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A 31 años del Caracazo, las violaciones de derechos humanos siguen latentes
Este 27 de febrero se cumplen 31 años del Caracazo, este mismo día la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aportará nueva información sobre la situación en la que se encuentran los derechos humanos en Venezuela

El 27 de febrero se cumplen 31 años del Caracazo, y la conmemoración de la insurrección popular que fue repelida por el gobierno y produjo una cifra de muertos nunca aclarada llega en medio de señalamientos y denuncias hacia el gobierno sobre sistemáticas violaciones de derechos humanos, y en puertas de una nueva actualización del informe que realiza la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela.

Se trata de la más sonda serie de disturbios que se produjeron en diferentes partes del país el 27 de febrero de 1989, luego que la ciudadanía se lanzara a las calles para condenar el llamado “paquetazo” aplicado por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, por considerar que daba un zarpazo a su estabilidad económica.

Cifras del gobierno señalan que en los hechos violentos 276 personas perdieron la vida a manos de las fuerzas de represión. No obstante, la teoría de muchos es que esas cifras están maquilladas, que el números de asesinados es mucho más alto y que la arremetida contra la ciudadanía no solo se suscitó el 27 sino también los días 28 de febrero y 1 de marzo, tiempo que duró el toque de queda.

La represión indiscriminada por los organismos de seguridad afectó en su mayoría a zonas populares de la ciudad capital, con énfasis en El Valle, Antímano y Petare.

Cualquier parecido con la actualidad…

El mismo día que se conmemora un nuevo aniversario de los fatídicos sucesos, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aportará nueva información sobre la situación en la que se encuentran los derechos humanos en Venezuela.

En presentaciones pasadas, la representante de la ONU ha explicado que en el informe han logrado recopilar pruebas de ataques por parte del Estado contra opositores y defensores de derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de desprestigio hasta detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas”.

Bachelet ha denunciado que en Venezuela la oposición al régimen de Nicolás Maduro, los activistas de derechos humanos y los periodistas “son con frecuencia blanco de discursos que les tildan de ‘traidores’ y ‘agentes desestabilizadores”. Asimismo, señaló que al Gobierno le falta voluntad para dar solución a la crisis que vive el país.

Vuelta atrás

Las medidas macroeconómicas que aplicaría Pérez en el año 1989 tendrían como objetivo reparar la economía y rebajar la deuda externa, que para el momento ascendía a los 32 millones de dólares y aunque reconoció lo complicado que era lograr el cometido también aseveró que no había “otro remedio si queremos bienestar para toda la colectividad”.

31 años después, Venezuela se encuentra sumida en una hiperinflación que azota el bolsillo de los sectores más desasistidos. Así como también, padeciendo el colapso de los servicios públicos como el agua, la luz, el gas y el transporte, producto de la desinversión y la dejadez del Gobierno.

En 2019, cuando se cumplían tres décadas del caracazo, la directora de la ONG Cofavic, Liliana Ortega, señaló que los venezolanos siguen sometidos a las más atroces violaciones de los derechos humanos. A su juicio, la ciudadanía vive un caracazo diariamente, debido a la escasez de alimentos, medicinas e insumos básicos, así como a la crisis política y social que vive el país.

En declaraciones al Diario 2001, la fundadora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavioc), Liliana Ortega, dijo que este ha sido uno de los “casos en América Latina que mayor cantidad de tiempo ha tardado en tener el gesto humanitario de identificar los restos de las víctimas, encontrarlas en fosas clandestinas ubicadas en el Cementerio General del Sur, y entregarlas a sus familiares”.

A más de tres décadas, decenas de cuerpos siguen sin aparecer y los señalamientos de que en el país se violan los derechos humanos siguen siendo objeto de debate.

AN trabajará en una

HACE UN AÑO EL CONCEJAL Fernando Albán perdía la vida bajo custodia de los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Un hecho que fue recordado este martes en la Asamblea Nacional a través de un debate con un tono diferente al resto de los puntos.

Con la familia del concejal presente y a pocos metros de la bancada oficialista, se debatió y aprobó un Acuerdo que rechaza todo tipo de torturas y tratos crueles contra los venezolanos; se solicitó realizar todas las investigaciones en torno a estos casos que ya han sido denunciados ante distintas instancias y también condena las desapariciones forzosas. Además, se exige la liberación de todos los presos políticos y se acuerda determinar un día especial contra las torturas y desapariciones forzosas.

La hermana del concejal, Mariela Albán, recordó quién fue en vida y cuál fue su obra, en medio de carteles y algunos gritos exigiendo «justicia». Desde la tribuna de oradores, aseguró que a su hermano lo asesinaron y ratificó que la familia no descansará hasta obtener justicia.

Los padres del concejal estaban también presentes. La madre aprovechó para reclamar a la bancada del Psuv entre lágrimas.

Sigue leyendo esta nota de Gabriela González en El Pitazo