Claves | Expertos de la OEA exigen a la CPI actuar ante represión sistemática en Venezuela

El Panel de Expertos Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó el pasado 19 de mayo, desde el Salón de las Américas en Washington, D.C., el informe “De la detención a la tortura y la desaparición: la consolidación del terror de Estado en Venezuela”, en el que piden a la Corte Penal Internacional (CPI) actuar ante la represión sistemática en Venezuela.

El informe, último con Luis Almagro como Secretario General de la OEA y sustentado en una rigurosa metodología de análisis jurídico y en la documentación minuciosa de numerosos casos, expone la escalada de violencia y represión política iniciada en octubre de 2023, en el marco de las elecciones presidenciales de 2024.

Por tal razón, el Panel de Expertos hizo un llamado urgente a la Fiscalía de la CPI para que investigue los casos de desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, uso sistemático de la violencia, represión e intimidación.

Asimismo, insta a los Estados parte del Estatuto de Roma y a la comunidad internacional en su conjunto a fortalecer la rendición de cuentas, proteger efectivamente a las víctimas y robustecer los mecanismos multilaterales de monitoreo y denuncia.

Cabe recordar que en 2018 la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un proceso de investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, cometidos desde las protestas antigubernamentales de 2017.

“Todos los elementos están” para que se procese “a la cadena de mando de crímenes de lesa humanidad en Venezuela” afirmó el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante la presentación del informe.

Por su parte, Manuel Ventura, miembro del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela [OEA], subrayó que se han entregado más de 100 elementos que permitirían el enjuiciamiento de Nicolás Maduro y otros miembros del régimen.

A continuación los hallazgos más impactantes del cuarto informe de la OEA sobre la nueva era de represión sistemática en Venezuela:

Desapariciones forzadas

Al menos 27 personas han sido objeto de desaparición a manos de agentes estatales en el periodo posterior a las elecciones de 2024.

Detenciones arbitrarias

Se documenta el arresto masivo de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, empleados públicos y miembros de la oposición, sin que se respeten las garantías judiciales.

Uso sistemático de la violencia

La tortura y la violencia sexual continúan siendo empleadas como mecanismos de castigo e intimidación, en paralelo con 28 asesinatos de manifestantes desarmados durante las protestas postelectorales.

Evolución represiva

La incorporación de prácticas contemporáneas de vigilancia tecnológica y criminalización judicial evidencia una “transformación deliberada y coordinada del aparato represivo estatal”.

Expansión de la represión más allá de las fronteras

El informe menciona que se reportaron actos de acoso político en el extranjero, incluyendo amenazas con grafitis, vigilancia y al menos un asesinato selectivo de un disidente en el exilio -el ex teniente Ronald Ojeda en Chile- presuntamente vinculado a agentes venezolanos.

Se refieren también a que altos funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, el general Domingo Hernández Lárez y el ministro Diosdado Cabello, emplearon un “lenguaje incendiario” que tildaba a sus críticos de “terroristas”, “traidores” y “mercenarios fascistas”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

El Panel de Expertos hizo un llamado "urgente" a la Fiscalía de la CPI para que investigue los casos de desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, uso sistemático de la violencia, represión e intimidación en Venezuela y para que se giren órdenes de captura contra los presuntos involucrados
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El Panel de Expertos Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó el pasado 19 de mayo, desde el Salón de las Américas en Washington, D.C., el informe “De la detención a la tortura y la desaparición: la consolidación del terror de Estado en Venezuela”, en el que piden a la Corte Penal Internacional (CPI) actuar ante la represión sistemática en Venezuela.

El informe, último con Luis Almagro como Secretario General de la OEA y sustentado en una rigurosa metodología de análisis jurídico y en la documentación minuciosa de numerosos casos, expone la escalada de violencia y represión política iniciada en octubre de 2023, en el marco de las elecciones presidenciales de 2024.

Por tal razón, el Panel de Expertos hizo un llamado urgente a la Fiscalía de la CPI para que investigue los casos de desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, uso sistemático de la violencia, represión e intimidación.

Asimismo, insta a los Estados parte del Estatuto de Roma y a la comunidad internacional en su conjunto a fortalecer la rendición de cuentas, proteger efectivamente a las víctimas y robustecer los mecanismos multilaterales de monitoreo y denuncia.

Cabe recordar que en 2018 la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un proceso de investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, cometidos desde las protestas antigubernamentales de 2017.

“Todos los elementos están” para que se procese “a la cadena de mando de crímenes de lesa humanidad en Venezuela” afirmó el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante la presentación del informe.

Por su parte, Manuel Ventura, miembro del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela [OEA], subrayó que se han entregado más de 100 elementos que permitirían el enjuiciamiento de Nicolás Maduro y otros miembros del régimen.

A continuación los hallazgos más impactantes del cuarto informe de la OEA sobre la nueva era de represión sistemática en Venezuela:

Desapariciones forzadas

Al menos 27 personas han sido objeto de desaparición a manos de agentes estatales en el periodo posterior a las elecciones de 2024.

Detenciones arbitrarias

Se documenta el arresto masivo de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, empleados públicos y miembros de la oposición, sin que se respeten las garantías judiciales.

Uso sistemático de la violencia

La tortura y la violencia sexual continúan siendo empleadas como mecanismos de castigo e intimidación, en paralelo con 28 asesinatos de manifestantes desarmados durante las protestas postelectorales.

Evolución represiva

La incorporación de prácticas contemporáneas de vigilancia tecnológica y criminalización judicial evidencia una “transformación deliberada y coordinada del aparato represivo estatal”.

Expansión de la represión más allá de las fronteras

El informe menciona que se reportaron actos de acoso político en el extranjero, incluyendo amenazas con grafitis, vigilancia y al menos un asesinato selectivo de un disidente en el exilio -el ex teniente Ronald Ojeda en Chile- presuntamente vinculado a agentes venezolanos.

Se refieren también a que altos funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, el general Domingo Hernández Lárez y el ministro Diosdado Cabello, emplearon un “lenguaje incendiario” que tildaba a sus críticos de “terroristas”, “traidores” y “mercenarios fascistas”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

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