Pese a haber preguntado hasta en cuatro oportunidades si la ya excarcelada activista colombo-venezolana del colectivo SurGentes, Martha Lía Grajales, estaba en la sede de la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez, tanto al esposo de ésta, Antonio González, como al abogado del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, les dijeron que ahí no se encontraba.
González y Alvarado hicieron un periplo por todos los centros de reclusión de Caracas el fin de semana del 9 y 10 de agosto, luego que Grajales fuera detenida el viernes 8 por una alcabala de la PNB en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, posterior a abandonar una concentración frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En dicha concentración Grajales pronunció palabras de aliento a favor de los familiares de los presos políticos que integran el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, quienes fueron agredidos por presuntos colectivos afectos al madurismo el martes 5 de agosto durante una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“En cuatro oportunidades fuimos a la Dirección de Investigación Penal (DIP) en Maripérez, y estando ahí, cuatro veces la negaron”.
Alvarado aseguró que incluso de manera malintencionada, los funcionarios les hicieron confundir al decirle que la habían trasladado el día sábado en la tarde a la sede policial de La Yaguara, un lugar que es exclusivo para hombres.
“No solamente la negaron, sino que actuaron con maldad en Maripérez. La mantuvieron en situación de desaparición forzada, incomunicada y no le permitieron designar a un abogado de confianza”, sumó.
Grajales estuvo efectivamente en la sede de la DIP en Maripérez y luego fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda.
Alvarado sentenció que la audiencia telemática se la hicieron imponiendo a un abogado público, a pesar que ella pidió uno de confianza.
“Eso que tanto reclamó el gobierno venezolano para los detenidos en El Salvador se lo negó Martha Lía Grajales, pero también se lo siguen negando a los detenidos por motivos políticos, porque los que han detenido recientemente siguen en esa misma condición”, consideró.
Tres días después de su detención y sin saber de su paradero, el fiscal general de la República impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dijo a través de una comunicación en redes sociales que fueron presentados contra Grajales los presuntos delitos de incitación al odio, conspiración con un gobierno extranjero y asociación para delinquir.
“Fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la república”, reza el comunicado.
SurGentes denunció que el acta policial que sustenta la orden de captura contra Grajales se basa únicamente en la reseña y análisis que un funcionario policial hizo al sitio web del colectivo, donde reseñan movilizaciones populares por la exigencia de derechos.
Según SurGentes hay una interpretación, la cual señala que tales protestas forman parte de un intento de desestabilizar al gobierno venezolano orquestado por intereses foráneos.
Una excarcelación motivada por la presión
Al día siguiente que el fiscal confirmó su detención, Grajales fue excarcelada con medidas cautelares.
“El hecho de que se la haya excarcelado, no borra las graves violaciones que sufrió. Estuvo en desaparición forzada. Lo justo no es que se le someta a un régimen de presentación, porque el régimen de presentación implica que su proceso judicial sigue abierto sobre delitos que no ha cometido y por lo tanto su libertad condicional sigue siendo arbitraria. Lo justo es la libertad plena”, sentenció Alvarado.
El abogado vinculado a Provea sostuvo que la medida inmediata que debe solicitar la Fiscalía una vez que terminen los 45 días de investigación es que el caso sea cerrado porque no hay evidencia de delitos.
Para Alvarado, la excarcelación de Grajales respondió a la presión nacional e internacional, especialmente la efectuada por la Cancillería de Colombia.
“No es un favor que le está haciendo el gobierno, una combinación de presión diplomática con presión social obligó al Estado a excarcelarla, hasta el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se pronunció”.
De acuerdo a la cuenta en X, Cazadores de Fake News, afines al chavismo iniciaron una campaña de estigmatización contra Grajales para etiquetarla como aparente infiltrada en las filas del oficialismo y vincularla con la líder opositora, María Corina Machado.
“El gobierno debe respetar su integridad, no debe mantener una actitud de hostigamiento, debe cesar la criminalización que se le viene haciendo a través de las redes sociales del Estado venezolano”, apuntó Alvarado.
Contra el chavismo disidente
El director de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, sostuvo que la estrategia represiva del gobierno madurista avanza en círculos concéntricos, en vista de que por diferentes razones no pueden perseguir y detener a todos los sectores al mismo tiempo.
“Entonces, cuando logra neutralizar e inhibir a un sector, avanza hacia el siguiente, especialmente luego de que decidió hacer un fraude electoral e instalar un gobierno ilegítimo”, opinó.
Uzcátegui sentenció que luego de neutralizar a la dirigencia política, medios de comunicación independientes y periodistas, defensores de derechos humanos y más recientemente economistas, que divulgaban datos contradictorios a la narrativa oficial, ahora corresponde el turno a chavistas que critican a Nicolás Maduro.
“Las estrafalarias acusaciones contra Martha Lía Grajales nos dicen que estos grupos más ideológicos tienen cada vez menos influencia dentro de las decisiones de la actual cúpula gobernante”, analiza.
Nacionalizada venezolana hace diez años, Grajales formó parte de la Comisión Presidencial para el Desarme y se desempeñó como coordinadora de la cátedra de derechos humanos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
Así como en su caso, el exministro de Finanzas del fallecido presidente, Hugo Chávez y miembro fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Rodrigo Cabezas, fue detenido por 41 días y excarcelado luego de los acuerdos entre la administración de Maduro y Washington para liberar a migrantes que estaban en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
“Al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, quien había rechazado el ataque contra la vigilia frente al TSJ, le han dado la orden de mantener su tradicional silencio. Ruiz y Grajales se conocen desde hace bastante tiempo, pues ambos trabajaron juntos en la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz”, dijo Uzcátegui.
El director de Laboratorio de Paz indicó que contra Grajales ocurre algo similar que con el resto de los presos políticos.
“Absoluta violación del debido proceso, desaparición forzada de corta duración, imposibilidad de utilizar una defensa de su confianza e impedimento de las visitas”.
El defensor de DDHH aseveró que uno de los objetivos de esta detención es inhibir el movimiento de madres de presos políticos. “Habrá que ver si eso se logra, o si el propio movimiento logra responder de manera innovadora a esta amenaza”.
Uzcátegui sostuvo que la condición de madres obligó al gobierno a realizar un castigo ejemplar y no llevar a cabo detenciones masivas.
“La represión fue cuidadosa contra quien avanzar, en este caso, contra una persona con doble nacionalidad y que no es madre o familiar de algún preso político, el eslabón más débil de esa cadena”, dijo.
Uzcátegui aseveró que es perentorio implementar mecanismos de adaptación al momento represivo actual.
“Concentraciones de poca duración, que se difundan de manera asincrónica, cuando los involucrados han abandonado el sitio”, concluyó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
