36 mujeres con voz pública en entornos digitales fueron encuestadas para determinar los desafÃos que enfrentan al ejercer su derecho a la participación y libertad de expresión en espacios digitales de difusión
@Luciapietf
Las mujeres defensoras, periodistas, activistas venezolanas con voz pública que difunden sus opiniones polÃticas, denuncias sociales y/o defienden los derechos humanos (DDHH) se ven sometidas a una constante violencia digital por razones de género, de acuerdo a una encuesta realizada por el centro Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) a finales de 2022.Â
En el ámbito polÃtico y la gestión pública, las mujeres son discriminadas por roles de género y esta situación puede agravarse en contextos poco democráticos, especialmente para mujeres sometidas a condiciones vulnerables que pueden verse limitadas a participar en actividades sociales y comunitarias, reportó el CDH.Â
Aquellas que superan algunas carencias materiales, enfrentan discriminación y/o pueden ser vÃctimas de una posible violencia. En Venezuela, para 2022, 1 de cada 10 mujeres y niñas fueron objeto de ataques sexuales o fÃsicos. El CDH registró también 282 casos de femicidios consumados y 120 frustrados, y en promedio hubo una acción femicida cada 26 horas y un femicidio de niñas cada 9 dÃas.
El delicado escenario empeora con la prolongada crisis, consolidación de prácticas autoritarias, atmósfera hostil que restringe el espacio cÃvico, ausencia de información oficial, falta de contención judicial y prevención frente a delitos.
Violencia digital: peligros y repercusiones
Mediante una encuesta en lÃnea respondida por 36 mujeres periodistas, activistas sociales y polÃticas, defensoras de DDHH entre agosto y septiembre de 2022, el CDH concluyó que la mayorÃa de las agresiones identificadas tienen potenciales efectos fÃsicos, pues un 27% de las mujeres señalaron recibir amenazas de seguimiento y vigilancia, asà como a la integridad fÃsica en un 10%.Â
Los insultos por razón de género y apariencia fÃsica ocuparon un 25% y, en un 5%, se denunciaron casos de exposición de información personal o del cÃrculo cercano.Â
Las encuestadas identificaron como motivo de los ataques la difusión de contenidos crÃticos, de opiniones personales o profesionales sobre temas de interés público, la publicación o difusión de contenidos sobre defensa de DDHH y, en menor medida, por considerarse públicamente feministas.Â
Entre las opiniones y contenidos crÃticos, hallaron que especÃficamente la difusión de comentarios crÃticos (16 casos) hacia grupos de poder o cercanos a este – polÃtico, económico o religioso-, y opiniones generales o expertas (14 casos) sobre diferentes asuntos de interés social y denuncias sobre presuntas violaciones de DDHH generaron agresiones contra estas mujeres.Â
Entre las redes donde se dan la mayorÃa de las agresiones, Twitter va a la cabeza con 55%, seguido de Facebook e Instagram con 10%, respectivamente. Un 9% se registró en WhatsApp – en grupos y estados de terceros-.
Incompatible con la democracia
El CDH indicó que la violencia en lÃnea va más allá de lo digital al tener efectos concretos y visibles, ya que las agresiones pueden tener consecuencias psicológicas en las mujeres y sus entornos cercanos, y la exposición de datos personales es un riesgo latente para la integridad de las involucradas. En el informe se recalcó que a pesar de la existencia de leyes que contemplan algunas de estas prácticas como delitos, la respuesta de los sistemas judiciales es muy lenta.
En el paÃs se registran casos en los que se niega o impide el acceso a la justicia cuando se intenta tramitar una denuncia por violencia, amenaza, vigilancia o seguimiento en lÃnea, porque los funcionarios consideran que la persona no se encuentra en «verdadero riesgo». En los casos en los que se logra procesar la denuncia, la respuesta es limitada y no evita futuras agresiones.Â
A esto se suma la vigencia de la «Ley contra el odio» que buscan pasar la crÃtica y opiniones legÃtimas como supuesta instigación al odio para criminalizar el cuestionamiento de funcionarios y autoridades.Â
«Las expresiones sobre temas de interés público y en especial referidas a funcionarios, aún cuando se realicen bajo tonos que se puedan considerar ofensivos, están protegidas por el derecho a la libertad de expresión», se destacó en el informe.
El CDH consideró que las brechas en la participación social de mujeres basadas en prejuicios de género es incompatible con sistemas democráticos, asà como la intolerancia ante la difusión de crÃticas contrarias a la alineación del Estado.Â
También, precisó que para enfrentar la violencia digital de género es necesario identificar los casos y registrarlos, sobre todo en situaciones que puedan escalar. El Estado debe hacer seguimiento y facilitar el acceso a la información sobre los Ãndices de violencia por razones de género que permitan generar polÃticas públicas, consultadas y realistas que prevengan, contengan y sancionen dichas prácticas.
