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Verónica Zubillaga

#MonitorDeVíctimas | Víctimas de homicidio en Caracas son también las más excluidas del sistema educativo
Según Monitor de Víctimas, 87,5 % de las personas que murieron por causas violentas nunca cursaron estudios superiores
Quienes caen en medio de ajustes de cuentas, ejecuciones, resistencia a la autoridad o enfrentamientos entre bandas suelen tener un nivel educativo menor que quienes matan durante robos y secuestros o por violencia de género o política
“En la medida en que el adolescente se desvincula del hecho educativo, aumenta la posibilidad de que ingrese a cualquier círculo de violencia en su entorno”, afirma Fernando Pereira, coordinador general de Cecodap

 

@loremelendez

GERARDO ANTONIO DABOÍN VELÁZQUEZ solo terminó la primaria. Su familia dice que aunque sus padres lo llevaron a psicopedagogos y psicólogos, no tenía interés por estudiar. En su lugar, prefirió trabajar como ayudante de electricista, oficio con el que se mantuvo hasta que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana lo mataron en marzo pasado dentro de su propia casa, en la calle Real del sector La Gran Parada, en Carapita, al oeste de Caracas. Tenía 26 años y un hijo.

En otro procedimiento, el mismo cuerpo de seguridad ejecutó, de acuerdo con el testimonio de sus allegados, a Richard José Silva, de 21 años, en el urbanismo de la Misión Vivienda Nuevo Barrio Macarao, al suroeste de la capital venezolana. Sucedió el pasado 27 de abril, a las 5 de la mañana y todo lo ocurrido se debió a una confusión: en la torre que estaba frente a la suya, vivía un joven con el mismo nombre que sí estaba implicado en robo, secuestro y extorsión. Este último era a quien buscaban los uniformados. Pero en el momento de la operación, no estaba allí.

Richard, cuentan los suyos, tampoco llegó a bachillerato. Apenas alcanzó el 5to grado de primaria porque tenía problemas visuales y de aprendizaje que nunca se trató. Aprendió a leer y a escribir y a los 18 comenzó a trabajar. Se fue unos años hasta el oriente venezolano, específicamente a Cumaná, estado Sucre, donde laboró como vendedor de pescados. Había regresado este año a Caracas, donde había montado en su casa una “lotería de animalitos”. A ratos también trabajaba como obrero de la construcción.

Las FAES simularon un enfrentamiento cuando ejecutaron a Richard Silva. Foto: Cortesía de los familiares de la víctima

La mayoría de las víctimas de homicidio en el Área Metropolitana de Caracas casi nunca supera el bachillerato. Muchos de ellos solo estudiaron hasta los primeros años del ciclo básico (de 1ero a 6to grado) y buena parte no logró culminar sus estudios de educación media.

Los datos recogidos por Monitor de Víctimas en su primer año arrojan que 87,5 % de las víctimas de homicidios en Caracas no llegaron a tener estudios superiores o universitarios.

En el transcurso de 13 meses (entre mayo de 2017 y mayo de 2018) se registraron 1.739 homicidios. De estos, se pudo conocer el nivel educativo que habían alcanzado 1.105 víctimas. Así se confirmó que 453 (40,9 %) solo habían estudiado primaria y que 516 (46,6 %) llegaron hasta secundaria.

El último censo poblacional realizado en Venezuela por el Gobierno nacional, en el año 2011, estableció que la población que solamente había estudiado hasta primaria o secundaria estaba estimada en 67 % (17.354.987 de 25.780.537 de habitantes), un número que resulta 20 puntos porcentuales menor al de las víctimas de homicidio que cursaron esas mismas etapas del sistema educativo: 87,5 %. Tal contraste señala que a menor educación hay mayor probabilidad de estar expuesto a una muerte violenta.

“La escuela permite, de alguna manera, que los muchachos estén ocupados. No habiendo opciones vacacionales que te ofrezcan una alternativa o una recreación de manera segura y protegida, aumentan las muertes violentas y los homicidios, así como la posibilidad de que los niños y los adolescentes se involucren en actividades del circuito de la violencia con consecuencias fatales. En la medida en que el adolescente se desvincula del hecho educativo, aumenta la posibilidad de que ingrese a cualquier círculo de violencia en su entorno”, señala Fernando Pereira, fundador y coordinador general de Cecodap, una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.

Para el experto, la escuela representa una especie de muro de contención ante la violencia para los más jóvenes. La afirmación la hace con base en el seguimiento que, entre 1997 y 2009, hizo Cecodap a través de la revisión de los anuarios de mortalidad del Ministerio de Salud, en los cuales se observó que durante los meses de vacaciones (julio, agosto, septiembre, enero) aumentaban los homicidios de niños y adolescentes.

Un caso similar al de Daboin y Silva es el de Darwin José Valecillos Colmenárez, quien nunca pasó de primer año de bachillerato. Un familiar dice que “como todo muchacho, empezó motivado”, pero poco después dejó la escuela para ponerse a trabajar como albañil. En ese mismo oficio se desempeñaba hasta que el pasado 13 de mayo, Día de las Madres, lo mataron para quitarle su moto. Tenía 24 años y tres hijos.

De acuerdo con la sociólogo e investigadora Verónica Zubillaga, los más vulnerables a los homicidios siempre son también los más excluidos. Las víctimas, comentó, suelen ser hombres jóvenes y morenos que han recibido poca o ninguna educación, de allí a que muevan su economía a través de pequeños trabajos o estén subempleados, tal como lo estuvieron Gerardo, Richard y Darwin.

Por eso no es casual que los daos de Monitor de Víctimas arrojen también que, además de no haber cursado estudios superiores, el oficio de obrero o albañil sea el más común entre las víctimas de homicidio, sobre todo en aquellos que solamente cursaron los primeros años de estudio: 86 de los que habían alcanzado primaria y 87 de los que llegaron a secundaria tenían esta ocupación.

“Economías ilícitas” como alternativa

Las causas de los homicidios de la mayoría de estas víctimas parecen ir de la mano con el grado de instrucción que recibieron los afectados. Las brechas entre quienes cursaron estudios superiores y quienes no, son mayores en móviles como ajustes de cuentas, ejecuciones, resistencia a la autoridad, riña o pelea y enfrentamiento entre bandas. En cambio, estas se reducen cuando las personas caen en medio de robos, secuestros, violencia de género y violencia política.

Los nombres de Gerardo Antonio Daboín Velázquez y Richard José Silva están entre los 301 casos de caraqueños ejecutados por cuerpos de seguridad entre mayo de 2017 y mayo de 2018. Así como ellos, hay otras 116 personas asesinadas por la misma causa que tampoco superaron la educación primaria. En este grado de instrucción, por cierto, está el grupo más numeroso de víctimas en este móvil. Les siguen otros 109 ejecutados que estudiaron hasta secundaria y cuatro que no tenían ningún tipo de estudio. Solo 9 víctimas de ejecuciones habían llegado a la universidad. En 61 de los casos registrados no se consiguió este dato.

Algo similar ocurre cuando se revisan las cifras de los homicidios por resistencia a la autoridad, es decir, aquellos caídos que supuestamente sostuvieron enfrentamientos con cuerpos de seguridad, tal como ocurrió con Edwin García, en la calle San Marín de San Agustín del Sur, al oeste de Caracas. Aunque su familia se negó a dar detalles del caso, sí admitió que el joven de 24 años delinquía, tenía antecedentes penales y que murió en medio de un operativo de las FAES en el sector donde residía. Solo había estudiado primaria. “Él era malandro”, afirmó un pariente cuando se le preguntó a qué se dedicaba.

En esa misma calle, pero en junio de 2017, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) le dispararon a Luigi Alfredo García González cuando este huía de la casa de su abuela. El joven, de 25 años, dejó huérfanos a cuatro niños. Había estudiado hasta primaria al igual que Edwin García y se desempeñaba como albañil.

Aunque en la mayoría de los casos de resistencia a la autoridad –210 de 305– no se pudo obtener este dato, sí se conoció que 44 habían estudiado hasta secundaria y que 42 lo hicieron hasta primaria. Cuatro víctimas eran universitarios y 5 no tuvieron ningún tipo de educación.

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Lee más: Monitor de Víctimas: Un año de homicidios y cifras rojas en Caracas

La sociólogo Zubillada afirma que muchas veces las víctimas de homicidio, al no tener oportunidad de optar por un empleo formal o de permanecer dentro del sistema educativo, se ven obligados a moverse en medio de “economías ilícitas”, es decir, ganan dinero a través de actividades que son un delito, como la venta de drogas, la extorsión o el robo. Otras tantas veces, lo que las motiva a unirse a bandas armadas es el hecho de no ver procesos de justicia, esto quiere decir que: “Se ven forzados a cobrar una muerte de algún familiar cercano y por eso terminan en grupos criminales, generalmente en posiciones bajas, como vigilantes”, recalca. En ambas situaciones se convierten en un blanco fácil de las fuerzas policiales.

“Todo esto es producto de un profundo proceso de exclusión social”, resalta la investigadora. Señala que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopna) ampara y vela por el bienestar de los muchachos hasta que cumplen 18 años. “Pero después de la mayoría de edad, los jóvenes quedan en una especie de limbo, sin una legislación que los proteja, es un sector social huérfano”, dice y agrega que ni siquiera el plan Chamba Juvenil, creado por el gobierno de Nicolás Maduro, ha logrado ocuparse de este grupo etario que termina empleado como albañil en obras públicas, sin afiliación al seguro social, con sueldo mínimo y sin posibilidad de una reinserción escolar.

Pereira coincide con Zubillaga y enfatiza que, en Venezuela, el fenómeno de los “ni-ni” –término acuñado para los jóvenes que ni estudian ni trabajan– se agrava porque en el país no hay, fuera del sistema educativo, opciones de capacitación que permitan a los jóvenes insertarse en el mercado laboral. “Ha habido un desmantelamiento de las opciones de recibir formación alternativa a la tradicional, tal como lo eran el INCE y las escuelas técnicas. Entonces, dejas a los jóvenes sin opciones, sin empleo y sin estudio”, subraya.

La crisis venezolana, dice, empeora el escenario. “En una economía en contracción y con decrecimiento, las posibilidades de empleo son menores para los menos capacitados y experimentados. Por eso, para los adolescentes desocupados, los factores de riesgo y peligro aumentan porque no encuentran oportunidades y las opciones que hay son acceder al dinero fácil y rápido, que lo encuentras en las actividades al margen de lo legal y que implican estar asociados a la violencia. Esto pasa sobre todo en una economía donde los ingresos que se pueden percibir con un empleo formal no son suficientes”, sostiene el directivo de Cecodap.

Universitarios víctimas en robos

El cadáver de Toro Alzaibar fue hallado dentro de su consultorio por uno de sus colegas. Foto: Lorena Meléndez G.

En el móvil de robos, en el que se registraron 356 muertes, hay mayor cantidad de víctimas que cursaron tanto estudios superiores (51) como de cuarto nivel (6). Entre ellas está el gineco-obstetra René Gustavo Toro Alzaibar, de 58 años de edad, asesinado dentro de su consultorio en la Clínica Las Ciencias, en la urbanización Los Chaguaramos, parroquia San Pedro del Distrito Capital. Al médico lo mataron el 18 de agosto de 2017 un hombre y una mujer que ingresaron a su lugar de trabajo como si fuesen pacientes. Lo apuñalaron para robarse su laptop, el teléfono celular y los cables traductores del equipo para ecosonogramas.

Hubo 133 personas que murieron en medio de asaltos que solo llegaron a secundaria y otras 89 que lo hicieron hasta primaria. En 74 de los casos no se pudo registrar el dato del nivel educativo.

Las víctimas de violencia de género también tienen un mayor nivel educativo que el que registran el resto de otros móviles de homicidios en Caracas. Durante los 13 meses que abarca esta investigación hubo 18 casos y, entre estos, ocho de personas que cursaron hasta secundaria, cuatro que llegaron a la universidad y dos con postgrado.

Una de estas víctimas fue Amarís Martínez, una odontopediatra y ortodoncista de 39 años, quien fue asesinada junto a su hija por su esposo, Leonardo Brant, el 13 de noviembre de 2017. Ambos se habían separado. Brant su suicidó luego del hecho.

El otro asesinado por violencia de género con estudios de cuarto nivel fue Pedro Enrique García, gastroenterólogo, profesor universitario y hermano del periodista Javier García, que fue asesinado una década atrás en el mismo apartamento del edificio Alto Alegre de Colinas de Bello Monte, municipio Baruta del estado Miranda.

García, el médico, tenía 50 años de edad cuando fue hallado muerto en su casa en marzo pasado. Su victimario, un hombre con quien había entrado a su residencia, lo golpeó con un tubo hasta matarlo luego de que mantuvieron una discusión.

Es precisamente en la franja etaria de García –entre 46 y 55 años– en la que se ubica la mayor cantidad de víctimas con estudios de cuarto nivel: tres. Solo dos personas menores de 46 años, de las 1.105 registradas con el dato del nivel educativo, habían hecho postgrados.

Una posible causa

Para Zubillaga, la explicación de estos crímenes también está en la cantidad de pistolas, revólveres, fusiles y escopetas que hay en circulación en el país. “Hay una elevada proporción de armas de fuego con respecto al resto de la región y esto hace que las peleas, que antes eran a puños, ahora sean letales”, indica.

En el Área Metropolitana de Caracas, los datos recabados por Monitor de Víctimas entre mayo de 2017 y 2018 indican que 9 de cada 10 homicidios se cometieron con armas de fuego, un número muy superior incluso al promedio del continente americano, el cual se sitúa en 74 %.

En el móvil de violencia política, las víctimas llama la atención que las víctimas tienen un nivel educativo más elevado que el resto. Los 11 muertos registrados cayeron en medio de los cuatro meses de protestas antigobierno de 2017. ¿Quienes salen a la calle por reclamos políticos están, académicamente, mejor preparados?

La mayoría (7) eran jóvenes que cursaban o acababan de salir de bachillerato, como Neomar Lander, de 17 años, quien murió presuntamente por el golpe de un objeto contundente en el túnel que conecta la avenida Libertador con Chacao, en el estado Miranda.

También hubo tres universitarios, entre ellos estaba David José Vallenilla, de 22 años, quien se desempeñaba como técnico en Enfermería. Fue asesinado cuando un policía de la Fuerza Aérea Venezolana le disparó mientras manifestaba frente la Base Aérea de La Carlota.

A David Vallenilla lo mataron el 22 de junio de 2017. Foto: Cortesía de los padres de la víctima

Los que nunca pasaron de secundaria

Las cifras de Monitor de Víctimas también revelan que existen móviles en los cuales ninguna víctima estudió más allá de secundaria. Ese es el caso de los linchamientos y sicariatos.

Alberto Roldán Lorenzo fue víctima de un asesinato por encargo, así como otras 9 personas que mataron entre mayo de 2017 y mayo de 2018. La madrugada del 10 de febrero de este año, dos hombres que se trasladaban en moto lo atacaron cuando iba a bordo de su camioneta, una Volkswagen Touareg, por la Séptima Avenida de Los Palos Grandes. Vecinos señalaron que le dispararon al vehículo para que se detuviera y, cuando lo hizo, abrieron la puerta y descargaron sus armas. La víctima, de 43 años, recibió más de 7 impactos de bala. Solo había cursado primaria, al igual que otras dos víctimas de sicariato. En este móvil también se registraron seis personas que habían estudiado bachillerato.

En el período consultado para esta investigación se registraron 12 linchamientos. De los asesinados, cinco estudiaron hasta primaria y otros dos hasta secundaria. En los cinco casos restantes no se pudo obtener el nivel educativo de las víctimas.

Uno de los linchados fue Gilber José Coatindioy, de 18 años. El hecho sucedió la tarde del 17 de agosto en la calle Los Frailes de Carapita, parroquia Antímano del municipio Libertador del Distrito Capital. El joven cursó solamente primaria porque debía ayudar a su madre y cuidar a sus hermanos en casa. Según la versión policial, el muchacho había sido sorprendido robando un negocio de la zona junto a otros dos jóvenes. Una poblada se abalanzó sobre ellos. Mientras que los otros escaparon, Coatindioy fue golpeado y rematado con un disparo. Su familia duda que haya estado cometiendo un delito.

Zubillaga insiste en que, para muchos jóvenes, involucrarse en negocios ilícitos termina siendo una forma de sobrevivir. La versión policial indica que esto pudo haber sucedido en este caso. Aquella mañana de agosto, en la morgue de Bello Monte, los parientes de Coatindioy confesaron que no tenían dinero para enterrarlo.

Familiares de víctimas de enfrentamientos extrajudiciales cobran espacios y piden justicia

EL FORO DEL MONITOR DE VÍCTIMAS LLAMADO ¿Qué derechos? Una aproximación a la violencia policial en Caracas” tuvo lugar la tarde de este jueves 19 de julio de 2018, en las instalaciones del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j. de la UCAB (sede Montalbán). Todo en el marco de la inauguración de la exposición fotográfica “Código 62: Retratos contra la impunidad”, a cargo del fotoperiodista Gabriel Osorio.

Código 62 muestra los efectos “desgarradores e irreverentes de las políticas de mano dura sobre las familias venezolanas, en su mayoría de los sectores más vulnerables y excluidos. A través de retratos y relatos, esta exposición habla de una realidad que pretende ser ocultada por el mismo Estado responsable, pero también… es un homenaje a la valentía de Orfavideh –Organización de Familiares de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos-”.

La actividad, en consecuencia, responde a la iniciativa de Caracas Mi Convive, movimiento socio-cultural que busca generar y articular organización comunitaria para prevenir la violencia y construir una ciudad de convivencia. Todo bajo la dirección de Roberto Patiño —su cofundador, además miembro del partido Primero Justicia— en alianza con Orfavideh.

El evento contó con las intervenciones de Santiago García, coordinador de los proyectos “Vamos, Convive” y “Monitor de Víctimas”; Juan Francisco Mejías también de “Monitor de Víctimas”;  Verónica Zubillaga, socióloga experta en temas de violencia; y Lorena Meléndez, periodista de investigación de Runrunes.

La  profesora Zubillaga dio a conocer el estatus más reciente de los operativos militarizados en la era post Chávez; gracias a un trabajo de investigación que la ONG Reacin (Red de Activismo e Investigación por la Convivencia), donde ella funge como principal vocera, ha estado llevando a cabo de la mano con Caracas Mi Convive.

Los cimientos de este sondeo, según la profesora Zubillaga, datan del año 2017, cuando la entonces Fiscal General de la República (Luisa Ortega Diaz) denunció la ruptura del hilo constitucional; alegando que solo en el 2016 alrededor de 21 752 personas murieron de manera violenta. Y, de esa cifra, 4 667 cayeron en manos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Lo que indica que este último, el Estado, fue responsable del 21% de las muertes, en un escenario donde los asesinatos se comenten, en 87% de los casos, con armas de fuego. Una de las proporciones más elevadas en América Latina, después de Puerto Rico.

Con relación a la actuación de la Policía Nacional Bolivariana, la especialista expresó que, en principio, con la Comisión Nacional de la Reforma Policial lo que se buscaba era crear un cuerpo de seguridad que respetase los derechos humanos y se abstuviese al uso progresivo de la fuerza.

Sin embargo, y así lo hizo saber la socióloga, lo que se observa hoy es un cambio si se quiere hasta simbólico; porque pasaron de tener un uniforme beige a una vestimenta gris, de camuflaje, que deja entrever un conjunto de acciones criminales, de guerra. Esto, de acuerdo a lo dicho por la experta, está relacionado con un desplazamiento de la seguridad ciudadana por la imposición de un paradigma de la seguridad militar; donde precisamente los militares tienen un papel fundamental.

La profesora Zubillaga aclaró, además, que para comprender la violencia que se vive hoy es necesario señalar al Estado como un actor protagónico causante, por supuesto, del proceso de militarización de la seguridad ciudadana que se exacerbó con la llegada al poder del actual presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

La militarización es pues un mecanismo que garantiza la soberanía estatal en un contexto donde la escasez, la hiperinflación, la baja de los precios petroleros y un sinfín de precariedades están a la orden del día; sin dejar por fuera las históricas redadas policiales en los barrios, sucesos que se pueden comprender mejor si se clasifican en dos fases.

La primera puede denominarse “Punitivismo carcelario”, que inicia a partir del año 2010 con una nueva ronda de operativos militarizados que le dieron pie a las operaciones “Madrugonazo al Hampa” y “Patria Segura”. Y la segunda se cataloga “Matanza Sistemática”, que junto a data dura e información compilada de discursos que han dado funcionarios, así como estadísticas arrojadas por el Ministerio público y visitas a las comunidades afectadas por los operativos policiales, ha permitido entender la dinámica que rige el Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).

Lorena Meléndez, por su parte, presentó el estudio “OLP: La Máscara del Terror en Venezuela”, que se alzó con el premio del Concurso de Periodismo de Investigación de IPYS Venezuela; y así explicó cómo funcionaban los operativos que contaban con la participación de policías y militares, quienes poseían en su haber carros blindados, helicópteros, armas de guerra, dispositivos electrónicos y “máscaras de la muerte”.

La investigación, en ese sentido, arrojó que los “colectivos” eran quienes ejecutaban a los presuntos delincuentes, para tomar el control de determinados territorios. Y de esta manera, según Santiago García, liberarlos. “Se trata de una lógica muy básica: si los criminales están armados, nosotros tenemos que amarnos. Si los criminales son violentos, nosotros tenemos que ser violentos… Es la típica frase ´plomo al hampa´”, agregó García en aras de contextualizar a la audiencia presente.

Meléndez mencionó que las OLP actuaban de madrugada, en medio de la oscuridad; ingresaban forzosamente a la propiedad privada; sometían y aterrorizaban a los habitantes, con tratos crueles y degradantes; maltrataban a los familiares de las víctimas; y hasta robaban y destruían propiedades e inmuebles.

¿Pero cuál eran los objetivos de las OLP que la propaganda gubernamental difundió? La periodista señaló que, para el Estado, estas operaciones no solo tenían el fin último de combatir la delincuencia, sino también las acciones de aquellas organizaciones paramilitares que ellos relacionan con la oposición y —por extensión— vincularon con delitos que iban desde la extorsión hasta el contrabando de extracción.

Mélendez, así mismo, indicó que —por ejemplo— en algunos de estos operativos realizados en las Misiones Vivienda se llegaron a incautar alimentos; porque se consideraba que si una familia tenía más de cierto número de productos, incurría en actos contrabandistas. Es decir, eran unos “bachaqueros”.

Por lo que “estas operaciones lo que buscaban eran sembrar el terror en los ciudadanos de las zonas más pobres, porque eran operativos que se daban dentro de las zonas populares… de cada Estado”, acotó Meléndez. Además afirmó que en dos años las consecuencias de estos hechos se pueden traducir en 44 masacres, de las cuales solo se han registrado 4 funcionarios fallecidos. Lo que ha abierto, a la fecha, 1 074 investigaciones contra oficiales de seguridad.

La exposición fotográfica, valga acotar, permanecerá en el piso 3 del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j. hasta el 30 de septiembre de este año; y Caracas Mi Convive continuará organizando actividades que no buscan más que una denuncia clara a la impunidad y a la violencia.