Durante un acto en Caracas por la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, el gobernante Nicolás Maduro no hizo mención a los problemas que enfrentan los pueblos originarios del país, pero sí ordenó que se conformaran “milicias indígenas bolivarianas” para defender el territorio nacional de cualquier agresión.
“Le iba a decir al comandante de la milicia bolivariana que profundicemos y aceleremos la expansión de la milicia bolivariana indígena en todos los territorios del país. Y que se conformen brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de Suramérica para venir a defender a Venezuela, si fuese necesario. Milicias bolivarianas indígenas”, sentenció Maduro durante su discurso.
Según Maduro, ha recibido cartas de varios pueblos indígenas de América “dispuestos a guerrear por defender la República Bolivariana de Venezuela, la patria de Guaicaipuro y Bolívar”.
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— 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) October 12, 2025
🔴 Maduro en conmemoración del 12Oct ordenó la creación de milicias indígenas para defender al país de una agresión militar extranjera.
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Derechos pisoteados
Un comunicado de Embajadores del Orinoco, movimiento cívico que agrupa a asociaciones defensoras del Amazonas venezolano, destacó este 12 de octubre que en el Día de los Pueblos Indígenas no hay nada que celebrar.
El movimiento señaló la “permisividad del Estado” como el principal catalizador de la devastación en territorios ancestrales. La minería ilegal, controlada por guerrillas, “garimpeiros” y la milicia, se ha expandido sin freno, dejando a su paso un rastro de contaminación, enfermedades y desplazamiento forzado, denunciaron.
Condenaron también que a pesar de la profusión de leyes y convenios internacionales que la República Bolivariana de Venezuela dice acatar, la realidad de los pueblos indígenas es la de una brecha cada vez más insostenible entre la ley y la realidad”. Los ríos, que durante siglos fueron la fuente de vida para estas comunidades, ahora están envenenados por el mercurio, mientras la demarcación de sus territorios sigue paralizada, lo que contrapone los derechos consagrados en la propia Constitución.
El comunicado también advierte sobre la negativa del gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú, un instrumento clave para la protección de defensores ambientales y comunidades vulnerables. Mientras tanto, líderes y defensores indígenas son asesinados o criminalizados por alzar su voz contra la destrucción del Amazonas.
La paradoja no pasa desapercibida: el régimen busca fondos internacionales para “proteger el ambiente”, a la vez que sus políticas permiten la peor devastación ecológica en la historia del país. La denuncia del World Report 2025 de Human Rights Watch refuerza esta realidad, al evidenciar cómo los derechos humanos y ambientales de los pueblos indígenas “siguen siendo ignorados sistemáticamente”, de acuerdo con Embajadores del Orinoco.
Leyes de papel frente a la devastación y el abandono
El informe conjunto de 2025 de Wayamoutheri, Odevida y Provea, titulado “Pueblos y liderazgos indígenas en grave riesgo”, desnuda una cruda verdad: la situación de los pueblos indígenas en Venezuela no solo persiste en el abandono, sino que “se ha agudizado de manera dramática”. A pesar de una Constitución que dedica ocho artículos a su protección y la ratificación de instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT, el Estado venezolano ha fallado sistemáticamente en su deber, sumiendo a estas comunidades en una emergencia humanitaria que socava su existencia.
El epicentro de esta crisis es la lucha por el territorio. La ley exige la demarcación de tierras indígenas, pero los avances son escasos: solo el 12% ha sido demarcado, y el proceso está paralizado desde 2016.
Esta inacción estatal, consideraron las organizaciones mencionadas en su reporte, es una invitación abierta a la invasión: minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco, grupos de delincuencia organizada, contrabando, disidencias guerrilleras y terratenientes operan con total impunidad.
Además, el informe “Migración y Desplazamiento de Poblaciones Indígenas de la Amazonía venezolana hacia Colombia”, detalla cómo grupos armados de Colombia y Brasil controlan la minería ilegal en Amazonas, mientras la “evidente opacidad y omisión oficial de las autoridades, junto con el ‘consorcio’ con estos grupos criminales, es una de las causas directas” de la tragedia.
Emergencia sanitaria y un censo congelado
La crisis humanitaria generalizada en Venezuela ha golpeado con una brutalidad aún mayor a las comunidades indígenas. El colapso de los servicios de salud es alarmante: el informe de 2025 de Provea documenta un aumento exponencial de enfermedades como la malaria y la tuberculosis, con índices de mortalidad elevados. En Delta Amacuro, las muertes infantiles se vinculan a la contaminación por mercurio.
Esta emergencia sanitaria es el resultado directo de la desatención estatal, que las dejó sin servicios médicos durante la pandemia y más allá. El informe del GRIAM destaca la situación crítica de los Yanomami en la Sierra Parima, que tienen “la tasa de desnutrición y morbilidad más alta de la región”. Además, la falta de datos oficiales agrava la crisis: el censo indígena de 2011 es el único referente, con las cifras del censo de 2023 aún sin publicar, lo que impide cualquier política pública efectiva.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
