La situación de Venezuela es tan compleja como confusa. El chavismo –y su lobby internacional- tratan de imponer la matriz de la “autoproclamación” para desacreditar a Juan Guaidó, mientras la Asamblea Nacional responde que su juramentación como presidente interino de Venezuela se enmarca dentro de la Carta Magna. En paralelo al debate jurídico, la realidad política define el curso de una crisis que ya no deja indiferente a nadie en todo el planeta.

– ¿Puede considerarse a Nicolás Maduro como el Presidente legítimo y constitucional de Venezuela?

– El Parlamento venezolano y más de 50 países, encabezados por Estados Unidos, Canadá, los miembros de la Unión Europea y la mayoría de América Latina, califican como ilegítima e inconstitucional la permanencia en la Presidencia de la República de Maduro, quien el pasado 10 de enero comenzó un segundo mandato de seis años con el respaldo de la Fuerza Armada y países como Cuba, Rusia, China, Irán y Turquía.

– ¿Por qué el Parlamento y parte de la comunidad internacional desconocen la legitimidad de Maduro?

– Este segundo mandato de Maduro surge de las elecciones del 20 de mayo de 2018, catalogadas como fraudulentas por el Poder Legislativo y las democracias occidentales. En señal de protesta por la ausencia de garantías las principales fuerzas de la oposición no participaron en aquellos comicios, que terminaron registrando el mayor índice de abstención (48%) en la historia de las elecciones presidenciales en Venezuela, según los datos del Consejo Nacional Electoral dominado por el chavismo. El candidato opositor que compitió en la contienda, Henri Falcón, tampoco reconoció los resultados por las irregularidades que se presentaron durante la votación.

– ¿Por qué la elección del 20 de mayo se consideró inconstitucional?

– La elección del 20 de mayo de 2018 fue convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano integrado en su totalidad por militantes del chavismo que es considerado ilegítimo y fraudulento por el Parlamento venezolano y las democracias occidentales. Además de fijar la fecha de la votación pasando por encima del Consejo Nacional Electoral –también manejado por Maduro – y violentar los lapsos y procedimientos establecidos en la normativa electoral, la Constituyente ilegalizó a los principales partidos de la oposición. Estas desviaciones terminaron de vulnerar un sistema minado por el ventajismo del gobierno chavista, la inhabilitación de los líderes opositores, la censura en los medios de comunicación y el uso de mecanismos como el “carnet de la patria” para presionar a los ciudadanos.

– ¿Qué ha hecho el Parlamento para enfrentar la pretensión de Maduro de permanecer ejerciendo la Presidencia de la República?

– El Parlamento declaró “usurpador” del cargo de Presidente a Maduro y ha basado sus acciones en tres artículos de la Constitución: 233 –referido a las faltas absolutas del Presidente de la República– y 333 y 350, sobre la desobediencia civil y la propia defensa de la Carta Magna.

– ¿Qué dice el artículo 233 de la Constitución venezolana?

– El artículo 233 señala: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”. Invocando esta disposición del texto fundamental, Juan Guaidó asumió de forma interina las competencias del Ejecutivo Nacional el pasado 23 de enero.

– ¿Es correcto decir que Guaidó se “autoproclamó” Presidente de Venezuela?

– “Guaidó no se ‘autoproclamó’ como Presidente. Por el contrario, en su declaración del 23 de enero ratificó el cumplimiento del deber que le impone el artículo 233 de la Constitución, a saber, encargarse de la Presidencia de la República, dado que no hay en Venezuela un Presidente electo. Para garantizar el ejercicio efectivo de la Presidencia, la Asamblea Nacional –como única autoridad electa en Venezuela– deberá dictar todas las medidas que aseguren el cese de la usurpación de la Presidencia”, argumentó en un artículo publicado en el portal Prodavinci el abogado José Ignacio Hernández, profesor de Derecho Administrativo y Constitucional.

– ¿Puede ser válida la juramentación de Guaidó aunque haya sido realizada en una concentración pública y no en el Palacio Federal Legislativo?

– El profesor Hernández responde que, según la Constitución venezolana, la autoridad del jefe del Parlamento “aplica de pleno Derecho, es decir, no es necesario cumplir ninguna formalidad, pues solo esto garantiza que, al menos en el plano jurídico, exista continuidad administrativa”. Por esa razón, el académico subraya que Guaidó “no se autoproclamó o se autojuramentó. En realidad, el presidente de la Asamblea Nacional ratificó expresamente su voluntad de cumplir lo que la Constitución de Venezuela le impone, a saber, asumir la titularidad del cargo de Presidente encargado, siempre de acuerdo con las decisiones que dicte la Asamblea Nacional para asegurar el cese de la usurpación”.

– ¿Qué busca Guaidó con su juramentación?

– Guaidó ha enfatizado que el Parlamento tiene una hoja de ruta con tres pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

– ¿Maduro sí cumplió con la formalidad de la juramentación?

– No a cabalidad. Como ya se ha dicho, no se le considera un Presidente “electo”, pues su mandato emanaría de un proceso fraudulento. Pero, además, la Constitución establece que el Presidente electo debe prestar juramento ante el Parlamento y luego agrega: “Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”. Maduro terminó acudiendo al Tribunal Supremo, manejado por el chavismo y que desde 2016 ha dictado más de 70 sentencias que han anulado todas las atribuciones y competencias del Legislativo.

– ¿Toda la crisis venezolana encuentra explicación en su Constitución?

– No. Para entender esta inédita situación hay que analizar el contexto político de Venezuela. Luego del arrollador triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, que le permitió alcanzar la mayoría calificada (2/3) de la Cámara, Maduro tomó una serie de medidas para burlar la voluntad popular y minar la autoridad del Legislativo. Primero, modificó la composición del Tribunal Supremo para garantizarse su control. Luego, esos magistrados llamados “exprés” – por las irregularidades en el proceso de su designación- suspendieron la proclamación de tres diputados opositores, bloqueando así la mayoría de 2/3 conquistada por la oposición, la más poderosa que establece la Carta Magna. El golpe fulminante llegó a mediados de 2016, cuando el Tribunal Supremo declaró en “desacato” al Parlamento y señaló que todos sus actos eran “manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia”.

– ¿Maduro liquidó al Parlamento?

– En la práctica, sí. Para ello se ha valido del Tribunal Supremo y desde agosto de 2017 de la Asamblea Nacional Constituyente, calificada como ilegítima y fraudulenta por el Parlamento y las democracias occidentales. Además de gobernar a fuerza de decretos, el régimen chavista ha eliminado de facto la inmunidad parlamentaria, lo que se ha traducido en legisladores detenidos, agredidos físicamente y obligados a marcharse al exilio. El diputado Juan Requesens está preso en la cárcel de la policía política desde agosto de 2018, acusado de participar en un supuesto intento de magnicidio contra Maduro. A pesar de estos ataques, el Parlamento continúa trabajando con el reconocimiento internacional.

– ¿Se ha intentado una salida política y electoral a la crisis?

– La oposición impulsó en 2016 un referendo revocatorio que fue bloqueado por el régimen de Maduro. El cierre de esta vía electoral y la ofensiva contra el Parlamento, provocó una ola de protestas en 2017 que concluyeron con unos 140 muertos y centenares de detenidos. Maduro cumplió su promesa de radicalizar la revolución e impuso la Constituyente, que removió a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien se había separado del chavismo por la decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias del Parlamento. Utilizando el Poder Judicial, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General y a la “plenipotenciaria” Asamblea Constituyente, el régimen chavista ha inhabilitado e ilegalizado a los principales líderes y partidos de la oposición.

– ¿Por qué gobierno y oposición no tratan de ponerse de acuerdo?

– Las partes adelantaron un proceso de negociación en República Dominicana que culminó en enero de 2018 con un estruendoso fracaso, que la oposición atribuyó a Maduro por su “negativa a permitir garantías necesarias para elecciones presidenciales justas”. Tras el descalabro de las conversaciones, que contaron con el respaldo de varios países de América Latina, el régimen chavista desató una persecución contra el jefe de la delegación opositora, diputado Julio Borges, quien se refugió en Colombia, y la Constituyente convocó a las elecciones de mayo.

– Entonces, ¿ahora Venezuela tiene dos presidentes?

– Al margen del debate constitucional, el hecho es que Maduro se mantiene en el palacio de Miraflores con el apoyo de la Fuerza Armada, las instituciones chavistas y países como Cuba, Rusia, China, Irán y Turquía. Por su parte, Guaidó se juramentó Presidente interino de Venezuela y cuenta con el respaldo del Parlamento, Estados Unidos, Canadá y varios gobiernos de América Latina y Europa. Cada jugador mueve sus fichas en un tablero político que ha alcanzado dimensiones globales en la lucha por el poder en Venezuela.