A Isabel* su esposo le dijo que no saliera de la casa mientras los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) mantuvieran operativos en la ciudad de Orlando.
“Yo prácticamente estoy encerrada, solo salgo cuando el transporte viene a buscar a los niños para llevarlos al colegio y cuando los debo llevar a una actividad puntual”, dijo la oriunda de Guanare, estado Portuguesa.
“Mi vecina en Venezuela se acaba de regresar, dijo que no soportaba esta situación, es triste vivir con miedo”, sostuvo la venezolana que aplicó por asilo político luego de participar en actividades vinculadas con la oposición y ser hostigada por simpatizantes del chavismo.
“Total que uno no está a salvo ni en Venezuela y ahora tampoco aquí”, añadió la portugueseña, que está cerca de cumplir una década en ese país
Al igual que Isabel, Alejandro* tampoco concibe que en el estado de Florida, donde está el grueso de los venezolanos en Estados Unidos, el asedio de ICE sea constante.
De acuerdo a cifras de medios en Estados Unidos, en apenas una semana de enero, ha habido un incremento de 433% en cuanto a retenciones migratorias en Orlando. 377 personas fueron encarceladas frente a 71 que terminaron en prisión la semana anterior.
“Yo estoy deprimido”, sentenció Alejandro, quien también vive en Orlando e ingresó a Estados Unidos con la figura del parole humanitario, que fue desechada por la administración del presidente Donald Trump.
Al periodista, perseguido y desempleado en Venezuela, le tocó aplicar por el TPS (Estatus de Protección Temporal) y cuando ese recurso fue amenazado por el gobierno republicano, cambió a asilo.
“Es triste ver como uno viene huyendo de la represión en Venezuela ejercida por funcionarios y aquí también los policías de ICE te tratan como un delincuente”, lamentó.
Tanto Isabel como Alejandro no quieren regresar a Venezuela, saben que podrían ser perseguidos e incluso encarcelados por tener una posición contraria a la del ahora gobierno de Delcy Rodríguez, que cuenta con el aval de Donald Trump-
Ambos conocen a gente que ha sido aprehendida por ICE y están en grupos de WhatsApp donde alertan de alcabalas y puntos móviles.
A cientos de kilómetros, en Chicago, Yanitza asegura que en esa ciudad ya no se ven redadas masivas, pero sí operativos puntuales.
“La gente se cuida mucho, hay temor, hay quienes ni salen a trabajar y han tenido que cambiar su estilo de vida, ocurre mucho con los mexicanos y centroamericanos que no han podido legalizarse”, dijo la periodista.
Aunque no tiene confirmación, Yanitza ha escuchado que los agentes de ICE ahora están ingresando a viviendas de personas que tienen orden de deportación. La comunicadora social sostuvo que su rutina cambió desde hace un año, cuando Trump llegó al poder.
“Yo antes salía a la calle sin mi tarjeta de green card, pero ahora cargo un koala con ella adentro, así como mi licencia de conducir. Hay personas a las que se las han llevado detenidas o han sido multadas por no portar la green card, aunque tampoco es garantía tenerla, si al funcionario le da la gana te detienen. No se puede negar que hay cierto recelo con la comunidad hispana”, narró.
Yanitza no descarta regresar en un futuro a Venezuela, pero por ahora eso no es posible porque es solicitante de asilo y su siguiente paso es aplicar a la ciudadanía. Comentó también que la situación con ICE ha generado redes de solidaridad, no solo con ONG que le dicen al ciudadano qué hacer cuando son interceptados por agentes de migración, sino también con personas.
“Una vez se me perdió el monedero donde tenía mi green card y tuve la suerte de que alguien lo consiguió y a través de un colega, que fue contactado por Facebook, lo pude recuperar”, agradeció.
Trump y los migrantes
Desde que llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, Donald Trump lo que ha hecho es apretarle las tuercas a los extranjeros en los Estados Unidos. Para ello incorporó 11 000 agentes más a ICE y prometió deportar a un millón de migrantes ilegales por año, sin embargo, no pudo cumplir su meta. En diciembre la administración republicana informó que había expulsado de territorio americano a 605 000 personas y detenido a 65 000 migrantes.
En febrero del año pasado comenzaron las redadas masivas y el envío de migrantes considerados “peligrosos” a la cárcel de Guantánamo en Cuba. Un mes después, al menos 252 venezolanos fueron deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad en Tecoluca, El Salvador. El gobierno estadounidense invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, acusándolos de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. No obstante, investigaciones posteriores indicaron que la mayoría no tenía antecedentes penales. Organizaciones como Human Rights Watch denunciaron casos de tortura y malos tratos durante su detención.
En ciudades gobernadas por demócratas como Nueva York, Washington DC, Portland, Los Ángeles y Chicago, se produjeron manifestaciones contra la política de ICE y algunas fueron reprimidas por la Guardia Nacional y hasta los marines.
Para finales de 2025, 32 migrantes habían muerto en centros de detención de ICE, la cifra más alta en dos décadas. El pasado 7 de enero, el punto de ebullición fue la muerte a tiros en Minneapolis de Renée Good, una mujer de 37 años. El responsable fue un agente de ICE. Sin hacer una investigación exhaustiva, Trump dijo que el funcionario actuó en defensa propia.
Apenas dos semanas después, agentes de ICE mataron con disparos al enfermero Alex Pretti. Alegaron que el profesional de la salud estaba armado con una pistola 9 milímetros.
“Esto es enfermizo, el presidente debe terminar esta operación, tiene que sacar de la calle a policías sin entrenamiento”, dijo el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz.
“Salgan de una maldita vez de aquí”, añadió el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.
Posterior a los sucesos, el propio Trump anunció una desescalada de los operativos y envió a Minnesota al zar fronterizo, Tom Homan, en reemplazo del jefe de la patrulla migratoria, Gregory Bovino, a quien responsabilizan por la muerte de Good y Pretti.
Persecución como política de Estado
Para Tomás Páez Bravo, director del Observatorio Venezolano de la Diáspora, lo acontecido en Minnesota, donde dos personas murieron a manos de agente del ICE solo en lo que va de año, es la gota que derramó el vaso.
“Yo recibo llamadas constantemente de gente en Estados Unidos que está migrando a Europa porque la presión no es solo en la calle, también les llaman por teléfono preguntando cuándo se van a ir”, dijo Páez.
El investigador manifestó que decenas de centros de ICE han sido denunciados por abusos a los migrantes
“Un estudio coordinado por el investigador de la Universidad de Florida, Eduardo Gamarra, arrojó que las ayudas para migrantes en Estados Unidos se han reducido drásticamente”, refirió.
Paez sostuvo que efectivamente la gente se ha cohibido de salir de sus casas a trabajar, asistir a clases y hacer sus actividades cotidianas por miedo a ser interceptados por ICE. Agregó que, por fortuna, el 90% de la diáspora venezolana está en países distintos a Estados Unidos.
El investigador indicó que Colombia ha recibido a alrededor de tres millones de venezolanos aunque es un país que tiene un desarrollo mucho menor que Estados Unidos”. Resaltó que pese a la xenofobia experimentada en algunas latitudes, naciones como Perú, Brasil, Portugal y España han acogido a migrantes venezolanos.
“Algo que está ocurriendo en Estados Unidos es que hay un proceso de periplos migratorios del norte hacia el sur y del norte hacia otros países del norte, como Canadá”, indicó.
De acuerdo a Páez, más del 52% de la diáspora venezolana en Estados Unidos se concentra en Florida, mientras que un 14% reside en Texas, donde está la industria petrolera.
“Los venezolanos han hecho inversiones en empresas agrícolas, industriales, inmobiliarias, en universidades, en medios de comunicación. Es decir que la diáspora ha generado riqueza, empleo, adquirido viviendas, paga alquileres, el aporte es importante”, destacó.
El profesor universitario sostuvo que el nivel de formación académica entre la comunidad venezolana es elevado en comparación con migrantes de otros países.
“Estamos hablando de una diáspora de buen nivel, que trabaja en hospitales, centros de investigación, empresas de ingeniería, consultorías, medios de comunicación, etc”, mencionó.
Páez aseguró que la mayoría de los venezolanos en Estados Unidos se encuentran en situación migratoria regular.
“Los que tenían CBP One o TPS eran personas en condición absolutamente regular, es decir, el Estado sabía dónde estaban, qué hacían, tenían su historial, sus teléfonos, todo”, enfatizó.
El investigador sostuvo que a diferencia de lo vociferado por algunos políticos, las migraciones no se asocian con incremento de la delincuencia. “Más bien, ayudan a reducirla, porque en principio la gente lo que quiere es trabajar y mejorar su calidad de vida”.
Recordó que través de la historia estadounidense se ha establecido la misma narrativa antiinmigrante.
“Contra los chinos, irlandeses, polacos, italianos, entre otros. Alegan que atentan contra los puestos de trabajo, el salario, la seguridad y por supuesto la identidad nacional”, especificó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
