El empeño del Gobierno por impedir la entrada de manifestantes a Libertador ha precipitado la evolución del conflicto político. Ahora, las protestas surgen de manera “endógena” en el territorio del municipio donde tienen sede todos los poderes públicos del país.
El Ejecutivo hizo esfuerzos importantes para mantener la tranquilidad en Caracas. Allí no falta la gasolina, como sí ocurre en Táchira y Zulia. Cuando no había arroz en los anaqueles de los principales automercados, se podía conseguir fácilmente en el bulevar de Catia, con los bachaqueros organizados por lo colectivos. La electricidad casi no se iba en comparación con el resto del país, y en las 32 parroquias hay una avalancha de policías y militares para que la gente no alce la voz. Todo para mantener una aparente “normalidad”.
La primera campanada la dieron en El Valle, en una noche de horror que dejó ocho muertos. En la parroquia-puerta de Fuerte Tiuna, el control se perdió tan rápido que la gente atribuyó los saqueos y vandalismos a la acción de grupos delictivos organizados. Pero después vinieron protestas a plena luz del día y en jornadas consecutivas por falta de alimentos.
Luego El Paraíso, La Vega y Antímano. En unos lugares cacerolean al Gobierno, y en otros le piden comida. Y el Ejecutivo, en una lógica suicida, te dice que si expresas tu descontento no te llegará la comida. Muere de hambre, callado.
Algún comentarista dominical todavía dice que esas son situaciones artificiosas. Que el desbarajuste en Candelaria no existe, que lo de Caracas es mentira.
En Fuerte Tiuna saben lo que sucede. Lo miden. Tratan de llevar el pulso al descontento desbordado.
Desde allí mandan las cifras a Miraflores: 77 manifestaciones en promedio diario en todo el país durante marzo y abril. Desde luego, esto ha sucedido en una escalada, de manera que, tal y como lo ha observado Provea, las protestas se tornaron cada vez más extendidas, más frecuentes e involucran a más personas, de distintos oficios y clases sociales.
Durante los dos primeros meses de conflicto político, los militares han contado más de 3.850 manifestaciones, en su gran mayoría pacíficas. En este sentido, lo ocurrido en Distrito Capital no es un reflejo fiel del carácter predominante de la acción política, puesto que en la Gran Caracas los enfrentamientos han sido los más violentos y letales, con 22 muertos y miles de heridos, la mayoría de ellos no registrados en los partes oficiales. De los fallecidos, por cierto, ninguno pertenece a los cuerpos de seguridad.
Lo que está sucediendo en el municipio Libertador, así como también en otras zonas donde se creía que el conflicto no iba a “prender”, como el estado Vargas, fue advertido por encuestas como las de More Consulting, que en solo una semana detectaron un incremento de 4% en la disposición de la ciudadanía en cuando a participar activamente en las protestas.
En la medida en que se aproxime la Constituyente muchas más personas se lanzarán a las calles. Cada quien con sus razones. En los primeros días de junio las protestas se incrementaron 14% en la capital del país y 22% en la región andina. Las zonas central y occidental también reportan sustanciales aumentos en la conflictividad.
Al Gobierno solo le queda la represión.
Un aspecto interesante es que las estadísticas manejadas por el despacho castrense son 115% superiores a las recabadas en abril y mayo por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que nutre sus informes con lo reportado por los medios convencionales, las redes sociales y algunas fuentes humanas. Esto significa que la censura sí está teniendo un efecto negativo en cuanto al conocimiento general de la situación por parte del resto de la sociedad, pero en nada mitiga el deseo de salir a las calles.
Breves
*El Ministerio de la Defensa ha observado con preocupación el incumplimiento por parte de grandes unidades militares de los protocolos establecidos para el resguardo y la manipulación del llamado “material de guerra y de orden público”, consignado en sus correspondientes polvorines. En 2016 el Comando Estratégico Operacional de la FANB instruyó a los comandos de zona militar sobre este particular. Pero hasta la fecha aparentemente no han sido cumplidos a cabalidad. Por esta razón, se ordenó también la conformación de equipos de inspectores, con el concurso de funcionarios de la Dirección de Armas y Explosivos (Daex) y de los servicios técnicos de armamento de los distintos componentes castrenses. Ya no solo es el temor de que los depósitos de armas puedan ser saqueados sino también que sean drenados por la acción de las redes de corrupción que, por ejemplo, hicieron desaparecer 86 granadas de un depósito del Ejército a finales de 2016.
*El general de división retirado Alexis Ascensión López Ramírez, que recientemente renunció a la secretaría del Consejo de Defensa de la Nación, forma parte de la promoción egresada en 1984 de la Academia Militar de Venezuela, llamada general Juan Gómez Mireles. López Ramírez ocupó el puesto 12 entre 109 alféreces. El mayor exponente de esa camada de oficiales es el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y jefe del Comando Estratégico Operacional, que llegó en el puesto 18. Otros oficiales de importancia han sido el general Manuel Pérez Urdaneta, ex director de la Policía Nacional Bolivariana, el mayor retirado Francisco Ameliach Orta, actual gobernador de Carabobo, y el ex director de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) Aref Richani. López Ramírez fue jefe de la Casa Militar durante el último período de Hugo Chávez y comandante del Ejército en 2013, nombrado por Maduro. Al pasar a retiro lo enviaron al Codena. A pesar de haber ocupado todos estos cargos, López presumía de institucional. Otros oficiales lo tachaban de oportunista al no haber plantado cara ante el deterioro de la FANB.
*El sector occidental del estado Zulia, en especial los municipios Machiques de Perijá y Catatumbo, se ha convertido desde finales de 2016 en el principal punto de aterrizaje y despegue de vuelos ilícitos, indican fuentes militares. Las aeronaves van y vienen a distintos países centroamericanos, en especial Honduras, que continúa ofreciendo condiciones apropiadas para el bombardeo de alijos de drogas. Hay algunas trazas de vuelo que ocasionalmente pasan por cielos de Falcón y llegan hasta el centro del país, presumiblemente el estado Guárico. Lo interesante es que de repente el estado Apure, que hasta 2016 sirvió como caleta de drogas y portaviones de aeronaves sospechosas, ahora no tiene mayor relevancia. Esta mudanza hacia el norte de la actividad de transporte de drogas podría estar asociada a la reactivación de uno de los antiguos bastiones de las FARC, como es el eje Tibu-Rio de Oro. Los guerrilleros ahora desmovilizados se habrían juntado con elementos del Ejército de Liberación Nacional, bajo el mando de alias Pablito, para ocupar esos predios.
*Con la intervención a la policía del estado Miranda, ya no queda ningún cuerpo estatal de seguridad preventiva en poder de gobernadores de oposición. La misma decisión fue aplicada en Lara durante la última semana de mayo. En esa región se reportaba una merma de 15% en los índices generales de delitos. Solo las lesiones personales mostraban algún repunte. En Amazonas, la policía regional fue intervenida en enero de este año. Allí los delitos se han incrementado levemente con respecto a 2016, en especial los homicidios (+13%), las lesiones (+66%) y las violaciones (+30%). Todo indica que el tutelaje militar al que se quiere someter a los cuerpos de seguridad regionales en poder de opositores van en contra de los intereses de los propios pobladores de cada localidad. A esto se une el interés manifestado por el titular del MRI, mayor general (GN) Néstor Reverol en el sentido de eliminar la competencia concurrente que tienen los alcaldes en materia de seguridad ciudadana, durante un eventual desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto llevaría al país a una fase previa a la que existía en 1989, cuando se inició el proceso de descentralización que le dio a los gobernantes municipales la potestad de manejar cuerpos policiales.
