Hugo Chávez le debe mucho a Raúl Baduel. Cuando en 2002 Chávez fue obligado a dimitir como presidente de Venezuela tras una masacre de manifestantes en Caracas, fue el general Baduel, un antiguo aliado político, quien lo restableció al poder después de que una junta de oposición había suspendido ilegalmente la Constitución.
En agradecimiento, Chávez hizo ministro de defensa al general Baduel. Pero al jubilarse, el general se atrevió a oponerse a la campaña de Chávez para abolir los límites de los mandatos. Fue acusado de robar 10 millones de dólares y encarcelado. Dos días antes de completar su sentencia, este mes, el General Baduel fue acusado de traición a la Patria.
Su trato muestra que tan acorralado se siente el gobierno de Nicolás Maduro, el sucesor elegido por Chávez. El Sr. Maduro tiene una calificación de aprobación de sólo el 18% de acuerdo con Datanálisis, una encuestadora. La economía está en caída libre debido a la mala gestión y los precios bajos del petróleo. Para atender su deuda externa, el gobierno redujo las importaciones a un tercio de su nivel del año 2012.
Los venezolanos están sufriendo privaciones inéditas en lo que fue el país más rico de Sudamérica. Según un estudio realizado por tres universidades, el 82% de los hogares vive ahora en la pobreza. Eso se compara con el 48% en 1998, cuando Chávez llegó al poder. El aumento de la pobreza se da luego de la mayor recaudación de ingresos petróleros jamás registrada en Venezuela. De los 1 millón de millón de dólares que el régimen recibió de ingresos petroleros, tal vez un cuarto de ello (250 mil millones de dólares) fue robado por agentes internos, según un grupo de expertos del International Crisis Group. La mortalidad infantil está aumentando y los venezolanos mueren innecesariamente por la escasez de medicamentos. Los que pueden, se van; quizás 2 millones de venezolanos ahora viven en el extranjero.
Para permanecer en el poder, el régimen socialista de Maduro está extinguiendo la democracia. La oposición ganó una gran mayoría en la elección legislativa de 2015. Desde entonces, el gobierno ha utilizado su corte suprema, elegida a mano, para anular al parlamento. De manera similar, la autoridad electoral, bloqueó la campaña de la oposición por un referendo revocatorio. No pudo convocar elecciones para alcaldes y gobernadores regionales, el año pasado. La autoridad electoral exige ahora el nuevo registro de los partidos de oposición, un proceso cuyas reglas son tan poco prácticas que parece destinada a abolir muchos de ellos.
Las conversaciones entre la oposición y el gobierno, negociadas por el Vaticano y la Unión Sudamericana de Naciones, se derrumbaron en enero debido a que el señor Maduro mostró poco interés en liberar a los presos políticos o en restaurar el gobierno constitucional. En cambio, se está volviendo más represivo. Su nuevo vicepresidente, Tareck El Aissami, encabeza un “comando nacional anti-golpe”. Esto ha mantenido al general Baduel en la cárcel y encarcelado a varios otros oficiales del ejército junto con miembros de Voluntad Popular, un partido de oposición cuyo líder, Leopoldo López, ha estado prisionero desde 2014. Una de las fantasías del régimen es que enfrenta constantes intentos de golpe. La otra es el culto oficial casi religioso de esta semana a Chávez, quien murió de cáncer hace cuatro años
¿Qué se puede hacer para detener la implosión de Venezuela?, organizar un rescate humanitario y lograr su retorno a la democracia? Radicales de la oposición confiaron en un levantamiento popular. Pero la represión ha funcionado: la gente parece demasiado asustada y preocupada por su supervivencia para sostener protestas masivas. Una solución negociada sigue siendo la opción más plausible. Pero demanda presión de adentro y de afuera.
Estados Unidos ha apretado un poco los tornillos. Donald Trump recibió a Lilian Tintori, la esposa de López, en la Casa Blanca el mes pasado, y pidió su liberación. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido en la lista negra al Sr. El Aissami, acusándolo de narcotráfico (lo que niega). Pero las sanciones tienen un efecto dudoso y probablemente harán que los funcionarios estén aún menos dispuestos a ceder el poder. Algunos republicanos quisieran que Estados Unidos dejara de comprar petróleo venezolano; que causaría molestias pero proporcionaría un pretexto para la represión.
La mejor opción es que los Estados Unidos se unan a otros países latinoamericanos para presionar al régimen para que acepte conversaciones. El año pasado Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, invocó la cláusula democrática del grupo para pedir la suspensión de Venezuela. No consiguió suficiente respaldo. Ahora puede intentarlo de nuevo. El cambio político en América del Sur, combinado con la decisión de Venezuela de abrir la dictadura, ha dejado al señor Maduro más aislado que en el pasado.
La presión diplomática por sí sola no será suficiente para cambiarlo. Pero ayudará. También es necesaria una oposición más eficaz: ya es hora de que sus grupos de disputas se unan en un solo partido con un líder. Las alternativas son duras: la consolidación de una dictadura latinoamericana, o la posibilidad de derramamiento de sangre a gran escala. La región debe hacer todo lo posible para evitar ambos.
