vicefiscal

González: El mismo 16J se sabrá cuántos participaron en la consulta popular

El diputado por la Asamblea Nacional (AN), Stalin González anunció este miércoles que los resultados de la consulta popular del próximo 16 de julio se darán a conocer ese mismo día.

«Esa misma noche sabremos cuántas personas participaron», refirió.

Durante una rueda de prensa, González manifestó que no habrá que «esperar a las 2 de la mañana» por conocer la cantidad de personas que participarán en la consulta popular convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Aseguró que el material para la realización del evento «ya está distribuido en todos los estados» y agregó que dichos cuadernos quedarán a resguardo esa noche y luego se destruirán.

(Globovisión)

Lucena: Colegios que no permitan que el CNE abra sus puertas como centro electoral, serán suspendidos

Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), realiza este miércoles 12 de julio una presentación sobre elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en la que aseguró que los “colegios que no permitan que el CNE abra puertas como centro de votación, será suspendido”.

“Impedir el voto, que se vaya a un proceso que se ha convocado, es profundamente antidemocrático. Impedir un proceso electoral un proceso electoral es antidemocrático, porque se atenta a los derechos humanos. Atentar contra un proceso electoral, es también un delito. En coordinación con la Guardia nacional Bolivariana, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, protegeremos los centros de votaciones. Además, ampliaremos el perímetro de seguridad de 200 metros a 500 metros. Ya hemos solicitado al Ejecutivo que temporalmente desde que tomemos los centros de votación sean declarados como zonas de seguridad (…) Colegios que no permitan que el CNE abra las puertas como centro de votación, serán suspendidos”, precisó Lucena. (Panorama)

Vicefiscal revisó junto al comandante de la GNB casos de militares investigados

La vicefiscal Katherine Haringhton sostuvo una reunión este miércoles con el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rivero Marcano,  y revisaron «el estatus de los casos donde están siendo investigados funcionarios» del organismo castrense.

A través de su cuenta en Twitter, Haringhton informó que acordaron «la realización de talleres de DDHH y Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza para los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y el MP».  (Globovisión)

OPEP: producción de Venezuela cayó a 1,9 millones de barriles diarios

La producción de crudo en Venezuela cayó a 1,9 millones de barriles diarios en junio, de acuerdo con el último informe presentado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Francisco Monaldi, economista y experto en petróleo, compartió los datos del informe en su Twitter, donde refleja una caída de 33.000 barriles diarios para Venezuela, en comparación con el mes de mayo.

El comunicado oficial de la OPEP señala que la demanda del crudo presentará un aumento de 1,26 millones de barriles diarios (md/d) para un total de 97,6 mb/d, equivalente a una subida de 1,29% para 2018. (El Nacional)

Eurodiputados hacen un llamado al respeto de la paz y la democracia en Venezuela

Diputados del Parlamento Europeo (PE), advirtieron en una declaración pública formada que «no reconocerán la Asamblea Nacional Constituyente», asimismo solicitaron la realización de «elecciones plurales para buscar una solución pacífica a la situación del país».

En dicha declaración reiteran su «gran preocupación por la situación en Venezuela» y hacen un llamamiento «una vez más, al respeto de la paz y la democracia».

De igual manera, calificaron la convocatoria a la ANC que se realizará el próximo 30 de julio, «como un paso inaceptable».

«Este paso es inaceptable en la forma y en el contenido, lanza serias dudas sobre su constitucionalidad y amenaza los principios esenciales de la democracia como el voto universal, libre, directo y secreto», señalan. (Globovisión)

El Ministerio Público emitió un comunicado en el cual rechaza que el TSJ haya usurpado sus funciones al designar a Katherine Harrington como vicefiscal, un hecho que calificó de «inconstitucional», y pidió a los venezolanos desconocer este nombramiento.

A continuación reproducimos íntegro el comunicado:

Con ocasión a la interposición por parte del Vicefiscal General de la República (E), Rafael González Arias, de un Recurso de Nulidad contra el Decreto Presidencial que fijó las Bases Comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sin pronunciarse sobre lo solicitado en ese recurso y actuando fuera de lo pedido, declaró nulo el nombramiento del Vicefiscal General de la República e indicó que mediante auto separado designaría uno temporal.

En consecuencia, debe tenerse en cuenta:

Que la Ley Orgánica del Ministerio Público establece en su artículo 25, numeral 3, que es una atribución de la Fiscal General de la República designar al Vicefiscal General de la República, previa autorización de la Asamblea Nacional.

Que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no puede anular actos administrativos, como los que resuelven la designación de un funcionario; esta es una competencia de la Sala Político Administrativa (art. 26.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).

Que los autos judiciales deben ser para resolver asuntos relacionados con el debate del proceso; no para dictar actos administrativos como la designación de funcionarios públicos.

Que a pesar de que el desacato es una sanción de carácter personalísimo (no extensible a personas que se encuentren en situación similar ni a órganos), prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ante el incumplimiento de una decisión de amparo constitucional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia considera que bajo este supuesto debe asumir por sí misma las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional por mantenerse esta en desacato.

Dicho criterio que fue plasmado en su máxima expresión en las cuestionadas sentencias 155 y 156 que han incrementado, en buena medida, la conflictividad actual en el país.

Que tomando en consideración tales circunstancias, la Fiscal General de la República solicitó a la Asamblea Nacional la autorización de la designación del ciudadano Rafael González Arias, para que sea ratificado como Vicefiscal General de la República, lo cual fue aprobado el día 3 de julio de 2017 por la mayoría absoluta del órgano legislativo nacional.

Que para el día 4 de julio de 2017, el cargo de Vicefiscal General no se encontraba vacante. Se concluye que:

1.- Con la decisión contenida en el auto de fecha 4 de julio de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia usurpó funciones de la Fiscal General de la República y de la Asamblea Nacional.

2.- La pretendida designación de la ciudadana Katherine Nayarith Harrington Padrón, titular de la cédula de identidad Nro. V- 10.548.414, como Vicefiscal General es inconstitucional, ilegal, ilegítima y representa una continuidad a la ruptura del orden constitucional.

3.- Representa un deber ineludible para todo ciudadano, investido o no de autoridad, desconocer dicho nombramiento con el objetivo de colaborar en el restablecimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, previsto en su artículo 333.

Caracas, 6 de julio de 2017

La «vicesfiscal» que ilegítimamente juramentó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 4 de julio intentó este jueves arbitrariamente ingresar al Ministerio Público, órgano que desconoce la decisión del tribunal, por lo que no permitió su entrada.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó a través de Twitter los intentos de Harrington, y responsabilizó al Sebin y a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de cualquier situación irregular que suceda contra el Ministerio Público y sus funcionarios.

Sectores de la oposición califican a Harrington como «usurpadora», pues el cargo de vicefiscal actualmente lo ocupa el Dr. Rafael González, quien fue juramentado por Ortega Díaz en abril y ratificado por la Asamblea Nacional el pasado lunes, como exige la Constitución Nacional.

Harrington acudió a la sede de la Fiscalía acompañada de una comisión del Tribunal Supremo de Justicia y el Sebin. La mujer, junto con su comitiva, se retiraron tras no poder ingresar al edificio. De acuerdo a periodistas que reportaban el hecho, Harrington dejó en la puerta un oficio que da fe de su intento de asumir el cargo.

Denunciamos la pretensión arbitraria de la Vicefiscal nombrada por el TSJ de ingresar al MP #6Jul

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) July 6, 2017

Responsabilizo al Sebin y a la GNB de cualquier situación irregular que ocurra contra la sede y funcionarios del MP

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) July 6, 2017

ÚLTIMA HORA | Katherine Harrington, ViceFiscal nombrada por el TSJ, acompañada del Sebin y GNB, intenta tomar posesión de la Fiscalía #6Jul pic.twitter.com/qdJsEn7asn

— AlbertoNews (@AlbertoRodNews) July 6, 2017

https://twitter.com/vivoplaynet/status/883004703499407360

Exfiscal, exministra y sancionada por Estados Unidos. Katherine Nayarith Harrington Padrón mantenía un perfil bajo hasta el 4 de julio, cuando fue juramentada como Vicefiscal de la República por el Tribunal Supremo de Justicia, un acto carente de legitimidad pues la potestad de designar a los líderes del Ministerio Público radica únicamente en la Asamblea Nacional, la cual ratificó al ciudadano Rafael González Arias como Vicefiscal el 3 de julio.

Buena parte de la vida de Harrington ha transcurrido en el Ministerio Público, siendo la «fiscal estrella» y ocupando varios cargos. Ingresó al órgano el 17 de enero de 1994 de acuerdo a los registros del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), unos tres años antes de obtener el título de abogada en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La abogada de 45 años de San Antonio de los Altos hizo fama en Fiscalía al investigar casos políticos como el de la exdiputada María Corina Machado, al exgobernador Henrique Salas Römer, el abogado Gustavo Tarre, el opositor Diego Arria y la jueza María Lourdes Afiuni. En total trabajó 21 años en el Ministerio donde ocupó diversos cargos, pero nunca obtuvo la titularidad de ellos.

En 2010, pidió que los tribunales agilizaran la extradición de Nelson Mezerhane, propietario del intervenido Banco Federal y de Globovisión. También participó en el proceso contra Yendry Sánchez, el joven que interrumpió la toma de posesión de Maduro en abril de 2013.

En el 2014 desde el sistema penal, Harrington participó en el proceso de acusación y detención de varios opositores  con motivo de la serie de protestas que ocurrían contra el Gobierno de Maduro. Ordenó la detención de Juan Rodrigo Diamanti, director de la ONG Sin Mordaza, por un supuesto financiamiento a las “guarimbas”. La hermana de la activista Rocío San Miguel, la doctora Ana María Abreu de San Miguel quien laboraba en el servicio médico de la Presidencia de la República, tuvo su detención ordenada por la misma fiscal, porque “revelaba secretos vinculados a la seguridad del Estado”. En el momento igualmente acusó de traición a la Patria a Támara Sujú, integrante del Foro Penal.

Estuvo implicada en el caso de Lorent Gómez Saleh en 2014, a quien acusó de conspiración a la rebelión, instigación e intimidación al orden público, incertidumbre pública, divulgación de información falsa, expedición indebida de certificaciones, facilitación de ingreso ilegal de extranjero y falsificación de documentos. Yamile Saleh, madre de Gómez Saleh, aseguró que la representante del Ministerio Público le pidió a su hijo que declarara contra dirigentes de oposición.

La fiscal acusó de conspiración, instigación pública y asociación para delinquir a un piloto privado llamado Rodolfo González, alias «El Aviador», quien fue preso por presuntamente estar tras los hechos de violencia suscitados en febrero del 2014. González se suicidó en su celda del Sebin en El Helicoide en marzo de 2015. Pero meses antes su abogado defensor, Joel García, denunció que el preso había recibido una visita de la fiscal para ofrecerle una serie de beneficios procesales si “delataba” a representantes de la oposición, según reseñó el diario El Nacional.

A principios de 2015, cuando Gaby Arellano fungía como coordinadora del Frente Universitario de Voluntad Popular, Harrington la imputó oficialmente el delito de conspiración.

Poco antes de dejar su cargo, en febrero de 2015, Harrington recibió el expediente del detenido alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, acusado de conspiración contra el gobierno.

Su desempeño en el Ministerio Público fue uno de los factores que la catapultó al Gabinete Ejecutivo en 2015. Otro fue la sanción que le aplicó el Departamento de Estado de Estados Unidos como parte de la acusación por violar derechos humanos durante las protestas que dejaron más de 40 muertes en Venezuela. La sanción conllevó el congelamiento de los bienes en Estados Unidos y la suspensión de la visa. Harrington fue una de los siete funcionarios sancionados.

Nicolás Maduro la designó como viceministra para el Sistema Integrado de Investigación Penal, Justicia y Paz del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en abril del 2015. Fue removida año y medio después para formar parte del Consejo General de Policía del mismo viceministerio.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pasó ayer por encima de la Asamblea Nacional y juramentó como Vice Fiscal General de la República a Katherine Harrington.

El Magistrado Juan Mendoza fue el encargado de exponer la razón de la nueva designación de Harrington, quien se encuentra en la lista de personas sancionadas por el decreto emitido por el otrora presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Mendoza dijo que el nombramiento de Rafael González Arias como vicefiscal es nulo debido al desacato en el que está la Asamblea Nacional.

Sala Constitucional del TSJ juramentó a Katherine Haringhton como nueva vicefiscal general de la República pic.twitter.com/Y8flUATh92

— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) July 4, 2017

En sesión especial, la Asamblea Nacional formalizó este lunes la designación del Dr. Rafael González Arias como Vicefiscal de la República, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró nulo su nombramiento.

Hasta entonces, el funcionario que la Fiscal General Luisa Ortega Díaz juramentó como Vicefiscal el 17 de abril de este año ocupaba el puesto en condición de encargado, por lo que el nombramiento que el TSJ anuló no existe, expresó el diputado Juan Miguel Matheus durante el debate para la consideración de la designación.

Matheus, en su turno de palabra, también comentó las intenciones de Nicolás Maduro de destruir el sistema acusatorio del país, el cual está conformado por el Ministerio Público. El intento se presenta a través de las sentencias 470 y 479 del máximo tribunal, que anulan el nombramiento del Vicefiscal y pretende desconocer a la Fiscal mediante alegatos de «insania mental» por parte de Pedro Carreño, explicó el diputado, y recordó que sólo la AN tiene la potestad de remover a Ortega Díaz de su cargo, y de ordenar la conformación de una junta médica que pueda declararla incapaz de cumplir su deber.

“Nicolás Maduro quiere destruir al Ministerio Público, porque quiere destruir al sistema acusatorio. Para controlar el poder penal, tiene que tener el órgano que acusa y ahí está el MP. No existe en Venezuela ningún otro órgano que pueda acusar a un venezolano”.

Al inicio de la sesión participó el parlamentario Teodoro Campos para proponer la investigación del caso del Coronel Vladimir Lugo ante los hechos violentos que ha cometido. Sin embargo, la Comisión de Defensa informó que la citación para el efectivo castrense ya estaba planeada para el día 12 de julio de 2017.

La Fiscal General y el Vicefiscal hicieron acto de presencia en el hemiciclo cerca del final de la sesión, y el presidente del Parlamento dio la palabra a Ortega Díaz, quien había pedido la ratificación del Vicefiscal semanas atrás. Además, a la sesión acudió el diputado por el Psuv Germán Ferrer, esposo de Luisa Ortega.

El presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges informó que el Poder Legislativo, respaldado por el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, tramitará «lo más pronto posible» la autorización para designar al Vicefiscal.

La solicitud fue enviada más temprano por parte de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, al Palacio Federal Legislativo.

«La Asamblea Nacional cumplirá con su deber constitucional y tramitará la solicitud de autorización de la designación del Vicefiscal que solicitó el Ministerio Público. El Vicefiscal es el Sr. Rafael González,» aseguró Borges.

A juicio del parlamentario, esta solicitud de la Fiscal «ratifica su compromiso con la Constitución y reitera su apoyo a la convocatoria que esta Asamblea Nacional le hizo al país: acogerse al artículo 333».

Asimismo, dijo que los parlamentarios desconocen las sentencias 468 y 479, «daremos curso a la solicitud del Ministerio Público y tramitaremos todos los caminos institucionales que nos permitan defender el sistema condenatorio establecido en la Constitución.»

Rafael González Arias, vicefiscal del Ministerio Público, indicó que la Fiscal General Luisa Ortega Díaz no desconoce la Constitución como dice el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), puesto que todas las demandas las ha presentado ante dicho órgano y ninguna ha sido admitida.

González habló sobre las intenciones del TSJ de destituir a Ortega Díaz de la cabeza del Ministerio Público y aclaró que solo la Asamblea Nacional tiene el poder de destituirla. «No tendrán ningún efecto las decisiones dela Sala Plena del TSJ”, resaltó durante una entrevista en el Noticiero de Televen.

“No estamos en un proceso penal. Este antejuicio es de carácter administrativo y político pero no penal y, para ello, deben establecer si la Fiscal incurrió en ignorancia de la Constitución”.

Igualmente señaló que la solicitud de nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) hecha por la Fiscal no fue revisada antes de ser rechazada. “Están atentando contra la forma política republicana”.

González afirmó que no hacer un refrendo consultivo para realizar la convocatoria a la ANC es una clara violación a la ley. “El TSJ viola la progresividad de los derechos humanos al no permitir que se haga lo que ya se hizo en 1999”.

Aseguró que el máximo tribunal del país no puede establecer que se violó la constitución. “El TSJ está preparando es una emboscada porque no ha establecido fecha para la audiencia de Ortega Díaz”.

Rafael González Arias afirmó que el TSJ es el encargado de mantener la paz en el país. “Los conflictos que haya entre los poderes y la sociedad deben ser dirimidos de manera imparcial”.

*Con información de Unión Radio