ALTO
YA MICHELLE HABLARÁ:
La dos veces presidenta de Chile Michelle Bachelet está en Caracas. Por su alojamiento en el Hotel Eurobuilding, en la urbanización Chuao, dicho establecimiento fue tomado por los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro haciéndolo parecer como un alojamiento en plena zona de guerra en Siria o Irak. Ella ha buscado recibir a sus convidados venezolanos a informarle de la realidad que vivimos en las oficinas de la ONU o en otros lugares preseleccionados para evitar la injerencia de los agentes de seguridad del régimen o de otros funcionarios de maduro y así poder escuchar sin tapujos las quejas e informes que le presenten.
La decisión de mover algunos encuentros del Eurobuilding obedece a la certeza que se tiene de haberle colocado micrófonos u otros artilugios para escuchar sus diálogos. El régimen ha querido rodearla para intimidar a sus interlocutores. Por eso descubrimos que Areaza, el canciller, le asignó a un chileno que es su asistente en el ministerio para que fuera “asistente de la Alta Comisionada”. Igualmente le asignaron al viceministro de Exteriores ante Organismos Multilaterales, Felix Plasencia, y a una asistente del canciller que es la “comisaría política” en el MPPRE, para que la acompañen en sus periplos.
En lo que se ha llamado un “golpe afectivo” trajeron desde México a la médico Maria Urbaneja, exministra de Salud de Chávez y embajadora en ese país debido a su amistad con la expresidenta Bachelet para que la acompañara y le transmitiera en las pocas horas que estaría en Venezuela “todo lo bueno que Maduro ha hecho por los derechos humanos de los venezolanos”. Tomo de la página de la ONG Acceso a la Justicia punto ORG la mejor explicación de esta visita oficial que no es alegre invitación de Nicolás Maduro como él mismo nos la quiere vender a traves de la malintencionada propaganda oficial. Increíble que se dejen ver la oreja con tanto desparpajo. Hoy jueves tras la reunión en cancillería con funcionarios rojos fue Ricardo Menéndez -uno de los “socios” del trío con Jorge Arreaza y Manuel Fernández- quien repetía al salir de la reunión con la Alta Comisionada Bachelet que ella era invitada del presidente Maduro. Mas aún cuando anoche al subir del aeropuerto de Maiquetía con el canciller Jorge Arreaza y el rojito y parcializado Larry Daniel Devoe Márquez, encargado del Consejo Nacional de Derechos Humanos, la llevaron a la Casa Amarilla para darle un concierto con una agrupación juvenil de integrantes del Sistema Nacional de Orquestas mientras el perenne mentiroso canciller repetía el agradecimiento a ella por haber aceptado la invitación de nuestro presidente Maduro. Falsa y desmentida por los hechos ya explicados.
Que el gobierno de Nicolás Maduro use como excusa las diversas sanciones internacionales de las que han sido objeto sus altos funcionarios e integrantes de otros poderes públicos por violaciones de derechos humanos, para justificar su ineficiencia, en este caso ante la emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos, no es nuevo. Partiendo de ello, lo primero que debemos decir es que la visita de la señora Bachelet no es política ni tiene como finalidad la legitimación del régimen de Nicolás Maduro, y por lo mismo no puede ser celebrada por este como un reconocimiento o no de su condición de gobernante democrático. El mandato de la alta comisionada es muy claro: velar por la protección de los derechos humanos, denunciar su violación y pedir su respeto. De ahí que tomar su presencia en Venezuela como un espaldarazo a Maduro o un respaldo a su Gobierno no sólo es equivocado, sino que implica no comprender que para hacer efectivo su mandato la Oficina de la Alta Comisionada debe tratar con todo tipo de régimen, pues precisamente donde más se le necesita es en aquellos sitios en los que, como Venezuela, existen graves violaciones de derechos humanos y no hay garantías democráticas.
En el caso de nuestro país, además, ese mandato general viene reforzado por la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 26 de septiembre de 2018, aprobada por holgada mayoría (23 votos a favor y 7 en contra), que declaró la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela con cientos de miles de víctimas, y como consecuencia de ello le ordenó a la alta comisionada mantener informado al Consejo sobre la situación del país y presentarle un informe para este año. Asimismo, exhortó al gobierno venezolano a poner fin a tan catastrófica situación. En razón de ese mandato particular la señora Bachelet, mediante el equipo técnico de su oficina, ha estado recopilando y organizando información.
Esto trajo como consecuencia la venida al país, en marzo de este año, de una comisión de expertos del despacho de la alta comisionada, que llegó en medio del primer apagón nacional y visitó centros penitenciarios y hospitalarios, además de reunirse con víctimas de violaciones de derechos humanos y con las organizaciones no gubernamentales que los han documentado, teniendo así un contacto de primera mano de la realidad nacional, haciendo inútiles los esfuerzos gubernamentales por mostrar un respeto por los derechos que este régimen nunca ha tenido. En esa oportunidad el contacto con víctimas y con la sociedad civil organizada se hizo sin presencia de representantes gubernamentales que intimidaran o impidieran la libre expresión de quienes querían exponer sus casos. Este sólo hecho, el que pudiera escucharse a las víctimas, es en sí mismo un triunfo, sobre todo cuando se toma en cuenta que en Venezuela los órganos públicos tienen como política la indiferencia y la negligencia en la atención a los casos de violaciones de derechos humanos; el sentirse finalmente escuchados con atención por parte de unos funcionarios de Naciones Unidas les permitió al menos expresar no sólo sus casos, sino la frustración que lamentablemente les ha venido acompañando ante un Estado cuya estructura y organización favorece la impunidad.
La primera consecuencia de esta visita ocurrió pocos días después de iniciada, cuando Michelle Bachelet denunció en una intervención ante el Consejo, entre otras cosas, las 205 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las FAES en el año 2018, y las 39 verificadas hasta el mes de enero de este año, poniendo en evidencia un patrón generalizado de violación de derechos humanos por parte de ese órgano gubernamental que, de acuerdo con lo dicho, en lugar de disminuir este año, se ha venido agudizando. Aunque se haya dicho que su visita es muy corta y que no le va a dar tiempo para conocer el alcance de la tragedia venezolana hay que recordar el trabajo que los miembros del despacho de la Alta Comisionada han realizado antes, durante y después de su visita a principios de este año. En ese contexto, la visita de Michelle Bachelet es la culminación de un ciclo de investigación, no la investigación en sí misma, sobre el caso venezolano, que además no se va a agotar, pues su mandato de protección de los derechos humanos seguirá vigente mientras persista su violación sistemática y generalizada.
También debemos hacer referencia a quienes señalan que este tipo de eventos son sólo protocolares y que al final si se hace una denuncia el Gobierno la ignorará y continuará en su política de violación de derechos humanos como si nada. A tal señalamiento debemos responder que, si bien la Oficina de la Alta comisionada no tiene medios de coacción para hacer cumplir sus requerimientos a los Estados, el que los denuncie públicamente y los dé a conocer al resto de la colectividad internacional es un ladrillo más en el muro de repudio que en el mundo existe sobre el régimen político venezolano. Adicionalmente, hemos de señalar que la misión de la alta comisionada respecto de Venezuela no se va a agotar con su visita al país, sino que continuará con la presentación de un informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo 5 de julio, donde esperamos haya un reflejo fiel de la atroz situación venezolana. Y para quienes creen que los informes de Michelle Bachelet van a terminar en el olvido de alguna gaveta gubernamental, les recordamos que uno de los informes sobre Venezuela por parte del anterior Comisionado, Zeid Raad Al Hussein, acompañó la remisión que seis estados realizaron del caso venezolano ante la Corte Penal Internacional, por lo que mal puede decirse que tales documentos son simple papel mojado.Ese mismo Comisionado denunció como ilegítima la elección de Maduro como presidente en 2018.
Hasta el momento la Alta Comisionada ha sido coherente con la misión encomendada. Este párrafo del portal que mencionamos define muy bien la actualidad: “Cuando la Alta Comisionada de los órganos de protección de los derechos humanos viene a Venezuela, mal puede interpretarse como un espaldarazo o una legitimación al régimen, pues en realidad se hace en ejecución del mandato de protección de derechos humanos. Por ello, en la trágica situación venezolana, el simple hecho de que ocurra esa visita no es un triunfo del régimen sino de todas las víctimas que ha ignorado y, en consecuencia, una luz de esperanza en las tinieblas que actualmente nos rodean, pues cada vez que se oye la voz de alguien a quien han violado sus derechos, se acerca un poco más la justicia.
Un llamado de atención a todos pues ya los miembros del equipo técnico de trabajo de la Alta Comisionada estuvieron desde el pasado 11 de marzo de visita en Venezuela, saliendo de allí un completo informe sobre la emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos, agravada con el colapso del sistema eléctrico y de otros servicios como el suministro de agua.
Esa visita se dio en el contexto de un ambiente de represión por parte del régimen de Maduro, que en su empeño por imponer su versión ajena a la realidad se dió a la tarea de “maquillar” las principales áreas de los centros hospitalarios y dotarlos, no sabemos si de forma temporal, de medicinas e insumos para hacer ver que no estamos en crisis o que no es tan grave. Incluso se le ordenó a los colectivos (grupos irregulares que pueden estar armados) para que agredieran a médicos, pacientes y periodistas que intentaron acercarse al equipo de la ONU, como ocurrió durante una visita al Hospital Central de Barquisimeto. El simple hecho de que Maduro haya tenido que recurrir a los colectivos para impedir que quienes padecen más duramente la crisis humanitaria se acerquen a la misión de ONU muestra la verdadera y despiadada cara de un régimen para el que las muertes ocasionadas son secundarias si con ello se mantiene en el poder.
Sin embargo, con independencia o no de la visita de Bachelet, lo cierto es que los esfuerzos del llamado “régimen usurpador” por enmascarar la dura realidad han trascendido y, con ello, la certeza de que la crisis humanitaria es responsabilidad de quien la quiere ocultar. El olor a pintura recién puesta en los hospitales en marzo pasado no ocultó el hedor de nuestras miserias, como bien dice el informe de la ONG acceso a la justicia.org.
La pediatra Bachelet ha logrado que dos informes de su oficina referentes a esa visita hayan sido contundentes contra el régimen corrupto e inmisericorde que gobierna Venezuela. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encontrará con el presidente Nicolás Maduro, el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, representantes de organizaciones de la sociedad civil y «víctimas de abusos y violaciones de los derechos humanos», según informó la ONU.
Tiene previsto también reunirse con el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general y el defensor del pueblo, tres joyas ilegítimas del régimen represor y violador de los Derechos Humanos. Regimen al que gran parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, considera un gobierno ilegítimo.
La comisionada ha recibido críticas en el pasado por no pronunciarse contra Maduro y algunos, especialmente en círculos opositores, le reprochan no denunciar con claridad la situación del país en materia de derechos humanos. Aunque en febrero condenó los episodios violentos vividos en febrero en Venezuela y en sus fronteras con Brasil y Colombia, cuando fuerzas afines al presidente Nicolás Maduro bloquearon el intento de ingreso de la ayuda humanitaria organizado por la oposición. Resumiendo, dos informes presentados bajo su mandato y levantados por el mismo equipo de la ONU bajo su predecesor han sido muy duros contra el gobierno de Maduro al presentar la terrible realidad venezolana. Tenemos quince días para conocer su visión de Venezuela, su gobierno y los derechos humanos de los venezolanos en el informe a presentar en Ginebra.
