El tipo de cambio del dólar oficial alcanzó los 130 bolívares, de acuerdo con la tasa que publica el Banco Central de Venezuela (BCV), lo que implica que el salario mínimo, congelado desde el año 2022, equivale a apenas un dólar.
El Comité Nacional de Conflicto rechazó que el salario mínimo de los venezolanos sea de apenas un dólar, declarando que “no solo es insuficiente”, sino que además “es una humillación institucionalizada”.
“Con un salario mínimo de un dólar, se condena a millones de trabajadores y trabajadoras a la pobreza extrema, a la miseria y a la desesperación. Los pensionados quedan sin pensión, los trabajadores quedan sin salario”, señaló el comité en un comunicado difundido a través de Facebook.
Recordaron además que el monto de ese ingreso mínimo “no cubre ni el 1% de la canasta básica, que no permite pagar transporte, alimentación ni medicinas, no puede llamarse salario”. También lo calificaron como “una burla, una condena a la miseria, una violación flagrante de los derechos humanos laborales consagrados en la Constitución y en convenios internacionales”.
Desde el Comité Nacional de Conflicto plantean tres exigencias claras:
- Un aumento inmediato del salario mínimo acorde al costo real de la vida
- La restitución de las tablas salariales y beneficios contractuales
- El respeto al derecho a la negociación colectiva y a la protesta
Deterioro del poder adquisitivo
En abril de 2025, el Informe de Coyuntura Venezuela del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, advertía que la aceleración de la inflación a partir del tercer trimestre de 2024, “ha profundizado el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos, que ya desde el 2015 eran insuficientes para adquirir la canasta básica alimentaria”.
Para ese momento, el informe también señaló que en el sector formal, que agrupa al 53% de la fuerza laboral, los salarios reales continúan cayendo por la incapacidad del sector privado de ajustarlos y por el ajuste fiscal del Estado, que ha reducido de forma sostenida las remuneraciones en el sector público.
Además, indicó que el salario mínimo legal ha perdido toda relevancia como indicador para calcular beneficios laborales. “Ha sido una política de Estado la sustitución del salario por una política de subsidios a través de bonos discrecionales”, señaló el documento, lo que ha permitido al gobierno “un mayor control social, además de reducir los costos laborales y de la seguridad social”.
Aunque la Red Sindical Venezolana busca reactivar el diálogo tripartito para fijar un salario mínimo de 200 dólares, “de momento no se perciben señales de cambio en materia salarial durante el 2025” debido a las restricciones financieras por las sanciones petroleras y la caída esperada de la actividad económica.
Bonos sin incidencia en prestaciones sociales
En lugar de ajustar el salario mínimo —que permanece congelado en términos nominales desde marzo de 2022— Nicolás Maduro ha optado por otorgar bonos discrecionales que se pagan a través del sistema Patria y no forman parte del salario formal. Entre ellos, destacan el bono de guerra económica y el bono de alimentación (cestaticket).
Al no ser parte del salario, los bonos no inciden en prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldos ni aportes a la seguridad social. Esto reduce significativamente el costo laboral para el Estado.
También, el monto y la periodicidad de los bonos se determinan de manera unilateral por la administración de Maduro. Pero además, el bono de guerra económica ha estado indexado al tipo de cambio oficial, lo que le permite ajustar parcialmente su valor frente a la inflación, mientras que el salario mínimo permanece fijo.
Los más perjudicados son los pensionados y jubilados, pues como los bonos no cotizan, las pensiones y otras prestaciones se calculan sobre un salario mínimo sumamente bajo. Aunque Maduro dijo en 2024 que se crearía una Ley de Protección de Pensiones, con el supuesto objetivo de crear un fondo y fortalecer las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a través de una contribución especial que deben hacer las empresas privadas del país.
Esa ley se promulgó en mayo de 2024 y, a más de un año de su creación, el monto que reciben los pensionados sigue siendo de 130 bolívares, lo que pone en duda su efectividad y el manejo que se le ha dado a la contribución exigida al sector privado. Tampoco hay data pública ni información oficial que indique el monto de lo recaudado hasta ahora ni a qué se ha destinado.
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