TRAS LA PUBLICACIÓN DEL INFORME sobre la situación de Venezuela realizado por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la organización internacional invitó al Gobierno de Nicolás Maduro a enviar sus comentarios por escrito en respuesta al documento.
El Estado venezolano, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que el informe creado por la ACNUDH “presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos en Venezuela”. Además la administración de Maduro asegura que las fuentes más privilegiadas fueron las “carentes de objetividad”.
Derechos económicos y sociales
El Gobierno venezolano afirmó que en el informe publicado por Bachelet no hace referencia a las medidas implementadas por el Estado que impactan “positivamente” sobre el poder adquisitivo de los venezolanos. El Estado aseguró que el Carnet de la Patria, el subsidio general a los costos de los servicios públicos (agua, electricidad, gas doméstico, transporte e internet) y el sistema educativo y de salud gratuito, son parte de las medidas implementadas.
El Gobierno tildó de errada la afirmación de que miembros del Gobierno habrían reconocido ciertos aspectos de la crisis humanitaria en Venezuela, porque “no están dados los supuestos previstos en el derecho internacional para ello”.
Derecho a la alimentación
El Gobierno venezolano aseguró que se aportó a la ACNUDH abundante información sobre las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la alimentación. Sin embargo, el Estado asegura que esta no fue tomada en cuenta. Además, aseguró que invierte 3.906 millones de dólares al año para la compra de alimentos que se distribuye en la población.
Derecho a la salud
El Estado alegó que, una vez más, los datos aportados por él no fueron utilizados, la información recolectada durante la visita de la ACNUDH a Venezuela fue omitida y que la evaluación sobre este área se basó mayoritariamente en entrevistas fuera de Venezuela.
De acuerdo con el Gobierno venezolano, la tasa de mortalidad materna se redujo 13,76 puntos entre 2016 y 2018 y aseguró que 40 mil venezolanos han fallecido en consecuencia de las sanciones impuestas por el Gobierno de EE.UU.
Programa y políticas sociales
El Estado alegó que con la implementación de los CLAP se ha logrado un incremento de 400% en los niveles de distribución, asegurando que 6.000.000 de hogares son atendidos mensualmente, lo que equivale a 24 millones de personas.
Medidas coercitivas unilaterales
Según el Gobierno, el informe de Bachelet omitió el hecho que desde 2014 el precio del barril de petróleo ha disminuido notablemente como consecuencia de las “acciones” adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos.
Libertad de opinión y expresión
El Estado aseguró que se han otorgado 32 concesiones nuevas de radio y una de televisión, a su vez, renovó 12 concesiones. El Gobierno indicó que se realizaron 3 deportaciones a periodistas extranjeros por tener visa de turismo en lugar de una de trabajo.
Represión expresiva y persecución por motivos políticos
De acuerdo con el Gobierno, dentro del informe no se hizo mención a las diversas acciones de violencia a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, realizadas por la oposición venezolana desde 2002.
Detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos
Uno de los comentarios del Gobierno en respuesta a la ACNUDH resalta que el Ministerio Público está al tanto de 72 casos de torturas y tratos crueles. El estado indicó que la Oficina de la Alta Comisionada no mencionó el supuesto intento de magnicidio a Nicolás Maduro.
Acceso a la justicia y reparación adecuada para las víctimas
El Gobierno afirmó que el Ministerio Público está al tanto de 292 casos a los que 338 funcionarios de las FAES están vinculados por los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio. “Hasta la fecha 5 funcionarios del FAES han sido condenados por la comisión de los delitos de homicidio frustrado, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible, en el marco de hechos ocurridos en el año 2018”, indicó el Estado en el comunicado.
En cuanto a la reparación adecuada para las víctimas, el Gobierno indicó que la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad no se limita a las compensaciones monetarias, sino que incluyen acompañamiento jurídico, atención psicológica y/o psiquiátrica, atención en salud y medidas de protección social.
Grupos en situación de riesgo
En relación a los pueblos indígenas, el Gobierno asegura que se han entregado 102 títulos de propiedad colectiva de la tierra a pueblos indígenas, que comprenden 3.282.299 hectáreas demarcadas.
Además de ello, en el comunicado se indicó que solo dos comunidades indígenas participaron en la entrega de la ayuda humanitaria el 23 de febrero de este año. El Estado culpó a estas comunidades de generar los episodios de violencia que se llevaron a cabo en Santa Elena de Uairén.
Personas migrantes y refugiadas
El Gobierno de Maduro indicó que la cifra de migrantes venezolanos aportada por la ONU es errada y exagerada.
