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Tribunal Supremo de justica

Venezuela, sin Estado de derecho, por José Miguel Vivanco

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Los acontecimientos de esta semana marcaron el fin de la fachada democrática del gobierno de Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia, apéndice del Ejecutivo, decidió despojar a la Asamblea Nacional de sus poderes y asumir funciones legislativas. Además, resolvió que los legisladores que apoyaban la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, habrían cometido traición a la patria y perderían su inmunidad parlamentaria.

La reacción internacional fue inmediata: la mayoría de los gobiernos de la región expresaron su profunda preocupación por lo acontecido en Venezuela. Sin embargo, el pronunciamiento más sólido provino del Perú al condenar sin eufemismos “la ruptura de la democracia en Venezuela” y ordenar el retiro de su embajador en Caracas.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski, junto con el secretario general de la OEA, han jugado un rol ejemplar en la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas en ese país.

Ante esta fuerte reacción internacional, Nicolás Maduro optó por un repliegue táctico y “exhortó” al Tribunal Supremo a revisar sus cuestionadas sentencias. En una reveladora movida que ejemplifica la inexistencia de la más mínima independencia judicial, a las pocas horas de la petición oficial, el tribunal obedientemente “aclaró” las sentencias y retrocedió en las disposiciones más aberrantes.

Lo que hemos presenciado en Venezuela no es un accidente reciente ni un acontecimiento aislado. A lo largo de los años, el chavismo ha actuado de forma persistente y deliberada para debilitar los mecanismos de control y avasallar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Veamos cómo se ha ido degradando la democracia venezolana en función de algunos principios básicos:

Elecciones periódicas, libres y justas. El Consejo Nacional Electoral –de abrumadora mayoría oficialista– frenó el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. No ha convocado las elecciones locales y de gobernadores que, según lo estipulado en la Constitución, debían celebrarse en el 2016.

Separación de poderes. No existen instituciones independientes capaces de controlar al Poder Ejecutivo. El ex presidente Hugo Chávez copó con adeptos el Tribunal Supremo en el 2004, y desde entonces tanto Chávez como Maduro siguieron designando a incondicionales del régimen terminando con su función de garante de derechos. Desde que en el 2015 los venezolanos eligieron a una abrumadora mayoría opositora en la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro ha empleado al Tribunal Supremo para anular aquellas leyes que afectan sus intereses.

Represión de opositores políticos y críticos. El Foro Penal Venezolano, una prestigiosa organización que brinda asistencia legal a detenidos, ha contabilizado más de 100 presos políticos, incluido el líder opositor Leopoldo López, arbitrariamente encarcelado por más de tres años. Para estos presos no hay debido proceso y muchos han sido arrestados sobre la base de información proporcionada por anónimos “patriotas cooperantes”. El gobierno usa con frecuencia sus servicios de inteligencia para maltratar, detener y procesar penalmente a opositores políticos y críticos.

Respeto por la libertad de expresión. Son muy pocos los medios de comunicación independientes que subsisten en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han detenido e interrogado a periodistas y confiscado sus equipos. Se ha impedido que periodistas internacionales ingresen al país para dar cobertura a la crisis e incluso algunos fueron detenidos por hacerlo. Los canales de TV y las radios están sujetos a la censura oficial. El gobierno ha adoptado medidas para limitar el financiamiento internacional de la sociedad civil que expone sus abusos alegando que dañan la democracia. Centenares de funcionarios habrían sido despedidos de empleos públicos por promover el referéndum revocatorio.

Respeto de otros derechos civiles y políticos. Las fuerzas de seguridad reiteradamente han reprimido brutalmente a transeúntes y manifestantes en protestas contra el gobierno. En algunos casos, han torturado a los detenidos. Durante redadas policiales y militares llevadas a cabo en el 2015 en sectores populares se han cometido ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas, deportaciones de inmigrantes, desalojos arbitrarios, y demolición de viviendas.

Respeto de los derechos económicos, sociales. Venezuela atraviesa una gravísima crisis humanitaria. La severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos ha impedido que numerosos venezolanos puedan tener acceso a una nutrición y servicios de salud básicos. El gobierno ha negado que exista una crisis, no ha adoptado medidas para mitigar la escasez y solo hace algunos días ha anunciado que solicitará asistencia internacional.

Hace muchos años que en Venezuela gobierna un régimen cívico-militar con un deplorable récord en derechos humanos. Sin embargo, las decisiones del Tribunal Supremo de esta semana –tanto al avanzar contra el Congreso como al retroceder por encargo de Nicolás Maduro– marcan un punto de inflexión, porque dejan en evidencia la enorme concentración de poder y la ausencia de un Estado de derecho. Si no hay una fuerte presión internacional, un verdadero ultimátum exigiendo la inmediata e incondicional liberación de los presos políticos, un calendario electoral definitivo y el restablecimiento de la autonomía de los poderes públicos, dejaremos pasar una valiosa oportunidad para obligar a una tiranía que se aferra al poder, a corregir el curso antes de que su pueblo termine en el despeñadero.

@JMVivancoHRW

El Comercio PE

Decreto de emergencia económica, un instrumento perenne del gobierno

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Apenas a ocho días de haber asumido la nueva Asamblea Nacional en 2016, el presidente Nicolás Maduro dictó un decreto de emergencia económica que fue enviado al parlamento para su aprobación. El entonces Ministro de Economía, Luis Salas, fue el encargado de promover la propuesta que fue rechaza en el Hemiciclo y aprobada posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia. En Gaceta se especificaban los Considerandos para combatir la denominada Guerra Económica. El decreto permite a Maduro disponer y asignar recursos extraordinarios, importar de bienes y servicios a través de divisas extranjeras autorizadas por el Banco Central de Venezuela e intervenir en la cadena de comercialización y distribución de las empresas en caso que lo considere necesario, entre otros aspectos.

El 14 de mayo, el mandatario prorrogó el decreto por sesenta días más. Sentenció que esta era más completa, más integral y daba mayor protección al pueblo. “Este es un instrumento para proteger a la nación del boicot internacional que hay contra Venezuela”.

A mediados de julio, Maduro prorrogó por tercera vez el decreto de emergencia económica junto a un estado de excepción. “Para neutralizar y derrotar la agresión externa que se cierne sobre el país”, dijo entonces el jefe de estado. El mismo fue nuevamente rechazado por la AN.

El 15 de septiembre, Maduro volvió a la carga y prorrogó por 60 días más el decreto. Esta vez fue “para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, y el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida”. El diputado Alfonso Marquina calificó la nueva extensión del decreto como inconstitucional.

Un día después que gobierno y oposición emitieran los acuerdos de una segunda reunión de Diálogo, donde el ejecutivo se comprometió a respetar la autonomía de la Asamblea Nacional. Maduro prorrogó por quinta vez el decreto económico.

Ciudadanos solo han objetado a cinco de los 424 aspirantes al TSJ

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Cinco. Ese es el número de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que han sido cuestionados por ciudadanos, cifra que representa el 1,17% del total de 424 abogados interesados en ingresar al máximo juzgado.

La información la suministró el secretario del Comité de Postulaciones Judiciales, Elvis Hidrogo, quien en conversación telefónica con El Universal, alertó que este 3 de diciembre cierra el lapso para que la colectividad formule objeciones contra los nominados.

Respecto a los cuestionados Hidrogo solo informó que Francisco Coggiola, exjuez rector de Aragua, es uno de ellos. “Ese es el nombre que recuerdo, porque esa impugnación la recibí el jueves y estuvo acompañada por una protesta de una representación del Poder Popular a las puertas de la Asamblea Nacional”, se excusó, recordando que la instancia evaluadora está en estos momentos también entrevistando a los candidatos.

Coggiola, quien era vinculado al destituido Eladio Aponte, fue removido por el TSJ en septiembre de 2013.

No obstante, este diario tuvo acceso a documentos que revelan que la presidenta del Circuito de Protección de Niños y Adolescentes de Caracas, Rosa Reyes; el magistrado suplente de la Sala Penal, Paúl Aponte Rueda; la presidenta del Circuito Penal de Anzoátegui, Linda Fernanda Silva; y la también magistrada suplente de la Sala Social, Mónica Chávez, son los otros cuatro objetados.

Los ciudadanos María Luisa Caicedo y Juan Andrés González impugnaron el pasado 27 de noviembre a Reyes, de la que aseguraron “dista mucho de tener las características primarias que debe tener un magistrado (…) como lo son la honorabilidad, respeto y reputación intachable”.

Los denunciantes, en su escrito, señalaron a la jueza superior de “manipular la distribución de expedientes para que le sean asignados a las juezas de su círculo de confianza y así asegurar las decisiones que le favorezcan”. Y para sustentar sus señalamientos, la pareja anexó una denuncia que en octubre pasado presentaron contra la funcionaria ante la Inspectoría de Tribunales, en la cual le informan que de 34 asuntos presentados contra González por su expareja, 12 terminaron en manos de la jueza Yaqueline Landaeta y dos se los reservó la impugnada.

En un documento anexo, los objetantes informaron que tres organizaciones (Fundación Amigos del Niño con Discapacidad El Cielo en la Tierra, Breni y Mujeres con Propósito) también formularon reparos a la nominación de Reyes.

El abogado Guillermo Pimentel, por su parte, también objetó a la Presidenta de los Tribunales de Niños y Adolescentes de Caracas, de la que dice formó parte de una “tribu” judicial. En su escrito al Comité, fechado el viernes, el profesional del Derecho, cuestionó igualmente a Aponte Rueda por supuestamente “engavetar o retrasar” una decisión contra un grupo de personas acusadas de estafar a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Asimismo pidió a la instancia presidida por el diputado Elvis Amoroso (PSUV-Aragua), descartar a la jueza Silva y a la magistrada suplente Chávez. ¿Las razones? De la primera dijo que cuando fue juez rectora del Zulia permaneció más de 40 días sin atender a usuarios; y de la segunda informó que fue destituida de su cargo de notaria en Maracay (Aragua) por permitir el registro de transacciones de vehículos sin las experticias de la policía científica y de Tránstito Terrestre que verifiquen que no eran robados.

Pimentel también alertó al Comité sobre la situación del presidente de la Sala Civil, Luis Franceschi, cuya silla no es calculada entre las que deben ser cubiertas en este proceso pese haber sido jubilado en 2011.

“Ello podría tipificar delito de ocultamiento de documento público, sancionado en el artículo 79 de la Ley Contra la Corrupción. Al no sacarse a concurso la vacante de Franchesqui, derivada de tal ocultamiento documental, se le está extendiendo de manera fraudulenta su período constitucional”, afirmó el denunciante.

Comenzó la depuración

Hidrogo también informó que la lista de aspirantes ya sufrió su primera depuración, pues 19 de los 424 postulados fueron excluidos debido a que no cumplían con los requisitos fijados en el numeral 3 del artículo 263 de la Constitución.

La norma antes citada establece que los miembros del TSJ deben haber ejercido la abogacía, tener un postgrado en la especialidad a la que aspiran, o haber sido profesor universitario, con rango de titular; o haber sido juez durante 15 años.

Los nombres de los excluidos no fueron revelados. No obstante, en la lista original figuraban al menos una docena de abogados que habían sido destituidos o suspendidos de sus cargos de juez o fiscal; y por lo menos uno tiene antecedentes penales.

En RunRun.es te ayudamos a ejercer tu ciudadanía y abrimos una Open Data para que pueda vaciar la información que sepas de algunos de los 424 aspirantes.  A continuación se presenta la lista de aspirantes a magistrados para el período 2015-2027 aquí: ¿Conoce a los aspirantes a magistrados del TSJ? ¡Colabore aportando datos sobre ellos!

Igualmente, un trabajo especial de RunRun.es, revela como al menos 6 de los aspirantes han hecho pública sus inclinaciones partidistas. Puede leer el trabajo completo aquí: Aspirantes a magistrados ventilaron preferencias partidistas en redes sociales.

María Corina Machado: “Me cobran porque he dicho que esto es una dictadura”

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Acompañada de militantes de la organización Vente Venezuela, diputados de la Movida Parlamentaria, estudiantes y la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, la dirigente de oposición María Corina Machado anunció ayer al mediodía que comparecerá el miércoles 3 de diciembre ante la Fiscalía 20ª Nacional para atender a la citación que se le hizo en carácter de imputada en la investigación sobre magnicidio.

Dijo que no teme porque las pruebas que presentó el Alto Mando Político de la revolución en mayo, basadas en correos electrónicos, “son burdas” y evidencian que no hay delito. Recordó que la empresa Google demostró la falsedad de los correos con los que se le vincula.

“Me cobran porque he dicho que esto es una dictadura; me cobran porque he ido por el mundo denunciando la violación de los derechos humanos por el régimen; me cobran porque acompaño a los venezolanos en las calles en su lucha por la libertad; me cobran porque exijo la renuncia de Maduro, responsable directo de nuestra tragedia; me cobran porque acudo al Consejo Nacional Electoral a exigir la renuncia de las cuatro rectoras que con servil complicidad han violado la voluntad popular”, señaló.

Repudió que por denunciar la delincuencia en el país se le responda con una imputación.

Machado llamó la atención sobre el hecho de que recibió la citación horas después de exigir la renuncia de las postulaciones de las rectoras Tibisay Lucena y Sandra Oblitas. Aseguró que el 16 de junio, cuando declaró durante ocho horas ante el Ministerio Público, no hubo pregunta alguna relativa a la investigación sobre magnicidio.

Dijo que cuenta con el respaldo de la unidad democrática y que se mantiene en contacto con los diputados Juan Carlos Caldera e Ismael García, para quienes el TSJ avaló solicitudes de antejuicio de mérito, y señaló que la persecución del gobierno busca “castigos ejemplarizantes”.

“Lo que quieren es que se calle hasta la última voz disidente; eso es lo que este régimen busca, siguiendo la típica receta cubana”, argumentó.

Prohibición. Machado denunció la destrucción de todas las instituciones.

Contó que supo por las afirmaciones del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en VTV, que hace unos meses el Tribunal 16° de Control le dictó medida de prohibición de salida del país.

Añadió que luego de apelar la decisión y señalar que debía recibir el Premio Charles T. Manatt 2014 de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, en septiembre pasado, fue hace cuatro días cuando se le notificó de la negativa judicial.

La dirigente insistió en que el gobierno no detendrá su lucha y la de los ciudadanos, que desean un cambio constitucional en el país.

Destacó que no hay peligro de fuga y que el único avión que tomará hoy será el que la llevará a Barquisimeto, donde mañana se celebrará el Congreso Ciudadano de Occidente, en el que participarán delegados de 13 estados.

 

Caldera se separa de la AN al conocer que podría ir a juicio

 

El Tribunal Supremo de Justicia declaró que hay suficientes méritos para enjuiciar al diputado Juan Carlos Caldera por la presunta comisión de los delitos de suposición de valimiento y legitimación de capitales establecidos y sancionados en los artículos 79 de la Ley contra la Corrupción y 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En la decisión publicada por el TSJ se aclara que queda sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta por Caldera.

Además, se pide notificar a la Asamblea Nacional sobre la decisión para que delibere sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del legislador.

Pero no hubo tiempo para tal cosa, pues al enterarse de la decisión del máximo tribunal el dirigente renunció a su investidura de parlamentario para enfrentar la justicia.

“He decidido apartarme de la Asamblea para seguir luchando, en la calle. No lograrán inhabilitarme. Me voy a la calle a evitar el artilugio jurídico de que monten un antejuicio y me metan en un congelador para impedir que siga trabajando en espacios de elección popular”, expresó.

Caldera pidió que se investigue también al empresario Wilmer Ruperti, a Erick Peña y a Heliodoro Quintero, quien lo puso en contacto con el empresario.

Dijo que el gobierno pretende desviar la atención de los problemas del país y preparar el terreno para las parlamentarias.

“Entendamos que ya arrancamos la campaña para las parlamentarias. No nos rendimos ante sus amenazas ni nos rendiremos. Esto es una guerra del gobierno contra los opositores que le son incómodos. La persecución a Ismael García, María Corina Machado, Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Leopoldo López no nos impedirá seguir luchando por Venezuela”, manifestó.