Bloqueos, detenciones y agresiones a periodistas marcaron el primer mes de 2025

Durante enero de 2025 se registró un aumento en los casos de vulneraciones a la libertad de expresión, de acuerdo con el balance mensual de la ONG Espacio Público.

Al cierre del mes, la organización documentó 38 casos que se tradujeron en 67 violaciones a la libertad de expresión, principalmente 27 actos de censura y 18 restricciones administrativas.

En cuanto a las víctimas de los casos, siete son páginas o plataformas web, seis periodistas o reporteros, cinco ciudadanos, cinco particulares, dos medios de comunicación, un camarógrafo o técnico y un trabajador público.

Espacio Público también registró nueve detenciones arbitrarias, principalmente a periodistas y particulares durante enero de 2025.

Entre los casos de detenidos estuvo el director de Espacio Público, Carlos Correa, quien estuvo detenido desde el 7 al 16 de enero, que se confirmó su excarcelación.

Durante los días que Correa estuvo bajo “desaparición forzada”, organismos de seguridad del Estado no brindaron información precisa sobre su paradero a su esposa y abogados; tampoco se informó el sitio de reclusión, su estado de salud ni se le respetó el derecho al debido proceso.

Por otra parte, la mayoría de las violaciones documentadas las perpetró el Estado, pues 30 de ellas las ejecutaron instituciones públicas, ocho de cuerpos de seguridad, tres de funcionarios y una por el Poder Ejecutivo. Asimismo, 20 violaciones a la libertad de expresión fueron perpetradas por operadoras privadas de internet.

Agresiones a periodistas

Trabajadores de la prensa y medios de comunicación fueron víctimas de agresiones durante enero de 2025. Entre los casos que documentó Espacio Público se encuentra el del periodista y activista Ángel Godoy, a quien detuvieron el 8 de enero en Los Teques, estado Miranda.

Asimismo, en medio de las concentraciones convocadas por María Corina Machado para el 9 de enero, en Maracay, estado Aragua, personas afectas al oficialismo le arrancaron el teléfono al periodista Reinaldo Campins, quien cubría la protesta.

También, en Maracay, funcionarios de seguridad del Estado amenazaron y hostigaron a la periodista del diario El Siglo, Chiquinquirá Rivero, en el momento que cubría una protesta opositora en el sector La Redoma de La Fuente.

Por su parte, los periodistas Felipe López y Joanna Barboza fueron agredidos físicamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) mientras cubrían una manifestación en la plaza La República ubicada en Maracaibo, estado Zulia.

Expresión criminalizada

Espacio Público recordó que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, criticó y atacó al arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Polito Rodríguez, por la homilía que ofreció el 14 de enero en el marco de la visita anual de la Virgen de la Divina Pastora, en el estado Lara.

A su vez, Óscar Duque Díaz fue detenido el 19 de enero en el velódromo de San Cristóbal, estado Táchira, presuntamente acusado por incitación al odio. El gobernador Freddy Bernal afirmó que Duque “llamó a derrocar al Gobierno” y “lanzó improperios” contra Nicolás Maduro”.

Otro caso reportado ocurrió el 23 de enero cuando organismos de seguridad del Estado detuvieron a los ciudadanos y hermanos Franyert y Sogel, presuntamente por grabar a un funcionario del oficialismo en los alrededores de la Alcaldía del municipio Jesús María Semprún, Zulia.

Censura digital

La ONG Espacio Público reportó diferentes bloqueos a sitios web en enero de 2025 por parte de operadoras de Internet, entre ellos, las restricciones para acceder a la red social TikTok, situación que denunció el Observatorio de Internet VE sin Filtro.

También, la página web y la aplicación móvil de Telegram fueron bloqueadas el 10 de enero, día previsto para la toma de posesión del Poder Ejecutivo.

Lea el informe completo aquí

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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Juan Barreto/AFP
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Durante enero de 2025 se registró un aumento en los casos de vulneraciones a la libertad de expresión, de acuerdo con el balance mensual de la ONG Espacio Público.

Al cierre del mes, la organización documentó 38 casos que se tradujeron en 67 violaciones a la libertad de expresión, principalmente 27 actos de censura y 18 restricciones administrativas.

En cuanto a las víctimas de los casos, siete son páginas o plataformas web, seis periodistas o reporteros, cinco ciudadanos, cinco particulares, dos medios de comunicación, un camarógrafo o técnico y un trabajador público.

Espacio Público también registró nueve detenciones arbitrarias, principalmente a periodistas y particulares durante enero de 2025.

Entre los casos de detenidos estuvo el director de Espacio Público, Carlos Correa, quien estuvo detenido desde el 7 al 16 de enero, que se confirmó su excarcelación.

Durante los días que Correa estuvo bajo “desaparición forzada”, organismos de seguridad del Estado no brindaron información precisa sobre su paradero a su esposa y abogados; tampoco se informó el sitio de reclusión, su estado de salud ni se le respetó el derecho al debido proceso.

Por otra parte, la mayoría de las violaciones documentadas las perpetró el Estado, pues 30 de ellas las ejecutaron instituciones públicas, ocho de cuerpos de seguridad, tres de funcionarios y una por el Poder Ejecutivo. Asimismo, 20 violaciones a la libertad de expresión fueron perpetradas por operadoras privadas de internet.

Agresiones a periodistas

Trabajadores de la prensa y medios de comunicación fueron víctimas de agresiones durante enero de 2025. Entre los casos que documentó Espacio Público se encuentra el del periodista y activista Ángel Godoy, a quien detuvieron el 8 de enero en Los Teques, estado Miranda.

Asimismo, en medio de las concentraciones convocadas por María Corina Machado para el 9 de enero, en Maracay, estado Aragua, personas afectas al oficialismo le arrancaron el teléfono al periodista Reinaldo Campins, quien cubría la protesta.

También, en Maracay, funcionarios de seguridad del Estado amenazaron y hostigaron a la periodista del diario El Siglo, Chiquinquirá Rivero, en el momento que cubría una protesta opositora en el sector La Redoma de La Fuente.

Por su parte, los periodistas Felipe López y Joanna Barboza fueron agredidos físicamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) mientras cubrían una manifestación en la plaza La República ubicada en Maracaibo, estado Zulia.

Expresión criminalizada

Espacio Público recordó que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, criticó y atacó al arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Polito Rodríguez, por la homilía que ofreció el 14 de enero en el marco de la visita anual de la Virgen de la Divina Pastora, en el estado Lara.

A su vez, Óscar Duque Díaz fue detenido el 19 de enero en el velódromo de San Cristóbal, estado Táchira, presuntamente acusado por incitación al odio. El gobernador Freddy Bernal afirmó que Duque “llamó a derrocar al Gobierno” y “lanzó improperios” contra Nicolás Maduro”.

Otro caso reportado ocurrió el 23 de enero cuando organismos de seguridad del Estado detuvieron a los ciudadanos y hermanos Franyert y Sogel, presuntamente por grabar a un funcionario del oficialismo en los alrededores de la Alcaldía del municipio Jesús María Semprún, Zulia.

Censura digital

La ONG Espacio Público reportó diferentes bloqueos a sitios web en enero de 2025 por parte de operadoras de Internet, entre ellos, las restricciones para acceder a la red social TikTok, situación que denunció el Observatorio de Internet VE sin Filtro.

También, la página web y la aplicación móvil de Telegram fueron bloqueadas el 10 de enero, día previsto para la toma de posesión del Poder Ejecutivo.

Lea el informe completo aquí

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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