglobina y sufría constantes infecciones urinarias, que ponían en peligro su vida y la de su bebé. Finalmente, el 11 de agosto de 2025, fue trasladada de urgencia para una cesárea en un contexto de extrema precariedad. Desde entonces, madre e hijo permanecen recluidos en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de Los Teques.
A Borges la acusaron de cargos de terrorismo y traición a la patria “sin más evidencia que sus vínculos personales”, denunció el Foro Penal.
Castigo familiar y persecución extendida
Traducido al castellano la palabra sippenhaft significa responsabilidad familiar o de clan y el instrumento le sirvió al Tercer Reich para arrestar, culpabilizar e incluso condenar a muerte a los parientes de quienes eran considerados enemigos de Estado en la Alemania nazi. Hitler y sus acólitos emplearon este recurso como retaliación contra los señalados de conspiradores. Si no podían capturarlos, detenían y torturaban a sus familiares para quebrarlos emocionalmente.
Desde 2021, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha documentado amenazas y aplicación del sippenhaft, una práctica definida como la detención de familiares para ejercer presión, intimidación o castigo colectivo. En su informe de septiembre de 2025 documentó de nuevo esta “estrategia de persecución sistemática” que incluye la detención de familiares de opositores y militares para coaccionarlos.
En informes más recientes, organizaciones como Defiende Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto CASLA han advertido que esta estrategia se ha extendido e incluye adultos, adolescentes y niños, utilizados como instrumentos de coacción por cuerpos de inteligencia del Estado.
Maykelis Borges no es la única pariente del teniente retirado Cristian Hernández a quien detuvieron solo por su nexo familiar con un perseguido. Justicia, Encuentro y Perdón recordó que en noviembre de 2025, dos hermanas del exfuncionario militar fueron detenidas: Aranza, de 19 años, y Samanta, de solo 16. Ambas siguen tras las rejas, como también lo está el tío del exfuncionario militar, Henry Castillo Molero, a quien se llevaron preso cinco días antes que a Maykelis. Son cuatro miembros de una misma familia criminalizados solo por un vínculo con un perseguido político.
La organización señaló que estos casos «muestran con crudeza cómo la persecución política en Venezuela ha traspasado los límites individuales para instalarse en el terreno del castigo familiar». En el caso concreto de Maykelis, lamentaron que continúe recluida junto a su bebé “en un entorno que no puede garantizar el bienestar ni el desarrollo pleno de un recién nacido”.
Sobre la adolescente, JEP afirmó que «su caso refleja una ruptura profunda con los principios de protección reforzada que el derecho internacional reconoce a niñas, niños y adolescentes» y recalcó que «ninguna menor debe cargar con el peso de conflictos políticos que no le pertenecen».
Ambos casos, a juicio de Justicia, Encuentro y Perdón, «revelan una práctica particularmente lesiva: la utilización de adolescentes y mujeres en situación de extrema vulnerabilidad como instrumentos de presión política».
Los casos de Samantha Sofía Hernández Castillo, una adolescente de apenas 16 años, y Maikelys Borges, mujer joven y madre reciente, ambas miembros de una misma familia, muestran con crudeza cómo la persecución política en Venezuela ha traspasado los límites individuales para… pic.twitter.com/O4FrYEGMoa
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) January 28, 2026
La ley y la maternidad en prisión
En una declaración concedida a Runrun.es, la abogada Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, explicó que el régimen para mujeres que dan a luz privadas de libertad se basa en el derecho a la salud integral, la atención prenatal y postnatal especializada, y el mantenimiento del vínculo materno-filial, conforme a las Reglas de Bangkok y normativas venezolanas como el Código Orgánico Penitenciario.
Esta última normativa contempla que las mujeres tengan derecho a atención especializada durante el parto y posparto, ubicación en módulos femeninos con condiciones aptas para la gestación y crianza, separados de la población general. Establece igualmente que los hijos permanezcan con sus madres en el centro penitenciario, generalmente hasta una edad temprana (tres años, si así lo decidiera) en unidades especiales.
Aunque la normativa internacional y nacional busca proteger esta etapa, en Venezuela existen desafíos en la práctica para el acceso a controles médicos y condiciones adecuadas de reclusión, explicó Tineo.
“En definitiva, lo que la ley privilegia es que un bebé lactante pueda mantenerse con su madre para no violar el derecho a la lactancia y al cuidado de ella. Lo que se supone es que debe estar en espacios con las condiciones adecuadas, y evidentemente, sabemos que ningún recinto carcelario en Venezuela lo tiene”, expresó.
La directora de JEP también refirió que las Reglas de Bangkok prefieren sentencias no privativas de libertad para embarazadas y madres con niños a cargo, considerando la prisión solo si el delito es grave.
“Recordemos que Maykelis ni siquiera ha sido enjuiciada, no hay una condena en su contra por la comisión de un delito. Ella está privada de libertad por razones políticas y muy lamentablemente por el patrón desippenhaft, ella está presa no por una persecución directa sino por ser pareja de un perseguido político. Es doble víctima de esta tragedia (…) Se está violando su derecho a la libertad y a la integridad de ese bebé, porque si bien es cierto que el régimen penitenciario establece que una mujer que haya dado a luz el bebé debe permanecer junto a ella, en un espacio adecuado, con la atención médica debida, con los cuidados posnatales necesarios y en un entorno amigable para el niño, eso ocurre en el caso de mujeres a quienes no se les puede sustituir la privativa de libertad por unas medidas menos gravosas, como las sustitutivas a privativas de libertad. En el caso de Maykelis es un horror porque ella no debió estar privada de libertad nunca, no solo por estar embarazada, sino porque no cometió ningún delito”, profundizó Tineo.
Un año de prisión política
A pesar de las solicitudes de medidas humanitarias por parte de diversas organizaciones, Maykelis continúa recluida junto a su hijo recién nacido, en un caso que evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de mujeres privadas de libertad en Venezuela, y que deja registro de una práctica de persecución que trasciende a la persona detenida y alcanza su entorno afectivo y familiar.
El 29 de enero de 2026, Un Mundo Sin Mordaza recordó que Maykelis Borges cumplió un año detenida y exigió “libertad inmediata y respeto a su derecho a una maternidad digna”. El Foro Penal también demandó que sea liberada e insistió en que su caso demuestra que la persecución política en Venezuela “no respeta el derecho a la vida, ni siquiera el de los niños por nacer”.
Por su parte, Martha Tineo insistió en que Maykelys no debió estar presa nunca “no solo por estar embarazada, sino porque no cometió ningún delito”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
