El centro de pensamiento y acción estratégica Laboratorio de Paz manifestó este 15 de agosto su “profunda preocupación ante el aumento de la criminalización, estigmatización y persecución política” contra activistas, gremialistas, académicos, periodistas, defensores de derechos humanos y voceros del llamado chavismo disidente en Venezuela.
La organización denunció que, en días recientes, se han registrado detenciones, ataques, desapariciones forzadas, judicializaciones y agresiones físicas contra sectores de la sociedad civil. Estos hechos, advirtió, responden a patrones de represión que se han agudizado desde el pasado 28 de julio de 2024.
Según el comunicado, en los últimos días se han multiplicado “acusaciones y señalamientos sin fundamento que presentan a personas, académicos, activistas y líderes sociales de izquierda y/o autodenominados chavistas críticos como ‘infiltrados’ o ‘agentes de injerencia extranjera’ por el solo hecho de ejercer su derecho legítimo a cuestionar actuaciones y políticas públicas”.
Derechos constitucionales e internacionales
La ONG recordó que, conforme a la Constitución venezolana y a los compromisos internacionales del Estado, existe la obligación de proteger la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, garantizar la libertad de asociación y participación política sin discriminación, y abstenerse de difundir discursos estigmatizantes que ponen en riesgo la integridad y la seguridad de las personas señaladas.
En esa línea, reivindicó “el derecho a ser chavistas radicales y/o críticos, así como el derecho de toda persona a identificarse, militar o inspirarse en cualquier corriente política o ideológica sin que ello menoscabe o implique renunciar a la libertad de cuestionar y debatir las decisiones del poder”.
“Ser crítico, hacer contraloría y disentir no es traición: es una forma legítima de participación democrática”, afirmó la organización, que también subrayó la necesidad de defender los derechos civiles y políticos de quienes se identifican como oficialistas o chavistas, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.
Posibles crímenes de lesa humanidad
Laboratorio de Paz advirtió que la persecución política ejercida a través de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y discursos de odio promovidos desde el Estado podría constituir crímenes de lesa humanidad, en los términos establecidos por el Estatuto de Roma.
Recordó que la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación sobre Venezuela y subrayó que la privación intencionada y grave de derechos fundamentales en razón de la identidad política o ideológica de una colectividad encaja en esa tipificación.
Exigencias al Estado
En su pronunciamiento, la ONG exigió:
- El cese inmediato de toda campaña de difamación, criminalización y hostigamiento contra sectores de la sociedad civil y disidencias chavistas.
- El fin de todas las acciones constitutivas de crímenes de lesa humanidad, incluyendo persecución política, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
- La liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos o de conciencia.
- Garantías de integridad física y psicológica para personas privadas de libertad, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
- La restitución inmediata de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política en Venezuela.
